Cómo funcionan nuestras instituciones castrenses. Lecciones de las tragedias.

“Las instituciones funcionan” nos decía años atrás un mandatario. Y claro, funcionan, pero el tema es cómo funcionan ya que el hecho de que funcionen forma parte de la esencia de cualquier institución. Las evaluaciones que la ciudadanía hace de aquellas entidades que son públicas o que siendo privadas, proveen un servicio público, son, en general, cada vez más negativas. La evaluación que se hace de ellas normalmente está motivada por hechos puntuales, sin embargo, lo que no deja de sorprender es la tendencia sistemática hacia niveles negativos. Se puede leer de esto que, por una parte, los ciudadanos están más chinchosos para requerir servicios de calidad (o visto desde la perspectiva mercantilista, los consumidores son cada vez más exigentes) y, por otra parte, la gente asigna a ciertos servicios o instituciones, de acuerdo con las funciones que cumplen, niveles de menor tolerancia ante una mala gestión. Extrememos con un ejemplo domestico: si un transportista de un furgón escolar hace mal su función no es igual a que un jardinero lo haga mal.

Una de las instituciones que se nos ha dicho que no deben fallar son las fuerzas armadas. Me crié en dictadura y se nos inculcaba el amor hacia estas instituciones, de modo tal que hasta siento orgullo por aquellos que están dispuestos a ofrendar su vida en servicio a su patria –aunque el la práctica sabemos que es más seguro trabajar en una institución armada que en la construcción, por ejemplo, obviando las instituciones policiales– . Debe ser por lo anterior que cada vez que se cometen errores involuntarios, actos negligentes y hasta delitos en alguna de estas instituciones, la evaluación categórica de la sociedad es tajantemente negativa.

Actualmente la Fuerza Aérea de Chile vive un inexorable e implacable cuestionamiento público por el caso del conspicuo accidente de Juan Fernández. ¿Por qué? Es cierto que fue un hecho de notoriedad pública, tal vez no tanto por el accidente en sí sino por quienes viajaban en la aeronave –hubiese sido lo mismo si los pasajeros hubieren sido meros desconocidos– . Recordemos dos accidentes similares posteriores pero con pasajeros casi anónimos. Tras el accidente, de inmediato surgieron las dudas. ¿Había sobrepeso? ¿Estaba el combustible necesario? ¿La tripulación tenía experiencia? ¿Las condiciones climáticas eran las adecuadas?

Aún nos cuestionamos y el proceso de investigación que lleva el fiscal a cargo probablemente nunca revelará con certeza lo ocurrido. Lo que sí es cierto es que la Fuerza Aérea ha actuado con impericia comunicacional y con toda suerte de yerros no forzados. Con ello, hoy ya no sólo se cuestiona si entregaron toda la información requerida al fiscal sino que incluso su  funcionamiento en general: ¿Se hacen las mantenciones correspondientes? ¿Se realizan análisis seguros de las condiciones climáticas para los vuelos? ¿Existen protocolos adecuados cuando un avión militar transporta civiles en tiempos de paz? En síntesis ¿Funciona bien la Fuerza Aérea?

El resto de las fuerzas armadas no están exentas de cuestionamientos por tragedias evitables. La Armada tuvo su innegable y anacrónico traspié durante el terremoto del “27-F” cuando no entregó información certera y a tiempo para que las autoridades decretaran alerta de tsunami (sin entrar a analizar los errores de dichas autoridades). Tal vez  una alerta temprana habría evitado decenas de muertes –sólo un buen análisis podría determinarlo–. El Ejército tuvo su trágico error en Antuco que costó la vida a 45 conscriptos y que culminó con fallos por cuasi-delito de homicidio reiterado para oficiales a cargo del batallón y una serie de militares dados de baja.

Cuando las instituciones armadas funcionan mal, sus errores cuestan caro y la evaluación de la ciudadanía es lapidaria. Son instituciones que están al servicio de la patria para defender la soberanía y proteger la nación, proteger a todos los chilenos. Ninguna duda debiese caber en su actuar. Más cuando su gestión está absolutamente financiada por leyes excepcionales a partir de recursos públicos como el 10% del cobre y no se puede, entonces, indicar que la falta de estos recursos impide o restringe la gestión de estas instituciones.