Participación ciudadana y el bien común.

Supongamos por un momento que las decisiones políticas del país se tomaran por mayoría absoluta de los ciudadanos mediante constantes plebiscitos, referéndums y asambleas constituyentes y la clase política sólo se dedicara a las labores administrativas y a dar cuenta de los avances (y retrocesos) de la gestión. Sin duda sería la panacea de la participación ciudadana, aquella donde los ciudadanos resuelven acerca de las grandes decisiones. Esta utopía, sin embargo, no es posible. En ella, carecen de importancia la representación y los liderazgos –cuestión que es el principal obstáculo para que exista un proyecto de esta naturaleza– y, peor aún, no se protegería el bien común y, como ovejas en el despeñadero, la sociedad se iría a pique.

Garrett Hardin, en su polémico ensayo “La Tragedia de los Comunes”, expone una situación ficticia en la cual varios pastores, motivados sólo por el interés económico personal y actuando autónoma pero racionalmente, terminan por destruir un pastizal compartido limitado (el común) aunque a ninguno de ellos, ni en forma individual ni colectiva, les convenga que ocurra tal destrucción. En efecto, la participación ciudadana, por muy mayoritaria que sea, siempre tenderá a favorecer intereses económicos y personales por sobre aquellos de interés común.

¿Cómo sería posible que elementos de interés común no sean priorizados por la población en un proceso de participación ciudadana? Simple, porque el interés común no siempre es el interés colectivo. Por ejemplo, es de interés común contar con un vertedero para el depósito de los residuos de toda una comunidad, pero nadie, ni individual ni colectivamente está dispuesto a permitir que dicho vertedero se instale a metros de su vivienda.

En consecuencia, alguien debe velar por el bien común: los poderes del Estado. El problema contrario, sin embargo, es cuando se argumenta que por velar por el bien común se imposibilite el bien colectivo. Volviendo al ejemplo del vertedero, sería instalar el vertedero en medio de una urbanización con alta densidad poblacional. Así, entonces, se requiere de alguien que técnicamente indique cuál es la mejor localización, esto es, donde tenga menor impacto, para la población y para el entorno. Ahora vemos claramente como equilibrar la trilogía burocracia–tecnocracia–participación ciudadana para alcanzar altos niveles de satisfacción política y, por ampliación, social.

La participación ciudadana, entonces, tiene límites, que son más claros cuando los liderazgos políticos actúan como orientando y guiando a la ciudadanía hacia horizontes claros, sin caer en el populismo de hacer lo que las mayorías circunstanciales o de mayor presión quieran si atentan contra el bien común. Para que ello ocurra, los liderazgos deben estar en sintonía con las necesidades ciudadanas pero deben proponer soluciones realistas. Una ciudadanía “empoderada” supone también mayores espacios de participación, pero éstos deben estar claramente informados y deben ser dialogantes más que prepotentes. Los límites no son claros, son difusos, más bien son fronteras, y requieren, además, de dirigencias positivas.

Solidaridad en la ‘suciedad global’ y la gente en situación de calle

16 son las víctimas fatales causadas por las bajas temperaturas de los últimos días en el país y muchos rasgan vestiduras y se preguntan ¿cómo en un país que económicamente crece al 5,5% ocurren estos hechos? Y apuntan al gobierno con el dedo y critican las políticas sociales de la administración de turno –que no son tan distintas de las de los gobiernos pasados–. Es cierto, esto es un hecho extremadamente lamentable y hacía tiempo que no ocurría, sin embargo, antes de sindicar culpables, ampliemos el espectro del análisis. En Chile, la mayoría de las 8.000 personas (según datos oficiales) en “situación de calle” –como siúticamente se les denomina hoy a los indigentes sin vivienda– son, en una gran proporción, adultos mayores con problemas de dependencia alcohólica y/o con problemas psiquiátricos o deficiencias mentales. Esta sola condición es un fenómeno social de exclusión y marginalidad extrema que debe ser enfrentado por el Estado. Y sí, lo está haciendo. Es un problema complejo por cuanto es difícil identificar y efectuar programas orientados a solucionar los problemas sociales de fondo que aquejan a esta población, más allá de la falta de techo.

Pero la pregunta es otra: ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por contribuir a esta problemática? Respuesta casi de Perogrullo para este tipo de preguntas: Nada. Sólo espantarnos con las cifras y los hechos y criticar la ineficiencia del gobierno.

Se dice que desde el punto de vista psicológico la transición entre los homíninos del Pleistoceno Inferior (como el Homo habilis) y aquellos del Paleolítico (como el hombre de Rodesia) se sustenta en la capacidad de estos últimos de sentir afecto por otros de su misma especie. Así, mientras los animales que ven desvalido a un miembro de su clan los abandonan a su suerte, los humanos tenemos el instinto de acoger y ayudar al indefenso y al necesitado. Hoy lo llamamos solidaridad.

La solidaridad  es uno de los valores humanos fundamentales por tanto rige –junto a otros como la responsabilidad, la subsidiaridad, la tolerancia, el respeto y la lealtad– la convivencia social y, por extensión, los modos de vida de las sociedades. Como otros valores sociales, la solidaridad es una cualidad personal que tiene una manifestación colectiva, sustentada en metas o intereses comunes.

Dado que la solidaridad es una cualidad personal –se es solidario o no–, su forma de manifestación es una actitud circunstancial o permanente que exhorta a responder favorablemente a las necesidades de terceros o a adherir a la causa de otros. Dicha actitud se transforma en un comportamiento o conducta cuando se concretiza en acciones. Esta actitud y conducta no se limita al ofrecimiento de ayuda o asistencia en el entendido de hacer esfuerzos por poner los medios que permitan a un tercero obtener o alcanzar algo, sino que implica un compromiso con aquel que se intenta asistir. De este modo, la solidaridad es una colaboración mutua entre las personas, a través de la cual una de ellas entrega una asistencia que permite al asistido resolver ciertas necesidades o carencias materiales o intangibles, mientras que el asistente se ve beneficiado siempre de manera inmaterial o anímica por la satisfacción de obrar según principios y valores humanitarios y  éticos.

Pero este impulso y tendencia intuitiva y espontánea que nuestra especie demoró miles de años en adaptar, y que sociológicamente se denomina solidaridad mecánica,  nuestra ‘suciedad global’ en apenas unos años trata de erradicar. El desarrollo de una cultura individualista que está potenciada por el sistema socioeconómico actual, lleva a una pérdida constante de la solidaridad. Sin embargo, existe una solidaridad orgánica en la cual la especialización individual conlleva a la generación de una fuerte interdependencia grupal, de modo que cada integrante de un colectivo posee una parte de los conocimientos generales y sus recursos, por lo que todos dependen de todos.

No nos sorprendamos pues que nuestro propio individualismo permita que se extinga un valor tan humano como humanitario y sea más fácil apuntar con el dedo antes de mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo.

Gatopardismo, status quo y política de los consensos

Hemos escuchado al senador Quintana (presidente del PPD) quejarse de la política de los acuerdos que llevó a la Concertación a gobernar por 20 años con relativa tranquilidad con una oposición claramente sobredimensionada en representatividad parlamentaria y alcanzando a generando avances premiosos y quizás poco sagaces y significativos a nuestro sistema político, social y económico, en el proceso de transición desde la dictadura hasta nuestro actual sistema ‘democrático’. Y quizás esa es una de las causas de su “desalojo” del sillón presidencial. El mismo senador proclama que la mantención del status quo es insostenible y que mantener el gatopardismo le hace mal a la ciudadanía y a la Concertación.

No cabe duda que sus dichos son elocuentes. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se dice es lo que se piensa.

¿Por qué un conglomerado que ha usufructuado durante 20 años del sistema hoy está realmente dispuesto a cambiarlo? Y allí recuerdo las palabras del personaje Fabrizio Corbera: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Hoy los partidos autodenominados “progresistas” enarbolan las banderas que los movimientos sociales –que por cierto lentamente se han apaciguado–  izaron durante el 2011 y el primer trimestre del 2012, cuando estos mismos partidos contemplaban atónitos y pasmados los cambios sociales que ellos mismos coadyuvaron a construir sin darse cuenta. Pero cabe la duda si lo hacen por autoconvencimiento tras un proceso de autocrítica profunda que derivó en un diagnóstico analítico que derivó en una evaluación de la situación del país, o simplemente es otro aprovechamiento político. Después de todo, todos los que critican el gatopardismo prefieren mantener el status quo. Muchos no entienden ni el concepto. De hecho, dudo que hayan leído la obra de Lampedusa, e incluso, ni vieron la película de Visconti.

¿Qué hay detrás entonces? Simplemente luchas por cuotas de poder, tanto al interior de los partidos como dentro del conglomerado opositor, pero jamás en pro de la ciudadanía. Para ejemplos, dudas cuyas respuestas son de Perogrullo.

Primer ejemplo. ¿Está la Concertación en condiciones de cambiar el modelo económico?

Segundo ejemplo. ¿La Concertación cree conveniente modificar el sistema educacional?

Tercer ejemplo. ¿La Concertación quiere un cambio en el sistema electoral para obtener una mejor representatividad o para lograr más cupos en el parlamento?

Pues bien, las modificaciones son más bien cosméticas, pero se mantiene el status quo. Es decir, un clásico ejemplo de gatopardismo. Finalmente, la política de los consensos es más fuerte.

Cuando la Concertación se dispara en el en el pie.

Efectos de las "novedosas" declaraciones de don Patricio Aylwin

Como si no bastaran los varios desencuentros y erráticas acciones al interior de lo que queda de Concertación tras perder las últimas elecciones presidenciales, como si no fuera suficiente que no exista autocrítica y una autoevaluación seria respecto de las razones por las cuales la ciudadanía no optó por el candidato de la actual oposición, hoy los cabecillas y parlamentarios de la Concertación se han enfrascado en un absurdo debate sobre los dichos del ex presidente Patricio Aylwin acerca del gobierno del ex presidente Allende y del rol del general Pinochet durante los primeros años de la transición.

¿Habrá algún dirigente de la Concertación que ciertamente desconozca cuál era la opinión de Aylwin respecto de Allende? ¿Realmente las declaraciones del ex Presidente son una novedad para alguien? Si es así, ¿por qué tanto revuelo? Sabido es que Aylwin y el partido Demócrata Cristiano era opositor al gobierno de Allende. Conocido también es que muchos dirigentes de ese partido apoyaron e incitaron muchas de las gestiones (directas e indirectas, acciones y omisiones) que durante el gobierno de Allende desembocaron en el golpe de estado del 73.

Por otra parte, un gobierno se puede evaluar en función de tres aspectos: el cumplimiento de sus ‘promesas de campaña’ o plan de gobierno, los logros en materia de desarrollo (social, económico, cultural, etc.) y en popularidad o nivel de aprobación. Un análisis objetivo, que sólo la historia puede brindar cuando los actores de la época ya no estén y los fervores se hayan apaciguado, dictaminará si el gobierno de Allende fue un buen o mal gobierno. Por ahora se puede afirmar que, por las razones que sean (intervencionismo, oposición destructiva, gestiones de poderes fácticos, entre otros) Allende no logró buena nota en ninguno de los tres aspectos antes mencionados. Hoy, la radicalización de su imagen tras su muerte, su ambivalente e icónica efigie no permite hacer una evaluación objetiva. Como ejemplo baste decir que su fallecimiento es calificado como ‘cobarde’ por algunos y como ‘heroico’, por otros.

Radicalmente opuestas son las declaraciones del ex mandatario sobre el rol de Pinochet durante su gobierno. Estos hechos están más frescos en la memoria de la mayoría de los chilenos y, claramente, el general no fue un facilitador de la transición, proceso que no se efectuó de acuerdo a sus planes originales.

Es cierto que las declaraciones sobre Allende son visiones distintas que se transforman en puntos de desencuentro de los partidos que conforman la Concertación, mientras que la opinión sobre Pinochet son justamente lo contrario. Pero precisamente, la Concertación fue creada con la finalidad de generar el término pacífico de la dictadura militar y asumir la transición hacia la pseudo democracia que hoy tenemos. Pero insisto, estas diferencias no son ninguna primicia. El problema está en que hoy ya no está Pinochet y el pegamento que unía a la fuerza a los partidos concertacionistas ya no existe. El adhesivo hoy es simplemente las ansias de volver a gobernar y el slogan de “derrotar a la derecha”. Nada más.

Cuando el ungüento aglutinador es tan enclenque como éste (adicionado con un engrudo balsámico efímero como es una candidata proclamada pero que no se da por aludida), ciertamente unas declaraciones añejas y poco originales del vetusto ex presidente, que entierran el dedo en el estigma concertacionista sólo sirven para percibir el debilitamiento de un conglomerado político que no tiene un diagnóstico claro de la realidad, que no presenta propuestas lúcidas y atingentes con esta realidad, y que carece de un liderazgo que permita guiar el barco a buen puerto. Las consecuencias de dispararse en el pie.

Lo demás… música. Y de la estridente.

Cuando estacionar es sinónimo de pagar.

Los servicios públicos que son más cercanos a la gente son aquellos que establecen políticas públicas que atingen directamente los intereses de los ciudadanos y no, necesariamente, aquellos que físicamente están más cerca de la población generando interacción con ella. El registro civil y el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, son entidades que prestan servicios a diario, pero no son reconocidos por su cercanía. Finalmente, no nos ofrecen nada que no sean trámites obligatorios.

Los municipios –una suerte de mini-gobierno– brindan servicios que corresponden a estos trámites obligatorios (patentes, permisos de circulación, permisos de edificación, etc.), pero también ofrecen servicios sociales (asistencia social, capacitación, intermediación laboral, etc.) que son altamente importantes para vastos sectores de la población.

A nivel central, la Dirección del Trabajo y el SERNAC, en cambio, si ofrecen servicios que son sumamente útil para los ciudadanos, principalmente los de la denominada "clase media". Esto es obvio si se entiende que estos organismos velan por los intereses de trabajadores y consumidores, respectivamente. Otros servicios, que aparecen más lejanos y son algo desconocidos, a partir de la implementación de políticas públicas de interés ciudadano, también aparecen cercanos. Es el caso de la CONASET –Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito– . La reciente implementación de la ley “tolerancia 0”, el nuevo sistema para otorgar licencias de conducir más exigentes, la mayor fiscalización de transportistas escolares, entre otros, generan efectos deseados por todos y la pega está bien hecha, aunque sin mayor parafernalia.

Y allí está el SERNAC, una entidad pública extremadamente sensible para una sociedad de consumo como la nuestra, generando muchos anuncios pero escasos resultados. El único hito de esa institución en los últimos dos años ha sido el caso La Polar, el cual pudo haber sido un verdadero acierto del gobierno en materia de protección del consumidor y, sin embargo, ya todo huele mal. Un proceso poco claro, arreglos extrajudiciales dudosos, indemnizaciones irrisorias, inculpados sólo con arraigo, abogados querellantes que se harán millonarios, la empresa que no pagará realmente lo que debiese y, la guinda de la torta, explicaciones inexplicables por parte del director del SERNAC.

El último “numerito” fue el anuncio del SERNAC de que se obligaría a los dueños de centros comerciales a dejar de cobrar por el uso de baños y estacionamientos para clientes. Bastó un solo llamado desde más arriba para que la versión se cambiara: “lo de los baños es impresentable, pero lo de los estacionamientos, hemos generado una mesa de trabajo para ver que se hace con ello”. Como Condorito.

Bastó sólo eso como para sembrar un manto de dudas respecto del actuar de este servicio. ¿Realmente está con los consumidores o simplemente intermedia entre éstos y los muchos derechos de los empresarios, en pro del buen funcionamiento del Sr. Mercado?

Y se ha dicho de todo, desde que no importa que cobren si se hacen responsables de robos o daños hasta que entonces no se debiese cobrar por estacionar en la vía pública, más cuando se paga por el permiso de circulación. Sólo voladores de luces. El permiso de circulación es, justamente, para circular y no para estacionar, y la recaudación por estacionar en la vía pública está destinado para el gasto municipal, es decir, gasto a la comunidad (distinto es, luego, si el uso del recurso está bien administrado).

La recaudación en un estacionamiento privado es… como su nombre lo indica, para el privado. Es decir, para lucrar. Distinto es, luego, si con la recaudación se mejoran los servicios del propio estacionamiento (lo cual forma parte del mejoramiento del servicio privado).

Ahora, el tema de fondo: ¿Es lícito que los centros comerciales y clínicas lucren con un cobro por el uso del estacionamiento? Sí. Ahora, ¿es ético o moralmente correcto que lo hagan? Debate… y confusión. La Ordenanza de Urbanismo y Construcción obliga a los centros comerciales (así como a otros locales como colegios, clínicas, supermercados, etc.) a construir una cantidad mínima de estacionamientos con la finalidad de cubrir en parte el impacto vial que la obra genera. Claramente los centros comerciales construyen más estacionamientos de acuerdo a lo que el mercado indica (que es bastante distinto a la norma). El uso de éstos debiese ser exclusivamente para los usuarios del centro comercial y, a veces no es así. El cobro sería para evitar este “mal uso”.

Pues bien, hay muchas formas de evitar esto sin necesidad de cobrar. ¿Por qué en un hotel no cobra por su estacionamiento, o la mayoría de los supermercados? ¿No bastaría con presentar una boleta por el consumo? Finalmente el estacionamiento es un servicio conexo.

Pero esto no acaba aquí. Muchas empresas y servicios públicos cobran a sus empleados por el uso de su propio estacionamiento. Este es el meollo del asunto: el mercado SIEMPRE tratará de que el costo lo paguen otros, sin asumir los gastos operacionales. Llevado al extremo: si llevas de urgencia a un pariente a una clínica, puede ser grande tu sorpresa cuando, además de los elevados costos del servicio y lo poco que te cubre la Isapre, tengas que pagar al salir del estacionamiento.

La Clase Media o la media clase chilena.

Desde hace ya algunos años se puede leer en algunos medios sobre la deuda con la clase media. El concepto fue objeto de culto en la campaña presidencial y se ofreció “alma y corazón” con la clase media y otro candidato prometió ampliar la protección social. Peno más allá de los compromisos de campaña, la pregunta que cabe hacerse en primer término es ¿qué es la clase media? para luego ocuparse de por qué es objeto de interés político.

Nada puede ser más difícil que definir algo que lleva el adjetivo ‘medio/a’ ya que significa, literalmente, lo que es igual a la mitad de algo o que está entre dos extremos, en el centro de algo o entre dos cosas o en un período entre dos tiempos. De allí derivan otros conceptos como promedio o intermedio. Luego, otra acepción se relaciona con las características o condiciones generales de un grupo social, de una época o de algún tipo de agrupación, p.e. “el ciudadano medio” (que es menos prosaico que “el ciudadano de a pie”). Se amplia así el sentido de las acepciones literales hacia una que involucra no solo a la parte que en una cosa equidista de sus extremos sino a la mayor parte de la cosa expresada, como una figura hiperbólica; p.e. “medio Chile está bajo el agua”. Pero también se utiliza el concepto para expresar una acción incompleta, p.e. “a medio vestir”. Se entenderá, entonces, que las distintas acepciones del concepto son, justamente, ‘medio’ confusas. Por último, es destacable que el significado referido a la  mitad de las cosas, varíe paradójicamente hacia el sentido opuesto: ‘medio’ también se refiere al conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona o un grupo humano o, biológicamente hablando, al conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades, p.e. “habita en un medio acuático”. Es decir, se hace referencia a lo envuelve una cosa, principalmente un ser vivo, y no al centro de la cosa expresada. En fin, mucha divagación y verborrea etimológica.

Si ya es difícil entender el adjetivo, cuando califica al sustantivo ‘clase’ se hace muy compleja su comprensión. Partamos por decir que no existe una clase media sino varias y que desde la sociología se prefiere hablar de ‘estrato’, ‘sector’ o ‘nivel socioeconómico’ que es más preciso y no hace referencia a un ámbito amplio sino segmentado. Llegué a pensar en la ‘clase media’ escuchando una empalagosa canción ochentera en la radio que me recordó los miti-miti de fruta. Nada más ad-hoc para derivar en el concepto de ‘medio’. Pero en realidad hice memoria de aquellos años en que era mucho más fácil identificarse con una clase social y claramente uno reconocía quien era o no de la clase media. Muchos se identifican con la familia de los Herrera de los 80.

Es justamente a partir de esa tortuosa pero entrañable década que la clase media chilena cambia radicalmente. Ya no está constituida exclusivamente por funcionarios públicos o de servicios financieros sino que emergen los jefes de hogar dependientes de privados: técnicos y profesionales de nivel medio, empleados de oficina, trabajadores de servicios privados y vendedores de comercios, operarios de artes mecánicas y de otros oficios. Esta masa fue creciendo durante los ’90 en función de tres factores: la disminución de la pobreza de 39% a 18%, la profesionalización de los jóvenes y el crecimiento económico del país. Este resultado generó una clase media diversificada: un estrato medio-bajo –muy vulnerable– que apenas se diferencia de las clases empobrecidas cuyo origen es que han superado matemáticamente la línea de la pobreza a partir de las políticas sociales (parte del sector D); un estrato medio que se ha generado por la providencia del “chorreo” y que hoy se ha denominado peyorativamente “clase media aspiracional” –como si el resto de los estratos no tuviera aspiraciones–  (el sectores C3 y C2); luego un estrato medio-alto compuesto por los nuevos profesionales y por la movilidad social generada por el crecimiento económico y que se denominan siútica y pomposamente “clase media acomodada” (C1 inserta en el ABC1). Claro está que internamente dentro de cada estrato hay diferencias. Un ejemplo grafica mejor. Una familia tradicional (hogar nuclear completo) cuyos miembros parentales son un oficinista y una vendedora del retail con hijos en colegios subvencionados pertenecen al sector C2, mientras que una familia con jefa de hogar (hogar nuclear incompleto) profesional con hijos en colegios particulares pagados también forma parte del sector C2. Otro ejemplo, otra familia tradicional con miembros parentales dueños de un pequeño almacén de barrio y con hijos pueden pertenecer al sector C3 mientras que una familia tradicional cuyo jefe de hogar es campesino, también pertenecen a ese sector. Un tercer ejemplo. Una familia con jefa de hogar que trabaja en el servicio doméstico y con hijos en colegios municipales pertenece al sector D, sin ser una familia bajo la línea de la pobreza, mientras que un hogar formado por un jubilado ex oficinista y su cónyuge, también.

Entonces, ¿es posible definir esta clase media como una sola? Se estima que un hogar de la clase media en Chile obtiene rentas mensuales de entre $225.000 y $775.000. Parte del problema es determinar los miembros económicamente pasivos de estos hogares a fin de definir el per cápita. Allí radica la diferencia de ‘niveles socioeconómicos’. Un hogar con una renta de $225.000 y con tres miembros en la familia es clase media; con cuatro ya es clasificado de pobre: la dureza de los métodos de medición de la pobreza. Al revés, un hogar de 2 integrantes con una renta de $775.000 es ABC1; con más integrantes ya es C2.

Todo lo anterior es un breve análisis interno. Si comparamos nuestra “clase media” con la de otros países, son evidentes dos aspectos: el bajo nivel socioeconómico de esta clase social en Chile y lo disminuida que es en representación demográfica, social, cultural y política. Pero de eso me ocuparé en otro blog.

Por qué a Piñera le va mal en las encuestas?

La primera semana de mayo, cuando Adimark entregó los resultados de su encuesta de evaluación del gobierno, y el presidente Piñera caía a su nivel más bajo de aprobación con un 26%, al oficialismo se le cayó el mundo encima. Una semana más tarde, los resultados del estudio de opinión pública semestral del CEP terminaron por desmoralizar a los más optimistas del gobierno con el magro 24% de aprobación. En términos generales, ambas encuestas evidencian una misma situación –que ya no puede ser negada por nadie– la calificación o evaluación al gobierno, al presidente, al poder legislativo, al oficialismo y a la oposición, en general, a toda la clase política, está por el suelo.

Lo que sorprende de esta fotografía social es que no se logra una explicación para esta evaluación negativa y, en consecuencia, aparecen especulaciones y reflexiones de todo tipo. Ésta es una más.

 

Con Piñera, tras ser electo con el 51,6%, la derecha celebraba por primera vez, desde que Jorge Alessandri el año 1958 ganó las elecciones con una mayoría relativa (31,5%), llegar a ocupar la Moneda. La celebración era grande (se hablaba del “desembarco”) a pesar del estrecho margen de votación y de haber sido el presidente electo con menor cantidad de votos desde 1989 (poco menos de 3.600.000 sufragios). ¿Qué hizo que la derecha superara su tradicional 40%). Lo cierto es que en ese momento no se supo leer lo que la ciudadanía dictaminó: parte del margen de votantes que el 2010 se inclinó por el candidato de la Alianza, habiendo votado tradicionalmente por candidatos de la Concertación, no lo hizo por Piñera, lo hizo para castigar a la Concertación (junto con el importante electorado que invalidó su sufragio o simplemente no votó). Otro grupo de electores lo hizo porque el candidato de la Concertación no era de su agrado (el eslogan era “Frei ya tuvo su oportunidad”). Y otro grupo lo hizo porque Piñera encarnó lo que la sociedad estaba exigiendo desde entonces: un cambio en el sistema. Piñera hizo un ofertón irresistible para estos electores. Hoy muchos de ellos se retractan. ¿Quién no conoce algún arrepentido?

En ese escenario, Piñera llegó a la Moneda y mantuvo su adhesión durante casi todo el año 2010, incluyendo su peak en octubre cuando con éxito salieron los 33 mineros desde las entrañas de la mina San José. Luego, la mediática exposición del presidente y de su ministro estrella terminaron por saturar a parte de los ciudadanos. A nadie le gusta una persona que anda por la vida enrostrando sus logros sin humildad. Desde diciembre de 2010 y hasta hoy, el presidente nunca más superó el 50% de aprobación (desde mayo del año pasado no sube del 35%). ¿Por qué? Creo que la respuesta no es una sola.

Parte de la ciudadanía se desencantó del presidente. Los ofertones no llegaron… publicidad engañosa. Y allí está la famosa “letra chica” de las leyes sociales del oficialismo. Parte de este efecto se debe a que los sistemas comunicacionales del gobierno dejan mucho que desear y, por otra parte, al constante vapuleo de la oposición a cada iniciativa gubernamental.

Por otra parte, se critica duramente el hecho de que el gobierno carece de manejo político. Esto que podría parecer sólo una crítica desde la oposición, tiene efectos reales cuando frente a los conflictos y movimientos sociales, el gobierno parece errático y, en vez de solucionar con convicción las problemáticas. Parte de la ciudadanía lo percibe así y aparecen algunos de los atributos que más se le critican al presidente: autoridad (43%), capacidad para resolver problemas (45%), liderazgo (40%). Lo anterior lleva a la pérdida de confianza (29%) y del respeto (34%).

Aquí, claramente, si un presidente no cumple lo prometido y no es claro en su gestión, no es creíble (30%), y, por añadidura, no es querido (31%).

Otra parte de la ciudadanía, la parte más conservadora que tradicionalmente ha votado por la derecha, siente que este gobierno no es un gobierno de derecha propiamente tal. El SERNAC financiero, la reforma tributaria, entre otros, son muestras de aquello. La UDI no deja de patalear por ello y con razón. Piñera no es creíble ni es querido.