El circo por el Caso Tsunami.

Es evidente que el oficialismo ha iniciado una campaña política para desprestigiar a la ex presidenta Bachelet y, por el lado de la oposición se efectúan acciones para defenderla, todo en el marco de, por el lado de los ataques, la gestión de la ex mandataria tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 (o 27 F, como lo ha bautizado la prensa siútica e imitadora), y, por el lado de la defensa corporativa, los resultados de las encuestas que dan una amplia ventaja a Bachelet por sobre cualquier nombre del oficialismo.

Lo más lamentable del caso es que los familiares de las víctimas jamás podrán conocer con la objetividad que hubiesen pretendido, qué fue lo que efectivamente ocurrió esa fatídica madrugada. El caso judicial hoy va por un camino (con altibajos) y el caso político (politiquero mas bien), va por la vereda de enfrente, y se enturbian, se entorpecen. Judicialmente lo que la fiscalía y demandantes quieren es precisamente conocer si los errores cometidos por los organismos que tienen a cargo la seguridad de la población en casos de emergencia (de catástrofe, más bien) tienen o no responsabilidad penal respecto de no haber emitido una alerta de tsunami, acción que, por omisión, habría sido responsable indirecta de 156 muertes y 25 desaparecidos. Políticamente, en cambio, se buscan responsabilidades administrativas y políticas por el actuar de las autoridades tras el sismo. Ambas temas son distintos. Se pueden tener responsabilidades políticas, incluso administrativas, sin que éstas sean constitutivas de delito alguno. Por tanto, quienes pretenden mezclar los ámbitos sólo buscan un objetivo politiquero, esto es, desprestigiar a las autoridades de la época. Es por ello que la hoy cuestionada (por parte de los querellantes y del oficialismo) fiscal Huerta tiene claro que la ex presidenta Bachelet no tiene responsabilidad penal, ni siquiera civil y, en consecuencia, judicialmente nunca será formalizada ni menos procesada por este caso.

A partir de un video ya difundido el año 2010 en la prensa, se pretende inculpar a la ex mandataria por ocultamiento de información, toda vez que, de acuerdo a lo que allí se observa, mientras Bachelet enfrentaba las cámaras de TV a las 6 de la mañana, se puede escuchar una conversación radial en la que se informa (se desconoce quien es el emisor) que ocurrió un tsunami en la isla Robinson Crusoe (archipiélago de Juan Fernández). Posteriormente la ex presidenta, aconsejada por su asesora, decide no entregar dicha información a la prensa. Es nuevamente interrogada por los medios que ya conocían por filtraciones que el hecho había ocurrido a las 4:25 de la madrugada y responde que no ha habido tsunami en las costas del sur y que las informaciones no oficiales hablan de olas mayores a lo normal producto del sismo. Por tanto, si bien se le aconseja ocultar información, finalmente la ex presidenta si se refirió a ella.

Ciertamente lo que ocurrió en esa situación es que la información oficial (la que se entrega por las ONEMI regionales y demás organismos de seguridad) era absolutamente escasa. Hasta la prensa carecía de información. Las comunicaciones estaban caídas y no había forma a esa hora de corroborar lo que estaba ocurriendo. La información de Juan Fernández había sido proporcionada por un concejal, ni la capitanía de puerto de la Armada en Juan Fernández ni Carabineros de la isla corroboraban dicha información. Por el contrario, se hablaba de variaciones centimétricas del nivel del mar. ¿Cómo entonces se podía decir que había ocurrido un maremoto? Luego se levantó una hipótesis extraña: las marejadas que se comenzaban a informar no eran tsunami... Tsunami son olas que entran cientos de metros tierra adentro como lo ocurrido en Indonesia. Finalmente si eran olas sísmicas. Lo que ocurre es que en Chile desde la costa a los cerros hay pocos metros y por ello el mar no entra kilómetros tierra adentro (por suerte) como en Japón o en Indonesia, con excepción de las desembocaduras de los ríos.

En este caso, como ya lo he comentado, lo que hubo fue una paupérrima plataforma de emergencia, con protocolos poco precisos que fue desbordada por un hecho de la naturaleza de gran magnitud a escala planetaria, no había comunicaciones, los técnicos ignoraron los acontecimientos y no se emitió una alerta temprana. Ya comenté que probablemente el que hubiese habido dicha alerta no hubiese evitado las muertes, al menos no todas, pero acá lo que se juzga es el no haber efectuado adecuadamente la labor preventiva. Si eso es así, no hay delito sino falta administrativa. Si se comprueba que el no haber dado la alerta fue condicionante indirecta de alguna muerte (como creo que lo fue justamente para el caso de Robinson Crusoe), pues algunos formalizados deberán ser condenados.

Luego están las que claramente son faltas administrativas. Lo que se le imputa a Rosendes y a Fernández es no haber dado la alerta, sin embargo, claramente con información técnica errada o, al menos imprecisa, no es posible que sean sancionados judicialmente. Además, si hubiesen dado la alerta cuando llegaron a la ONEMI (pasadas las 4:30 AM), la historia trágica de las víctimas no hubiese sido distinta. Finalmente, a Bachelet, que no tiene ninguna implicancia en la fallida alerta temprana, sólo queda imputarle pretextos políticos: falta de liderazgo, errores de decisión, u otros. Pero esos no son faltas administrativas ni menos penales. El resto que quieran atribuirle sólo será circo.

Creo que de lo único que es responsable es de no haber mejorado las condiciones técnicas de la ONEMI, las cuales por décadas han sido misérrimas. Pero allí habría que inculpar a todos los ex presidentes que no hicieron mejoras en dicha institución.