Cuestionamientos al Censo 2017

Era lógico suponer que el mismo día del censo habría discusiones bizantinas acerca de la cantidad y tipo de consultas del cuestionario y sobre la forma y el fondo del proceso, en razón de la siempre presente procrastinación de nuestra sociedad. Y así fue. De este modo, periodistas, comentaristas, sociólogos, y todo tipo de “opinólogos” coparon la agenda noticiosa con comentarios tan fuera de lugar y retrógrados como infructíferos sobre el proceso desarrollado el 19 de abril pasado. Ni siquiera me referiré a aquellos que malintencionadamente utilizaron el censo para fines politiqueros, de uno y otro lado (claro que hubo más resentidos que panegiristas).

Primero aclarar que el censo 2017 era –desde el 2015 se dijo que así sería– un censo de hecho (la foto del momento censal) y abreviado. Esto último en razón de que el fallido censo de 2012 resultó impreciso por “baja” proporción de viviendas alcanzada a distintas escalas geográficas y presentó yerros en la toma de algunos datos; en consecuencia, se utilizaría este nuevo censo para complementar los datos ya obtenidos el 2012 y asegurar la validez estadística de los datos demográficos más duros (volumen, composición etárea y por sexo, migraciones, fecundidad, nivel educacional, etnia y situación laboral), los datos de vivienda más importantes (tipo, materialidad y saneamiento) y número y composición de los hogares. Todos los demás datos, más bien de carácter cualitativo, se expandirán de los ya recolectados y de otros estudios del propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Pues bien, el primer cuestionamiento que se oyó fue el del número y tipo de preguntas, lo básico y corto que fue el censo y –por añadidura– el despilfarro de recursos para algo tan sencillo, paralizar el país por algo tan simplón, un atentado contra el PIB. Para la mayoría de los críticos baste decir que si el censo de 2012 se hubiese hecho bien, éste no se habría tenido que efectuar; para el resto de los críticos, valga la aclaración del párrafo precedente. El hecho es que la mayoría de la gente esperaba un cuestionario más extenso, probablemente se quedaron pegados con el video de Wiki Toki y Coke Santamaría con sus 42 preguntas, lo cual me hace reflexionar acerca de la forma en que la gente se informa.

Un segundo cuestionamiento periodístico fue el de la cobertura del proceso censal, lo que dio para una cuña y potencial titula: “el censo fue malo porque hubo muchas casas sin censar”. Primero explicar que ningún censo tiene una cobertura del 100% (tal vez en Mónaco, donde habitan unas 32.000 personas); sin embargo, la validez del censo es abarcar más del 95% del universo (del total de viviendas). Considerando que se estima en más de 5,5 millones las viviendas del país, que falten 200.000 no debiese afectar importantemente la calidad de la información recolectada. El problema es la cobertura a escala local, es decir, al interior de las comunas también debiese haber una representatividad mayor al 95%, que es lo que falló –entre otros yerros– el censo de 2012. En 2002 se terminó de censar en julio las viviendas faltantes para completar la cobertura mínima, por tanto, no es de extrañar que hoy existan muchas viviendas sin censar. Pero con lo que ya se obtuvo, aparentemente, ya se logró la meta mínima (el 95%), sólo falta asegurar una mayor cobertura en ciertas comunas (hubo fallas en algunas comunas de Santiago y en comunas rurales de la Región de la Araucanía).

Otro comentario majadero fue el de muchas personas que no fueron censadas durante la mañana sino durante la tarde: “estuvimos toda la mañana esperando y recién nos vinieron a censar a las cinco de la tarde; no pudimos ni salir”. A estas declaraciones sólo precisarles que el feriado era justamente para el censo; si se planeaba aprovechar de salir, pues nunca se entendió por qué era feriado. Cero conciencia cívica.

Luego estuvieron las quejas de quiméricos quijotes de derechos e ideales: feministas, progresistas, defensores de derechos de minorías y de diversas causas. Todos ellos rezongando por algunas preguntas del censo. Primero, que la red pública de agua no es pública sino privada. Esto es cierto, pero así se denomina a la infraestructura de agua potable que llega a las viviendas desde la vía pública, por tanto, tal vez sería conveniente haber puesto “red de agua potable” para evitar estos repliques. Otra queja fue la de tener que definir un jefe o jefa de hogar. Ello se ha hecho en todos los censos anteriores, sin embargo hoy en día –cuando se están trastocando muchos valores y tradiciones centenarias– tiene una connotación distinta. Si bien da para mucho análisis sobre cómo se debe determinar esta jefatura (el/la que más aporta a la economía familiar, el/la que toma las decisiones más relevantes del hogar, el/la que los demás miembros de la familia reconocen como tal, etc.), lo importante es determinar una persona con un cierto rol en la familia para definir las relaciones de parentesco de todos sus integrantes a fin de definir las tipologías de hogares: unipersonales, nuclear simple, mono parentales, extendidas, etc.; simple y nada que ver con que es una pregunta “machista”.

Luego está el disgusto de algunos por la definición del sexo de las personas. Algunos se quejaron por no tener más alternativas que las clásicas hombre/mujer y otros por la forma que emplearon los censistas en su determinación –a su propio arbitrio o consultando al informante–. Respecto de los primeros, señalar que la consulta no es sobre identidad de género sino sobre el sexo; por tanto, en el caso de transexuales vale el sexo que tienen en la actualidad. Distinto es el caso del travestismo y similares, allí se debiera haber contestado por el sexo biológico; sin embargo, para efectos de la tipificación, valía lo que el informante definiera y no lo que el censista pudiese haber creído.

Respecto de la consulta sobre pertenencia a algún pueblo indígena, el hecho de “considerarse” es amplio y ambiguo. Allí vale, nuevamente, lo que el informante hubiese declarado. Claramente no es lo mismo “considerarse perteneciente a un grupo” (consulta en 2012 y 2017) que “ser perteneciente a un grupo” (consulta en 2002), ya que la primera da para interpretaciones. Similar era lo que ocurría en otros censos con la consulta sobre religión: una cosa es profesar una religión y otra es tener una religión (aunque no la profese necesariamente). Son consultas que se deben mejorar para obtener un dato fidedigno.

Finalmente, no faltó quien se protestó por la pregunta sobre la situación laboral. Aquí hubo tres situaciones; la primera sobre la identificación de un trabajador/a aunque sólo hubiera trabajado a tiempo parcial o incluso sin contrato (cuestión que no se consulta), la segunda sobre la determinación de los cesantes, y la tercera sobre el trabajo no remunerado de quienes efectúan labores domésticas. Sobre lo primero, es efectivo que el censo (y demás instrumentos de definición de la situación laboral) determinan a los trabajadores/as aunque hubiesen efectuado labores gratificadas durante un período breve de tiempo y no en forma permanente. Por tanto es necesario mejorar esta determinación con consultas adicionales que permitan definir de manera más precisa la situación laboral. Respecto de lo segundo, si bien no estaba en las alternativas la cesantía, ésta se define en función de quienes buscaban empleo (por primera vez o habiendo tenido antes, aunque esta segregación no estaba en las alternativas). Finalmente, respecto de los quehaceres domésticos, si bien la alternativa estaba, muchos señalaron que lo correcto era “trabajando sin pago para un familiar”. Esto último es incorrecto ya que el hecho de trabajar para un familiar sin pago implicaba luego definir un lugar de dicho trabajo (empresa o institución), ya que se refiere a aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en el negocio familiar sin recibir remuneración; y no implicaba cuestionarse si las labores domésticas constituyen un trabajo en sí o no (el feminismo contumaz).

En fin, el censo da para mucho. Tal vez éste no sea el mejor censo de la historia (no pretendió serlo), pero aparentemente sí funcionó bien, porque se hizo “a la antigua”, de hecho y con mucha participación de la ciudadanía que aún quiere creer que las instituciones funcionan: 500.000 censistas (un 3% de la población) que aún tienen esperanzas en el sistema.

El sentido de la inmigración

Muchos se preguntan qué sentido tiene que nuestro país esté abierto a la inmigración extranjera cuando no sobran los empleos, no se ha superado la pobreza, tenemos tantas necesidades y, por definición los recursos son escasos y tenemos que distribuirlos entre tantos (aún cuando la repartición en Chile es de las más desiguales del mundo), en fin, qué sentido tiene ser tan indulgentes con los inmigrantes, tan complacientes con expatriados, tan  humanitarios…

Por supuesto que nos 'consta' que los que llegan son “mayoritariamente” delincuentes, “lo que botó la ola” de otros países que están peor que nosotros. Por lo demás ellos viven “apiñados” en condiciones insalubres, “son tan bulliciosos”, todos “tan buenos para la parranda”, además que “comen con tanto aliño que llegan a ser hediondos”, pareciera que “les gusta vivir así”; son de “mal vivir”.

Ante tanta opinión no puedo sino escribir unas líneas… En nuestros quinientos años de historia, nuestro país no ha sido nada más que un territorio que ha recibido constantemente inmigrantes. Todos somos hijos de inmigrantes. Europeos primero (españoles, alemanes, italianos, etc.), desde 1541 hasta el día de hoy; africanos luego en los siglos XVI y XVII; árabes y chinos más tarde; y latinoamericanos más recientemente, desde el siglo XIX hasta hoy. La mayor parte de ellos (no los ilustres que aparecen en los textos de historia y que luego formaron la aristocracia criolla, aunque muchos de ellos tenían el mismo origen), no provenían de las mejores familias ni de la nobleza, venían de la plebe (y de la más baja). Por tanto, si en los últimos años hemos lamentablemente adquirido eso que se llama nacionalismo del rancio, déjenme decirles que nuestra nación es de inmigrantes. Contarles también que nuestras fronteras se crearon recién hace sólo 200 años a partir de la desintegración del Imperio Español en América, pero que hasta hace menos de dos siglos nacer en Chile, en Argentina, en Perú o en cualquier otra parte de Hispanoamérica no tenía un real sentido de nacionalidad.

Decir también que la delincuencia efectuada por extranjeros residentes no es ni por mucho mayor a la que efectúan nuestros propios connacionales, ni siquiera cercana. Nuestros niveles de desempleos son los más bajos de la región y del mundo (y no me voy a extender en el nivel de flojera del chileno promedio, porque eso daría para largo). Si muchos inmigrantes viven en condiciones insalubres es porque no tienen recursos ni medios, ni redes (ni familiares, ni sociales, ni gubernamentales) para mejorar estas condiciones. Si comen distinto es porque han desarrollado culturas culinarias distintas; aquí cabe recordar que muy pocos platos criollos son 100% creación nacional, ni la empanada, ni la cazuela, ni nada de lo que estén pensando se creó en Chile; y hoy ya somos el segundo país consumidor de ají de gallina, cebiche, lomo saltado y otros platos “tan aliñados”. Si hasta los restoranes chinos han ido disminuyendo ante la llegada de locales peruanos y colombianos.

La cultura chilena ha sido, es y será siendo una amalgama de diversas culturas. Impedir y restringir que este proceso de transculturación se desarrolle es absurdo e insostenible. Podemos regular, controlar, pero nunca se podrá reprimir.

Por décadas hemos sido una sociedad tan discriminadora que ya ni siquiera sabemos por qué somos así si no conocemos nuestras propias raíces. Resabios del machismo, homofobia, clasismo y racismo aún nos brotan por los poros. Preguntémonos entonces cuál es el sentido de restringir la inmigración que ha dado origen a nuestra propia cultura.

Lecciones de la elección de Donald Trump

Es irracional suponer que el electorado vota de manera racional. El ciudadano sufraga en función de hechos que le afectan directamente, no de acuerdo a principios societarios o relacionados con la vida en comunidad, los derechos civiles u otros; salvo que se forme parte de minorías o de grupos discriminados (los cuales, como es lógico, son minoritarios a la hora de sufragar). Incluso, aún formando parte de esas minorías, sea por arribismo o por ser desclasado, algunas de estas personas votan de forma “aspiracional”. Esto último es el ejemplo de los latinos que votaron por Trump, muchos de los cuales pudieron haber permanecido por largo tiempo de manera clandestina en EEUU, pero una vez establecidos legalmente, su actuar es como el del norteamericano anglosajón promedio: quieren cumplir su “sueño americano” y que nadie más pueda interrumpir el camino al éxito (por tanto, no más inmigrantes). Finalmente, la gente vota por su interés propio, por su metro cuadrado.

Saber leer lo anterior nos enfrenta al menos a tres escenarios: 1) encauzar estos anhelos y ambiciones individualistas a través de los canales institucionales que permitan matizarlos debidamente con los derechos comunes y con el sentido de nación colectiva y no como una suma de individualidades (aunque la mayoría de ellas tengan un mismo patrón); 2) enfatizar estas mismas aspiraciones a través de medidas populistas de modo de capturar y mantener la aceptación política de la masa irracional; y 3) hacer caso omiso a estos deseos y codicias, propugnando valores y principios sociales, fomentando (y pretendiendo) que el votante actúe de manera más racional, a través de medidas paliativas.

Una segunda lección es que el populismo (el segundo escenario antes descrito) es un buen movilizador de votantes cuando el contrincante se inclina por el tercer escenario antedicho. Una vez instalado en la Casa Blanca, es lógico pensar que el discurso de Trump será algo más moderado, con los altibajos que su personalidad le permita. Sin embargo, es también irracional suponer que sus medidas más extremas puedan ser implementadas; y si ello ocurre estaremos en un contexto histórico absolutamente distinto al que hayamos presenciado en la historio reciente, lo cual escapa a cualquier análisis. Es más probable que Trump sea recordado en una década más como el empresario que mejoró la economía interna de EEUU pero que desmejoró las relaciones internacionales, que aquél que promovió una discriminación desatada contra los latinos, los musulmanes, los afroamericanos o cualquier otra minoría. Y es que el votante de Trump no lo hizo por sus propuestas segregacionistas sino por su personalidad: un empresario exitoso (deshonesto, con malas prácticas y libertino) que puede llevar a “Hacer grande a América otra vez”.

Frente a lo anterior, el establishment ha quedado debilitado. Promover candidatos(as) pertenecientes a la oligarquía política (aunque sean el mal menor), que se inclinan por fomentar el tercer escenario, apoyados por partidos que propugnan valores y principios sociales pero que se mueven al borde de la corrupción con tal de conservar sus puestos de poder, claramente es promover un candidato que no tiene sustento y que no concita el voto (la abstención es un castigo a ello).

Llevado todo lo anterior a nuestra pequeña e imperfecta sociedad, nos debe hacer reflexionar sobre quiénes serán los mejores candidatos para la elección del 2017, qué ideas, valores, principios y medidas pretenderán implementar, qué escenario elegirán, qué hará el establishment de derecha y el de la Nueva Mayoría. Qué harán los movimientos "ciudadanos". Las lecciones están allí. Las resoluciones son de ellos. Pero cuando el votante decida finalmente, no lo culpen.

Corruptio optimi pessima

Desde la existencia del Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional, Chile ha aparecido en el dentro de los 25 países menos corruptos del planeta, y en el lugar más aventajado en Latinoamérica junto a Uruguay. Esto parece estar cambiando. Distintos juicios revelados en los últimos 25 años como los casos “FAMAE” de 1991, “Chispas” de 1997, “Pertrechos” de 1997, “MOP-GATE” de 2000, “Inverlink” de 2002, “Coimas” de 2002, “Riggs” de 2004, “Publicam” de 2006, “Acciones de LAN” de 2006, “Colusión de las Farmacias” de 2008, “Colusión en los pollos” de 2011, “Caso Cascadas” de 2013, “Penta” de 2014 y “Caval” de 2015, por mencionar los de mayor connotación pública, comienzan a develar que la corrupción en Chile no es una práctica aislada como promulga la doctrina economicista, ni menos aún, que reciba una sanción ejemplificadora. Ahora bien, de allí a plantear que Chile es una «cleptocracia» hay una distancia considerable, aunque la percepción hoy sea justamente esa. Una cosa es la percepción abstracta y otra los hechos concretos: hay tasas moderadamente elevadas de delincuencia pero la percepción de inseguridad es aún mayor. Y lo que socialmente ocurre hoy en Chile con la corrupción es similar a este ejemplo.

De esta forma, la corrupción puede ser percibida de diferentes maneras ya que su definición puede ser imprecisa. Dado que la noción de corrupción puede diferir dependiendo de las distintas jurisdicciones, el hecho que en un Estado cierta forma de corrupción no sea ilegal, no significa que no sea moralmente reprochable. Esto último es importante ya que los límites que se le imponen a la corrupción están justamente relacionados con el ámbito de restricción que imponen las legislaciones sobre la materia; algunas más restringidas y otras más permisivas. Buscando una definición, la corrupción es una práctica, más o menos extendida, ejercida por personas miembros de organizaciones públicas o privadas, consistente en el uso del poder, las funciones y los medios de tales entidades en provecho personal o para conseguir una ventaja colectiva de cualquier naturaleza, procedimiento que es ilegal, ilegítimo o amoral, por lo cual se desarrolla de manera oculta o disimulada y clandestina o privada.

Si concluimos la definición anterior, en Chile parece que la corrupción es una práctica extendida, en las empresas privadas y públicas, en las instituciones políticas y judiciales, en las organizaciones de sociedad civil. Hemos llegado a esta impresión porque el hermético cajón de manzanas (instituciones públicas y privadas) creado en dictadura, envuelto con un pulcro y decorado embalaje cuyo rotulado indica que las manzanas están sanas, ha olido a podrido por un largo rato. Se rumorea que está todo rancio pero no veíamos las manzanas y se nos decía que las malas eran casos aislados que se eliminaban rápidamente. Ahora, se ha abierto una parte de la caja y parece que cada manzana que se saca está verdaderamente fermentada. Así, la percepción es que todo está putrefacto.

La impunidad, las defensas corporativas, los pactos políticos y la falta de transparencia frente a los casos de corrupción son el caldo de cultivo de esta percepción. Pero hoy, los hechos comienzan a hablar por sí mismos, al punto que se ha generado un inmovilismo en el Gobierno, un silencio sepulcral en los partidos políticos y un tenue reconocimiento de “malas prácticas” de los gremios empresariales.

Ya no es solo que los casos de corrupción ya no son tan aislados (el caso Penta y sus aristas como SQM parecen involucrar a parte importante de la clase política de todos lados), sino que sus formas son variadas: uso ilegítimo de información privilegiada, tráfico de influencias, fraudes financieros (colusiones, malversación de fondos públicos y peculado), caciquismo y despotismo distintas formas de clientelismo político (compadraje, cooptación y nepotismo).

Pero lo que sin duda ha marcado un antes y un después en la percepción de corrupción es el hecho de que quienes se ven involucrados en estas prácticas estén relacionados directamente con la institución de mayor relevancia y poder en Chile: la Presidencia de la República. Y aquí recuerdo a Tomás de Aquino y su sentencia “corruptio optimi pessima” (la corrupción de los mejores es lo peor).

Por lo que sabemos, el caso Caval se trata justamente de un provechoso negocio privado fruto del clientelismo político, del tráfico de influencias y, aparentemente, de uso de información privilegiada, los cuales no son del todo ilegales sino carentes de ética o incluso inmorales. Sin embargo, fueron prácticas ejercidas por familiares directos de la Presidenta de la República, de quien siempre escuchamos sus discursos contrarios al lucro impropio, la equidad y la meritocracia. Si bien, hasta ahora se desconoce una implicancia directa o indirecta de Bachelet en el negocio, la forma en que enfrentó el caso ha sido errática, reservada, casi inexpresiva; sospechosa. Es lógico, entonces, que sus atributos estén por el suelo y los niveles de desaprobación a su gestión por las nubes.

Pero los síntomas sociales de la corrupción en Chile comenzaron hace rato. El primero es la abstención y pérdida del interés por la política. Luego, la impunidad ha incrementado la sensación de injusticia y el clientelismo político ha aumentado la percepción de iniquidad. Todo ello crea desafección y animadversión de los ciudadanos a las instituciones que se perciben como contrapuestas a los intereses generales de la sociedad y al bien común. En síntesis, la corrupción corroe las convicciones de una sociedad y merma la confianza en las instituciones, pudiendo llegar a que parte de esa sociedad adopte estrategias ajenas al estado de derecho sobre la base de equilibrarse a la situación de inmoralidad de la clase dirigente.

Aquí una reflexión; la situación actual del país es un círculo vicioso que nos puede llevar al despeñadero o ser visto como una oportunidad. El círculo se crea cuando la propia sociedad se niega a ver sus propios actos de corrupción, tal vez no política sino social. Todos, de una u otra forma sacamos ventajas pequeñas de situaciones cotidianas: el no pago del Transantiago, acosar a los empleados, “apitutar” al amigo, al pariente en un trabajo, “llevarse” materiales de la oficina para la casa, devolver mal un vuelto, etc., todos actos socialmente aceptados, que están al límite de lo que podemos denominar “corruptio inferiori pessima”.

El jardín secreto y la participación ciudadana

Ya habíamos comentado que las personas actúan sobre el uso los bienes comunes de manera irracional, cuestión que Hardin ya nos había explicado http://suciedadglobal.blogspot.com/2012/07/participacion-ciudadana-y-el-bien-comun.html. Ello no es difícil de comprobar, por ejemplo, en los efectos que se manifiestan en los espacios comunes de muchas comunidades de edificación vertical: ascensores sin mantención, falta de aseo, cortes de electricidad y de agua, deterioro de áreas verdes y otros equipamientos e infraestructuras. Pero hay casos más extremos en el que el comportamiento colectivo requiere de un análisis sociológico más profundo: la manera irracional (incluso más aún) con que las personas actúan sobre bienes públicos –creyendo que son bienes comunes–.

Hace algunas semanas un grupo de vecinos de la paradigmática Remodelación San Borja y sus alrededores, han difundido por algunos medios, que el moderno parque que encierran sus torres “va a ser destruido por la Municipalidad” por la ejecución de un proyecto denominado «Museo Humano». La iniciativa municipal considera la instalación de un gran número de esculturas de Mario Irarrázabal, la construcción de un pabellón para instalar esculturas de menor tamaño y el rediseño de los equipamientos existentes (áreas verdes, multicanchas, senderos, juegos infantiles). En cualquier rincón de Chile un proyecto así sería celebrado por la comunidad; pero en la Remodelación San Borja no. ¿Por qué? Como en todo conflicto, las críticas leídas en la prensa van desde las posturas más extremas (el parque no se debe tocar) a aquellas más moderadas (que el proyecto se haga con respeto). Pero el problema de fondo es la forma en que se efectuó la denominada «participación ciudadana» en el marco de la elaboración del anteproyecto.

Es cierto que el parque San Borja, a pesar de lo que creen muchos de los vecinos, no es un jardín secreto, un área verde privada, un bien colectivo, cuyos propietarios son sólo los residentes de las torres aledañas; el parque es un espacio público (le pertenece a todos los chilenos) y, como todo espacio público, es administrado por la municipalidad. En este contexto, el municipio puede, incluso, hacer en dicho parque cualquier proyecto relacionado con su destino de uso: área verde –la verdad sea dicha, el municipio inclusive podría cambiar el destino de uso del parque y convertirlo en cualquier cosa–. En Chile casi no existe ninguna obligación de que un municipio efectúe procedimientos de participación ciudadana para hacer algo así. Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado, la ciudadanía está empoderada y exige ciertos mínimos de intervención en las decisiones de las autoridades. Lamentablemente, cuando se trata de bienes públicos que la comunidad supone son bienes colectivos (privados), entra la irracionalidad y todo se va a negro.

Racional es pensar en proteger los espacios cuando se ven amenazados por proyectos que tendrán impactos ambientales negativos o perjuicios manifiestos, pero parece absolutamente irracional convocar a proteger espacios donde se diseñan proyectos cuyos beneficios son mayores que sus eventuales impactos en las fases de construcción o implementación y que carecen de impactos negativos en su fase de puesta en marcha. Entonces, por qué un grupo de vecinos se opone al proyecto del «Museo Humano». Una causa es la desinformación que hace que muchas personas crean que lo que se proyecta siempre es negativo su modo de vida (siempre ha estado así, para qué lo van a cambiar); otra causa es la mala información (el juego del teléfono) que anima a quienes creen que el parque es su jardín secreto a difundir distintas falacias con tal de que lo que creen propio no deje de serlo; otra causa son los dirigentes que no hacen su verdadero trabajo: informarse bien y difundir a sus vecinos sobre los hechos. Esto último, claro, si hubiese siempre buena intención. Luego están los que se aprovechan de estas situaciones (los vendedores de chapitas a la salida del estadio) y que casi siempre son personajes políticos que ven su oportunidad de darse a conocer, salir en los medios y decir que están a favor de los ciudadanos.

En síntesis, un cajón de tomates con uno de ellos que estaba podrido.

¿Cómo se ha llegado a esto? El error está en la forma en que el municipio ha llevado a cabo el proceso de participación ciudadana, con información que no ha llegado a todos los vecinos, con una mala identificación de actores, con indefinición del nivel de participación ciudadana que tendrá el proyecto. Es el municipio el que propicia el proyecto, por lo cual es su responsabilidad guiarlo en esta otra faceta que escapa a lo técnico y entra en lo social. Y en lo comunitario, el municipio de Santiago parece estar en deuda, máxime cuando ha hecho de ese modo de gestión un caballo de batalla.

Las redes sociales, las estrategias comunicacionales y nuestras falencias como sociedad

Mientras seguimos subestimando el «poder» de las redes sociales, ocurren acontecimientos comunicacionales en ellas que me causan asombro, pero que trataré de analizar a continuación.

Es interesante constatar que los mismos fenómenos de comunicación que han ocurrido durante siglos, a través de las redes sociales ocurren más rápido, con mayor agresividad y con mayor ignorancia. El juego del teléfono (iniciar un tema que termina negativamente amplificado), el método de Joseph Goebbels (mentir y mentir que algo quedará), y muchas otras estrategias comunicacionales cercanas al arte del engaño y la difamación, se replican casi a diario en las redes sociales, condimentadas con fuertes dosis de incultura, necedad y analfabetismo, que suelen ser el caldo de cultivo más fecundo para ciertas campañas publicitarias o propagandísticas.

Cuando estos elementos se unen a causas altruistas, benéficas o, lisa y llanamente, filántropas, pueden llegar a ser absolutamente imposible revertir el efecto y volver a la situación no manipulada, objetiva o neutral (o cercana a ello) original o primaria, dados los argumentos obstinados, inexpugnables e intransigentes que se manifiestan una vez que se hecha a correr la bola de nieve por la pendiente.

El reciente caso del #NoALaCazaDePerros es uno de los casos más patéticos al respecto. No me referiré al fondo del tema ya que me preocupa más el fenómeno comunicacional (pleno de memes, trolleos y otros artilugios de tuiteros y aficionados a las redes) que el tema sanitario-ecológico, por denominarlo de alguna manera.

Sorprende, por ejemplo, la ignorancia que se evidencia en muchos de los comentarios, ignorancia respecto de la forma y del fondo. En el ejemplo, que una ley permitirá la caza de perros (y en una sociedad que en un 88% vive en ciudades, significa, en el mejor de los casos, matar perros vagabundos), que dicha ley fue promulgada por una persona en particular (en este caso, la presidenta, como si el Parlamento no fuera el que legisla), y no que se trata de un decreto basado en una ley ya existente (de la cual escasamente se comentó en las redes al momento de su refundación). Y claro, con tanto animalista, una norma de esta naturaleza es obvio que causaría escozor inmediato.

Esta ignorancia está sustentada en una serie de falsos elementos puestos a disposición de los ya ignorantes internautas. Y obviamente, nadie cuestiona con lógica y sensatez tales elementos, sino que se hace eco de ellos. El resultado es un “NO” rotundo a una iniciativa que (cuestionable) tiene un objetivo preciso (cuya precisión se puede discutir, como los 400 metros de distancia a un centro poblado) con un sujeto particular (perros asilvestrados), el cual quedó absolutamente oculto en la discusión y que resuelve –en parte– una problemática particular (que nadie discute porque es más grande la bola de nieve). Es más, luego los medios de comunicación se hacen parte, y es allí donde se valida lo discutido en la ignorancia de las redes, y se acepta como cierta toda información de dudoso origen. Y se convocan manifestaciones –algunas resultan y otras no– y se llaman a hacer “funas” o directamente a amenazar personas.

Imaginémonos por un momento que el tema en cuestión fuera un tanto más relevante, como la discusión sobre el aborto terapéutico, o el conflicto con Bolivia. Al parecer, las redes amplifican nuestras propias falencias como sociedad y no resulta un vehículo positivo para discusiones relevantes.

Las inciertas predicciones de segunda vuelta por el efecto “voto voluntario”

El análisis post electoral se ha apoderado de los medios y las redes. No será este blog la excepción. Tres lecciones básicas son: (1) Bachelet no es un fenómeno electoral ya que, pese a las nueve candidaturas (y la consecuente dispersión de los votos), no obtuvo un resultado despampanante como el que se vaticinaba; (2) se ratificó que la candidatura presidencial de la Alianza es muy débil, ya que no alcanzó siquiera a obtener los votos de los diputados aliancistas; y (3) la primera elección presidencial con sistema de voto voluntario generó una importante disminución del electorado y una gran incertidumbre respecto de los pronósticos y los resultados.

En efecto, tras las elecciones del 17 de noviembre, la segunda vuelta (o ballotage, para los más siúticos) es un escenario absolutamente incierto. Estadísticamente la ex presidenta tiene las mayores probabilidades de obtener la victoria, y si no ocurre nada fuera de lo habitual y lo ordinario, este triunfo es la situación más previsible. No obstante, la incertidumbre viene de la mano del fantasma del “voto voluntario”, ese mismo que redujo los electores que ejercieron su sufragio de 7.264.136 el año 2009, a casi 6,7 millones el pasado domingo. Hoy, los comandos de las candidatas que van por la segunda vuelta analizan la geografía electoral resultante y definen sus estrategias para un  buen logro (una victoria lo más amplia posible, en el caso de Bachelet, y una derrota honrosa, en el caso de Matthei). En un primer escenario (irreal) es mantener una votación similar a la obtenida en primera vuelta; en él, Bachelet obtendría el 65% y Matthei el 35%.

Si bien ese escenario es ficticio, en la Alianza saben que un triunfo en segunda vuelta es un deseo más que una realidad o, al menos, una muy lejana posibilidad, por tanto, el objetivo es disminuir la brecha entre ambas candidatas lo más posible. En tanto, en la Nueva Mayoría saben que la victoria es casi segura, por lo que sus objetivos son otros: al menos mantener la votación de la primera vuelta, evitando la fuga de votos y, en lo posible, conquistar nuevos votos. Efectivamente, el punto en común es la búsqueda de nuevos votos, que en el caso de Matthei es imperioso, mientras que en el caso de Bachelet es sólo secundario (primero es mantener los votos).

Por tanto, el análisis es, de dónde obtener nuevos votos, en un sistema de elección voluntario. Mientras Bachelet obtuvo poco más de 3 millones de votos (46,7%), Matthei sólo consiguió algo más de 1,6 millones (25,0%). En tanto, la Nueva Mayoría obtuvo algo más de 2,9 millones de sufragios en las elecciones de diputado (más de cien mil votos menos que los de Bachelet), la Alianza alcanzó poco más de 2,2 millones (casi seiscientos mil votos más que los de Matthei). Este es un primer elemento de análisis: el comando de Matthei debe ir en búsqueda de esos votos; Bachelet no tiene donde crecer. Un segundo escenario (algo más real), es que Bachelet logre mantener intacta su votación y Matthei consiga todos los votos obtenidos por sus parlamentarios; en él Bachelet obtendría el 57% y Matthei el 43%.

El problema en este escenario es que, por una parte, se asume que Bachelet logrará que todos sus electores vuelvan a las urnas (algo difícil), y admite que todos los electores de parlamentarios de la Alianza vuelvan a las urnas, esta vez para votar por Matthei (algo más difícil), cuando no lo hicieron en primera vuelta. ¿De dónde vienen estos votos de diputados y a dónde fueron a parar en las elecciones presidenciales? Lo más probable es que sean mayoritariamente votos a diputados RN y que se fueron a Parisi.

Si revisamos lo que ocurrió el año 2013 con Bachelet y Piñera –dicho sea de paso, un candidato más competitivo que Matthei–, podemos tener algunas luces de lo que podría ocurrir, recalcando que esta es la primera vez con sistema de voto voluntario. En aquella ocasión competían por el sillón presidencial Piñera y Lavín (de la Alianza), Bachelet (de la Concertación) y Hirsch (Humanista y Ecologista). Los resultados en primera vuelto fueron 25,4%, 23,2%, 46,0% y 5,4%, respectivamente, pasando a segunda vuelta Bahelet y Piñera. En segunda vuelta, Bachelet aumento de 3,2 a 3,7 millones sus votos, obteniendo el 53,5%, mientras que Piñera no alcanzó a sumar todos los votos de Lavín, aumentando sus votos de 1,7 a 3,2 millones. Bachelet, en esta ocasión, no sólo obtuvo los votos de Hirsch sino que obtuvo unos 157 mil votos más, probablemente obtenidos de los nulos y blancos de la primera vuelta.

Por tanto, surgen otras dos cuestiones: (1) qué pasa con los electores de los otros candidatos presidenciales en una segunda vuelta y (2) qué pasa en esta segunda vuelta con los electores que no concurrieron a sufragar en la primera vuelta. Ambos son los temas más difíciles de pronosticar; pero no por ello no los vamos a analizar.

Respecto del primer punto, si se asume que parte de los electores de Marco Enríquez-Ominami, Marcel Claude, Roxana Miranda y Alfredo Sfeir no concurrirán a sufragar, o si lo hacen serán mayoritariamente votos de rechazo (nulos o blancos), hay unos 500 a 700 mil votos menos en segunda vuelta. Pero también hay unos 300 a 500 mil votos potencialmente disponibles, los cuales claramente son aprovechables por Bachelet. El tema es si será capaz de convocar esos electores. Una verdadera incógnita son los 665 mil votos de Parisi. Sólo por presagio se podría estimar que un tercio de esos votos se irían a Matthei, otro a Bachelet y otro no votará.

En cuanto al segundo punto, es muy poco probable que quienes no se sintieron llamados a votar en primera vuelta (con nueve alternativas) concurran a la segunda vuelta, en un clima electoral donde el elector está convencido que los dados están echados y que no hay nada en juego, a pesar de lo que los comandos puedan intentar transmitir.

Así las cosas, lo más probable es una disminución de votos válidos (más cercanos a 6 que a los 6,6 millones de la primera vuelta) producto de la desidia, un aumento considerable de los votos de Matthei, más cercano a los resultados de diputados, incluso puede que algo mayor (2,3 millones de votos), y un leve incremento de los votos de Bachelet (algo más de 3,3 millones). Un resultado realista y conservador sería un triunfo de Bachelet con un porcentaje entre 54 y 62% de los votos (mayor al obtenido en segunda vuelta de 2005 frente a Piñera). De esta forma, a la derrota de la Alianza en diputaciones y senatoriales, se puede sumar un estrepitoso fracaso en las presidenciales, con la mayor diferencia entre candidatos desde 1989.