Corruptio optimi pessima

Desde la existencia del Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional, Chile ha aparecido en el dentro de los 25 países menos corruptos del planeta, y en el lugar más aventajado en Latinoamérica junto a Uruguay. Esto parece estar cambiando. Distintos juicios revelados en los últimos 25 años como los casos “FAMAE” de 1991, “Chispas” de 1997, “Pertrechos” de 1997, “MOP-GATE” de 2000, “Inverlink” de 2002, “Coimas” de 2002, “Riggs” de 2004, “Publicam” de 2006, “Acciones de LAN” de 2006, “Colusión de las Farmacias” de 2008, “Colusión en los pollos” de 2011, “Caso Cascadas” de 2013, “Penta” de 2014 y “Caval” de 2015, por mencionar los de mayor connotación pública, comienzan a develar que la corrupción en Chile no es una práctica aislada como promulga la doctrina economicista, ni menos aún, que reciba una sanción ejemplificadora. Ahora bien, de allí a plantear que Chile es una «cleptocracia» hay una distancia considerable, aunque la percepción hoy sea justamente esa. Una cosa es la percepción abstracta y otra los hechos concretos: hay tasas moderadamente elevadas de delincuencia pero la percepción de inseguridad es aún mayor. Y lo que socialmente ocurre hoy en Chile con la corrupción es similar a este ejemplo.

De esta forma, la corrupción puede ser percibida de diferentes maneras ya que su definición puede ser imprecisa. Dado que la noción de corrupción puede diferir dependiendo de las distintas jurisdicciones, el hecho que en un Estado cierta forma de corrupción no sea ilegal, no significa que no sea moralmente reprochable. Esto último es importante ya que los límites que se le imponen a la corrupción están justamente relacionados con el ámbito de restricción que imponen las legislaciones sobre la materia; algunas más restringidas y otras más permisivas. Buscando una definición, la corrupción es una práctica, más o menos extendida, ejercida por personas miembros de organizaciones públicas o privadas, consistente en el uso del poder, las funciones y los medios de tales entidades en provecho personal o para conseguir una ventaja colectiva de cualquier naturaleza, procedimiento que es ilegal, ilegítimo o amoral, por lo cual se desarrolla de manera oculta o disimulada y clandestina o privada.

Si concluimos la definición anterior, en Chile parece que la corrupción es una práctica extendida, en las empresas privadas y públicas, en las instituciones políticas y judiciales, en las organizaciones de sociedad civil. Hemos llegado a esta impresión porque el hermético cajón de manzanas (instituciones públicas y privadas) creado en dictadura, envuelto con un pulcro y decorado embalaje cuyo rotulado indica que las manzanas están sanas, ha olido a podrido por un largo rato. Se rumorea que está todo rancio pero no veíamos las manzanas y se nos decía que las malas eran casos aislados que se eliminaban rápidamente. Ahora, se ha abierto una parte de la caja y parece que cada manzana que se saca está verdaderamente fermentada. Así, la percepción es que todo está putrefacto.

La impunidad, las defensas corporativas, los pactos políticos y la falta de transparencia frente a los casos de corrupción son el caldo de cultivo de esta percepción. Pero hoy, los hechos comienzan a hablar por sí mismos, al punto que se ha generado un inmovilismo en el Gobierno, un silencio sepulcral en los partidos políticos y un tenue reconocimiento de “malas prácticas” de los gremios empresariales.

Ya no es solo que los casos de corrupción ya no son tan aislados (el caso Penta y sus aristas como SQM parecen involucrar a parte importante de la clase política de todos lados), sino que sus formas son variadas: uso ilegítimo de información privilegiada, tráfico de influencias, fraudes financieros (colusiones, malversación de fondos públicos y peculado), caciquismo y despotismo distintas formas de clientelismo político (compadraje, cooptación y nepotismo).

Pero lo que sin duda ha marcado un antes y un después en la percepción de corrupción es el hecho de que quienes se ven involucrados en estas prácticas estén relacionados directamente con la institución de mayor relevancia y poder en Chile: la Presidencia de la República. Y aquí recuerdo a Tomás de Aquino y su sentencia “corruptio optimi pessima” (la corrupción de los mejores es lo peor).

Por lo que sabemos, el caso Caval se trata justamente de un provechoso negocio privado fruto del clientelismo político, del tráfico de influencias y, aparentemente, de uso de información privilegiada, los cuales no son del todo ilegales sino carentes de ética o incluso inmorales. Sin embargo, fueron prácticas ejercidas por familiares directos de la Presidenta de la República, de quien siempre escuchamos sus discursos contrarios al lucro impropio, la equidad y la meritocracia. Si bien, hasta ahora se desconoce una implicancia directa o indirecta de Bachelet en el negocio, la forma en que enfrentó el caso ha sido errática, reservada, casi inexpresiva; sospechosa. Es lógico, entonces, que sus atributos estén por el suelo y los niveles de desaprobación a su gestión por las nubes.

Pero los síntomas sociales de la corrupción en Chile comenzaron hace rato. El primero es la abstención y pérdida del interés por la política. Luego, la impunidad ha incrementado la sensación de injusticia y el clientelismo político ha aumentado la percepción de iniquidad. Todo ello crea desafección y animadversión de los ciudadanos a las instituciones que se perciben como contrapuestas a los intereses generales de la sociedad y al bien común. En síntesis, la corrupción corroe las convicciones de una sociedad y merma la confianza en las instituciones, pudiendo llegar a que parte de esa sociedad adopte estrategias ajenas al estado de derecho sobre la base de equilibrarse a la situación de inmoralidad de la clase dirigente.

Aquí una reflexión; la situación actual del país es un círculo vicioso que nos puede llevar al despeñadero o ser visto como una oportunidad. El círculo se crea cuando la propia sociedad se niega a ver sus propios actos de corrupción, tal vez no política sino social. Todos, de una u otra forma sacamos ventajas pequeñas de situaciones cotidianas: el no pago del Transantiago, acosar a los empleados, “apitutar” al amigo, al pariente en un trabajo, “llevarse” materiales de la oficina para la casa, devolver mal un vuelto, etc., todos actos socialmente aceptados, que están al límite de lo que podemos denominar “corruptio inferiori pessima”.

El jardín secreto y la participación ciudadana

Ya habíamos comentado que las personas actúan sobre el uso los bienes comunes de manera irracional, cuestión que Hardin ya nos había explicado http://suciedadglobal.blogspot.com/2012/07/participacion-ciudadana-y-el-bien-comun.html. Ello no es difícil de comprobar, por ejemplo, en los efectos que se manifiestan en los espacios comunes de muchas comunidades de edificación vertical: ascensores sin mantención, falta de aseo, cortes de electricidad y de agua, deterioro de áreas verdes y otros equipamientos e infraestructuras. Pero hay casos más extremos en el que el comportamiento colectivo requiere de un análisis sociológico más profundo: la manera irracional (incluso más aún) con que las personas actúan sobre bienes públicos –creyendo que son bienes comunes–.

Hace algunas semanas un grupo de vecinos de la paradigmática Remodelación San Borja y sus alrededores, han difundido por algunos medios, que el moderno parque que encierran sus torres “va a ser destruido por la Municipalidad” por la ejecución de un proyecto denominado «Museo Humano». La iniciativa municipal considera la instalación de un gran número de esculturas de Mario Irarrázabal, la construcción de un pabellón para instalar esculturas de menor tamaño y el rediseño de los equipamientos existentes (áreas verdes, multicanchas, senderos, juegos infantiles). En cualquier rincón de Chile un proyecto así sería celebrado por la comunidad; pero en la Remodelación San Borja no. ¿Por qué? Como en todo conflicto, las críticas leídas en la prensa van desde las posturas más extremas (el parque no se debe tocar) a aquellas más moderadas (que el proyecto se haga con respeto). Pero el problema de fondo es la forma en que se efectuó la denominada «participación ciudadana» en el marco de la elaboración del anteproyecto.

Es cierto que el parque San Borja, a pesar de lo que creen muchos de los vecinos, no es un jardín secreto, un área verde privada, un bien colectivo, cuyos propietarios son sólo los residentes de las torres aledañas; el parque es un espacio público (le pertenece a todos los chilenos) y, como todo espacio público, es administrado por la municipalidad. En este contexto, el municipio puede, incluso, hacer en dicho parque cualquier proyecto relacionado con su destino de uso: área verde –la verdad sea dicha, el municipio inclusive podría cambiar el destino de uso del parque y convertirlo en cualquier cosa–. En Chile casi no existe ninguna obligación de que un municipio efectúe procedimientos de participación ciudadana para hacer algo así. Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado, la ciudadanía está empoderada y exige ciertos mínimos de intervención en las decisiones de las autoridades. Lamentablemente, cuando se trata de bienes públicos que la comunidad supone son bienes colectivos (privados), entra la irracionalidad y todo se va a negro.

Racional es pensar en proteger los espacios cuando se ven amenazados por proyectos que tendrán impactos ambientales negativos o perjuicios manifiestos, pero parece absolutamente irracional convocar a proteger espacios donde se diseñan proyectos cuyos beneficios son mayores que sus eventuales impactos en las fases de construcción o implementación y que carecen de impactos negativos en su fase de puesta en marcha. Entonces, por qué un grupo de vecinos se opone al proyecto del «Museo Humano». Una causa es la desinformación que hace que muchas personas crean que lo que se proyecta siempre es negativo su modo de vida (siempre ha estado así, para qué lo van a cambiar); otra causa es la mala información (el juego del teléfono) que anima a quienes creen que el parque es su jardín secreto a difundir distintas falacias con tal de que lo que creen propio no deje de serlo; otra causa son los dirigentes que no hacen su verdadero trabajo: informarse bien y difundir a sus vecinos sobre los hechos. Esto último, claro, si hubiese siempre buena intención. Luego están los que se aprovechan de estas situaciones (los vendedores de chapitas a la salida del estadio) y que casi siempre son personajes políticos que ven su oportunidad de darse a conocer, salir en los medios y decir que están a favor de los ciudadanos.

En síntesis, un cajón de tomates con uno de ellos que estaba podrido.

¿Cómo se ha llegado a esto? El error está en la forma en que el municipio ha llevado a cabo el proceso de participación ciudadana, con información que no ha llegado a todos los vecinos, con una mala identificación de actores, con indefinición del nivel de participación ciudadana que tendrá el proyecto. Es el municipio el que propicia el proyecto, por lo cual es su responsabilidad guiarlo en esta otra faceta que escapa a lo técnico y entra en lo social. Y en lo comunitario, el municipio de Santiago parece estar en deuda, máxime cuando ha hecho de ese modo de gestión un caballo de batalla.

Las redes sociales, las estrategias comunicacionales y nuestras falencias como sociedad

Mientras seguimos subestimando el «poder» de las redes sociales, ocurren acontecimientos comunicacionales en ellas que me causan asombro, pero que trataré de analizar a continuación.

Es interesante constatar que los mismos fenómenos de comunicación que han ocurrido durante siglos, a través de las redes sociales ocurren más rápido, con mayor agresividad y con mayor ignorancia. El juego del teléfono (iniciar un tema que termina negativamente amplificado), el método de Joseph Goebbels (mentir y mentir que algo quedará), y muchas otras estrategias comunicacionales cercanas al arte del engaño y la difamación, se replican casi a diario en las redes sociales, condimentadas con fuertes dosis de incultura, necedad y analfabetismo, que suelen ser el caldo de cultivo más fecundo para ciertas campañas publicitarias o propagandísticas.

Cuando estos elementos se unen a causas altruistas, benéficas o, lisa y llanamente, filántropas, pueden llegar a ser absolutamente imposible revertir el efecto y volver a la situación no manipulada, objetiva o neutral (o cercana a ello) original o primaria, dados los argumentos obstinados, inexpugnables e intransigentes que se manifiestan una vez que se hecha a correr la bola de nieve por la pendiente.

El reciente caso del #NoALaCazaDePerros es uno de los casos más patéticos al respecto. No me referiré al fondo del tema ya que me preocupa más el fenómeno comunicacional (pleno de memes, trolleos y otros artilugios de tuiteros y aficionados a las redes) que el tema sanitario-ecológico, por denominarlo de alguna manera.

Sorprende, por ejemplo, la ignorancia que se evidencia en muchos de los comentarios, ignorancia respecto de la forma y del fondo. En el ejemplo, que una ley permitirá la caza de perros (y en una sociedad que en un 88% vive en ciudades, significa, en el mejor de los casos, matar perros vagabundos), que dicha ley fue promulgada por una persona en particular (en este caso, la presidenta, como si el Parlamento no fuera el que legisla), y no que se trata de un decreto basado en una ley ya existente (de la cual escasamente se comentó en las redes al momento de su refundación). Y claro, con tanto animalista, una norma de esta naturaleza es obvio que causaría escozor inmediato.

Esta ignorancia está sustentada en una serie de falsos elementos puestos a disposición de los ya ignorantes internautas. Y obviamente, nadie cuestiona con lógica y sensatez tales elementos, sino que se hace eco de ellos. El resultado es un “NO” rotundo a una iniciativa que (cuestionable) tiene un objetivo preciso (cuya precisión se puede discutir, como los 400 metros de distancia a un centro poblado) con un sujeto particular (perros asilvestrados), el cual quedó absolutamente oculto en la discusión y que resuelve –en parte– una problemática particular (que nadie discute porque es más grande la bola de nieve). Es más, luego los medios de comunicación se hacen parte, y es allí donde se valida lo discutido en la ignorancia de las redes, y se acepta como cierta toda información de dudoso origen. Y se convocan manifestaciones –algunas resultan y otras no– y se llaman a hacer “funas” o directamente a amenazar personas.

Imaginémonos por un momento que el tema en cuestión fuera un tanto más relevante, como la discusión sobre el aborto terapéutico, o el conflicto con Bolivia. Al parecer, las redes amplifican nuestras propias falencias como sociedad y no resulta un vehículo positivo para discusiones relevantes.

Las inciertas predicciones de segunda vuelta por el efecto “voto voluntario”

El análisis post electoral se ha apoderado de los medios y las redes. No será este blog la excepción. Tres lecciones básicas son: (1) Bachelet no es un fenómeno electoral ya que, pese a las nueve candidaturas (y la consecuente dispersión de los votos), no obtuvo un resultado despampanante como el que se vaticinaba; (2) se ratificó que la candidatura presidencial de la Alianza es muy débil, ya que no alcanzó siquiera a obtener los votos de los diputados aliancistas; y (3) la primera elección presidencial con sistema de voto voluntario generó una importante disminución del electorado y una gran incertidumbre respecto de los pronósticos y los resultados.

En efecto, tras las elecciones del 17 de noviembre, la segunda vuelta (o ballotage, para los más siúticos) es un escenario absolutamente incierto. Estadísticamente la ex presidenta tiene las mayores probabilidades de obtener la victoria, y si no ocurre nada fuera de lo habitual y lo ordinario, este triunfo es la situación más previsible. No obstante, la incertidumbre viene de la mano del fantasma del “voto voluntario”, ese mismo que redujo los electores que ejercieron su sufragio de 7.264.136 el año 2009, a casi 6,7 millones el pasado domingo. Hoy, los comandos de las candidatas que van por la segunda vuelta analizan la geografía electoral resultante y definen sus estrategias para un  buen logro (una victoria lo más amplia posible, en el caso de Bachelet, y una derrota honrosa, en el caso de Matthei). En un primer escenario (irreal) es mantener una votación similar a la obtenida en primera vuelta; en él, Bachelet obtendría el 65% y Matthei el 35%.

Si bien ese escenario es ficticio, en la Alianza saben que un triunfo en segunda vuelta es un deseo más que una realidad o, al menos, una muy lejana posibilidad, por tanto, el objetivo es disminuir la brecha entre ambas candidatas lo más posible. En tanto, en la Nueva Mayoría saben que la victoria es casi segura, por lo que sus objetivos son otros: al menos mantener la votación de la primera vuelta, evitando la fuga de votos y, en lo posible, conquistar nuevos votos. Efectivamente, el punto en común es la búsqueda de nuevos votos, que en el caso de Matthei es imperioso, mientras que en el caso de Bachelet es sólo secundario (primero es mantener los votos).

Por tanto, el análisis es, de dónde obtener nuevos votos, en un sistema de elección voluntario. Mientras Bachelet obtuvo poco más de 3 millones de votos (46,7%), Matthei sólo consiguió algo más de 1,6 millones (25,0%). En tanto, la Nueva Mayoría obtuvo algo más de 2,9 millones de sufragios en las elecciones de diputado (más de cien mil votos menos que los de Bachelet), la Alianza alcanzó poco más de 2,2 millones (casi seiscientos mil votos más que los de Matthei). Este es un primer elemento de análisis: el comando de Matthei debe ir en búsqueda de esos votos; Bachelet no tiene donde crecer. Un segundo escenario (algo más real), es que Bachelet logre mantener intacta su votación y Matthei consiga todos los votos obtenidos por sus parlamentarios; en él Bachelet obtendría el 57% y Matthei el 43%.

El problema en este escenario es que, por una parte, se asume que Bachelet logrará que todos sus electores vuelvan a las urnas (algo difícil), y admite que todos los electores de parlamentarios de la Alianza vuelvan a las urnas, esta vez para votar por Matthei (algo más difícil), cuando no lo hicieron en primera vuelta. ¿De dónde vienen estos votos de diputados y a dónde fueron a parar en las elecciones presidenciales? Lo más probable es que sean mayoritariamente votos a diputados RN y que se fueron a Parisi.

Si revisamos lo que ocurrió el año 2013 con Bachelet y Piñera –dicho sea de paso, un candidato más competitivo que Matthei–, podemos tener algunas luces de lo que podría ocurrir, recalcando que esta es la primera vez con sistema de voto voluntario. En aquella ocasión competían por el sillón presidencial Piñera y Lavín (de la Alianza), Bachelet (de la Concertación) y Hirsch (Humanista y Ecologista). Los resultados en primera vuelto fueron 25,4%, 23,2%, 46,0% y 5,4%, respectivamente, pasando a segunda vuelta Bahelet y Piñera. En segunda vuelta, Bachelet aumento de 3,2 a 3,7 millones sus votos, obteniendo el 53,5%, mientras que Piñera no alcanzó a sumar todos los votos de Lavín, aumentando sus votos de 1,7 a 3,2 millones. Bachelet, en esta ocasión, no sólo obtuvo los votos de Hirsch sino que obtuvo unos 157 mil votos más, probablemente obtenidos de los nulos y blancos de la primera vuelta.

Por tanto, surgen otras dos cuestiones: (1) qué pasa con los electores de los otros candidatos presidenciales en una segunda vuelta y (2) qué pasa en esta segunda vuelta con los electores que no concurrieron a sufragar en la primera vuelta. Ambos son los temas más difíciles de pronosticar; pero no por ello no los vamos a analizar.

Respecto del primer punto, si se asume que parte de los electores de Marco Enríquez-Ominami, Marcel Claude, Roxana Miranda y Alfredo Sfeir no concurrirán a sufragar, o si lo hacen serán mayoritariamente votos de rechazo (nulos o blancos), hay unos 500 a 700 mil votos menos en segunda vuelta. Pero también hay unos 300 a 500 mil votos potencialmente disponibles, los cuales claramente son aprovechables por Bachelet. El tema es si será capaz de convocar esos electores. Una verdadera incógnita son los 665 mil votos de Parisi. Sólo por presagio se podría estimar que un tercio de esos votos se irían a Matthei, otro a Bachelet y otro no votará.

En cuanto al segundo punto, es muy poco probable que quienes no se sintieron llamados a votar en primera vuelta (con nueve alternativas) concurran a la segunda vuelta, en un clima electoral donde el elector está convencido que los dados están echados y que no hay nada en juego, a pesar de lo que los comandos puedan intentar transmitir.

Así las cosas, lo más probable es una disminución de votos válidos (más cercanos a 6 que a los 6,6 millones de la primera vuelta) producto de la desidia, un aumento considerable de los votos de Matthei, más cercano a los resultados de diputados, incluso puede que algo mayor (2,3 millones de votos), y un leve incremento de los votos de Bachelet (algo más de 3,3 millones). Un resultado realista y conservador sería un triunfo de Bachelet con un porcentaje entre 54 y 62% de los votos (mayor al obtenido en segunda vuelta de 2005 frente a Piñera). De esta forma, a la derrota de la Alianza en diputaciones y senatoriales, se puede sumar un estrepitoso fracaso en las presidenciales, con la mayor diferencia entre candidatos desde 1989. 

Derecho de decidir sobre el propio cuerpo

La consigna femenina de “yo decido sobre mi cuerpo” ha adquirido nueva relevancia a partir del dramático caso de la menor constantemente violada por su padrastro cuyo resultado fue su actual estado de embarazo. Nuevamente al debate el aborto legal en Chile. En la vereda del frente, los fundamentalistas pro vida que se niegan a cualquier tipo de aborto argumentando que la Constitución asegura el derecho a la vida del que está por nacer. El resultado es que en Chile no se avanza un milímetro en solucionar una problemática que afecta a muchas mujeres. Al contrario, en Chile se eliminó el aborto terapéutico hace un par de décadas.

A partir de los debates políticos se puede rescatar tres tipos de causalidades de carácter excepcional para practicar legalmente el aborto: el aborto terapéutico, esto es, cuando el embarazo pone en riesgo la integridad física de la madre, el aborto por embarazo forzado (producto de una violación) y el aborto por inviabilidad del feto. Esto claramente, por ahora, deja de lado de la discusión el aborto por embarazo no deseado, el cual es, sin duda, a lo que las voces exaltadas llaman a gritos cuando vociferan la consigna “yo decido sobre mi cuerpo”.

De las tres causas excepcionales para invocar al aborto, dos tienen una clara connotación médica; científica, si se quiere. Un feto inviable y el riesgo de la integridad física de la madre son argumentos médicos para determinar que un embarazo puede/debe ser interrumpido. Es extraño que los fundamentalistas pro vida insistan en que estas no deben ser consideradas causas dables o posibles para dicha interrupción. En el primer caso, claramente no se protege al que está por nacer ya que una vez nacido el neonato fallece. En el segundo caso se arriesga otra vida, la de la madre. Ante la primera situación la legislación claramente debe dar la posibilidad a la madre de decidir. Se debe anotar aquí que la decisión puede ser continuar con el embarazo o no, pero se debe dejar decidir. En el segundo caso, debe ser el médico, con el consentimiento de familiares, quienes deben tomar la decisión. Aquí no caben dobles interpretaciones.

Para el caso de embarazos forzados (por violación) el tema se dificulta por varias razones. De acuerdo a los estudios difundidos, un muy bajo porcentaje de las mujeres que son violadas quedan embarazadas. Ello se debe a que en una situación traumática la concepción se obstaculiza biológicamente, en otros porque la violación ocurre en períodos no fértiles de la mujer y, en otras por que el abusador no es capaz de engendrar, etc. En cualquier caso, ¿qué hace la sociedad con el escaso número de casos en que si se produce el embarazo? Hoy las posibilidades son dos: continuar con el embarazo o la píldora del día después. Si hablamos de violaciones, se debe entender que una mujer debe tener acceso a esta píldora.

En el noticioso caso de la menor, su embarazo no se debe a una violación fortuita. Era una situación permanente. Acá la responsabilidad se diluye entre el abusador, la madre de la menor y su entorno. Es un caso social dramático y que ocurre en ciertos espacios de nuestra sociedad. Pero claramente escapa a las estadísticas.

El problema aquí está en la certificación necesaria para determinar la violación y en el plazo para hacerlo. Tras una violación, decíamos, la píldora es la mejor alternativa. Luego, pasado un plazo razonable, en médico del SML es quien podría efectuar este trámite ya que de esperar el trámite legal el embarazo no deseado llegaría a su término. Pasado este plazo el “derecho al aborto” podría o debiese expirar. La certificación debiese incluir de todas formas un proceso penal al cual la violada debiese someterse, lo cual aumenta el trauma de la violación y del aborto. De todas formas, parece que es un camino que podría seguirse si se desea generar un procedimiento que evite que cualquier mujer invoque violación para abortar si tiene un embarazo no deseado (aunque la consumación del acto haya sido consentida). De otra forma, ésta sería la forma de abrir la puerta a cualquier tipo de aborto.

Porque aquí está el punto en el cual se generan las mayores discrepancias. Mientras unos postulan que el aborto debe ser un derecho de decidir ya que se treta de su cuerpo, para otros, este cuerpo es el vehículo de la vida, vida que debe protegerse por sobre una decisión (sino caprichosa, al menos poco responsable) de la mujer. Porque sistemas anticonceptivos existen múltiples, incluso para los casos de violación, pero el aborto no debe constituir un mecanismo de control de la natalidad. La irresponsabilidad, en estos casos, no es el pretexto para causar un homicidio. Porque aunque digan lo contrario, un aborto es eso.

Para esto últimos casos ya surgen algunas voces señalando algunos elementos para la discusión: que el aborto se practica igual y que se generan desigualdades ya que quienes pueden acceder a médicos que lo practiquen clandestinamente, tienen bajos riesgos mientras quienes no tienen dicho acceso el riesgo a la integridad física de la madre aumenta; que el aborto debe ser considerado un mecanismo que disminuya los casos de abandono ya que cada vez es menos la capacidad del Estado y de la sociedad de hacerse cargo de estos niños; que los hijos no deseados presentan una serie patologías psicológicas y les cuesta insertarse en la sociedad, entre otros.

Esta ya es otra discusión donde la mujer decida sobre su cuerpo.

El shentro shotsial

En los últimos días el video del comediante Stefan Kramer, A votar!, en el cual representa a la perfección a José Antonio Gómez, remeda a un lánguido Andrés Velasco, imita a un hiperactivo Claudio Orrego y simula a un enérgico Pablo Longueira ha sido viral con más de un millón de reproducciones en You Tube. Más allá del excelente trabajo de imitación, el video será recordado por la exagerada forma fricativa del hablar de Longueira y su expresión “shentro shotsial”. Más allá de lo gracioso de la dicción, el concepto de “centro social”, que ya había sido cuestionado a partir de un debate semanas atrás, la noción requiere un análisis.

El centro, políticamente hablando, corresponde a un conjunto de pensamientos, dentro del espectro político, que se encuentran en una posición moderada y consensuada entre aquellas ideologías de derecha, conservadora y capitalista, y aquellas de izquierda, progresista y socialista. Esta es una visión algo retrógrada para simplificar en una sola dimensión el espectro político. En este enfoque tradicional de observar los pensamientos políticos, el centro cobra importancia ya que corresponde a un grupo que, a modo de punto de apoyo de una balanza, inclina las elecciones hacia uno u otro lado cuando toma una posición hacia los extremos. Esto es de gran importancia en el análisis estratégico electoral y con mayor significación para sistemas electorales binominales como el chileno. La mayor dificultad del análisis electoral corresponde a la determinación del volumen de personas que se definen de centro y su tradicional grado de abstención (en los sistemas de votación voluntario) y de rechazo (anulación de votos en los sistemas obligatorios de sufragio).

No obstante, como se dijo, el centro corresponde a una mirada sesgada y anticuada de visualización del espectro político. Peor aún, se le ha tratado de caracterizar de distintas formas, probablemente muchas de ellas erradas: que es más conservador que liberal, que tiene un pensamiento social cristiano, que está compuesta por personas de clase media y media alta, que es aspiracional, entre otros.

En Chile, es un hecho que el centro es un grupo en franca reducción. Entre el año 2010 y el 2012, las personas que se identificaban de centro bajaron de 18 a 10% (Encuestas CEP). La misma encuesta, sin embargo, marca que es muy susceptible a los hechos del acontecer nacional, identificándose rápidamente hacia uno u otro extremo, según dichos hechos. Lo anterior sólo ratifica lo que es una percepción clara de que el país ha cambiado en los últimos años y que la mirada unidimensional ya no es válida para determinar el centro. Hay una marcada polarización. Algunos hablan de la izquierdización de la política. Esto sólo se confirmará en noviembre.

Lo cierto es que algunos, como Orrego, apostaban por un centro conservador, social cristiano y aspiracional. El conservadurismo y la doctrina social de la iglesia en Chile está claramente representada más por una derecha pechoña que por un centro. Otros, como Velasco, creyeron en un centro liberal y socialdemócrata, con más acierto. Allamand, definió un grupo extraño de centro: liberal pero no tanto, capitalista y aspiracional; parece que no hay un centro de esas características. Otros esperan atraer a un centro progresista y socialdemócrata, como Marco Enríquez-Ominami, el cual le rindió frutos el 2009; ahora no se sabe qué pasará con este grupo, si es que existe. Finalmente, Longueira apostó por un centro social, el cual no está bien definido, pero parece ser un grupo de clase media emergente que teóricamente no se siente representado por nadie.

El caso es, que la única candidata que apostó sólo por la izquierda arrasó en las primarias. Ello significa varias cosas: La izquierda parece ser mayoría; la derecha (por defecto) es minoría. Pero aún más minoría es este centro que bordea el 20%. Pero por mínimo que sea, definirá la elección de noviembre. Por eso todos querrán conquistar este centro, liberal, progresista, aspiracional o “shotsial”.

Bachelet Non Stop

El que de los casi tres millones de votos válidamente emitidos en la reciente elección primaria, el 53% hayan sido para la ex presidenta ha sido explicado de diversas formas, algunas peyorativas y otras eufóricas. La mayoría se centra en que obtuviese el 73% de los votos al interior del pacto Nueva Mayoría y, como de antemano se la daba por ganadora, la cifra casi carece de relevancia. Pero no deja de ser sorprendente.

Es cierto que las encuestas (tan vapuleadas y vilipendiadas últimamente) la daban por ganadora, pero nadie, ni los más optimistas socialistas esperaban que arrasara. Porque, seamos francos, eso fue lo que pasó: por paliza. Y con esta elección se derrumban mitos, como el que el caso 27 F afectó su imagen, para que comentar el avasallador triunfo de Bachelet en las zonas afectadas por el tsunami.

Pero qué explica este fenómeno electoral. Algunos se aventuran a pronosticar un triunfo en primera vuelta en noviembre; otros bajan el perfil y aseguran que cuando Lagos ganó a Zaldívar en primarias, luego empató técnicamente con Lavín. Pero eso no es comparable, tanto porque eran otros tiempos como porque no tenemos una comparación de lo que hubiese ocurrido en una primaria de la Alianza con Lavín compitiendo. El 27% de votos obtenidos por ambos candidatos de la derecha es el único indicador real de lo que hoy piensa la ciudadanía que se expresó en las urnas.

Muchos indican que la expresión de quienes concurrieron a las mesas electorales el domingo pasado son sólo partidarios y que cuando sea la elección general la composición volverá a la clásica fracción de fifty fifty. Eso es muy relativo. Habiendo votado más del 50% de electores que concurrieron para las anteriores elecciones con modalidad voto voluntario, la premisa se relativiza mucho. De mis clases de estadística recuerdo una máxima que indica que por más que agreguemos individuos al universo, el resultado es casi el mismo. Por ejemplo, bastó con saber lo que ocurría con el 20% de las mesas escrutadas para saber cuál era la tendencia general. A medida que se fue ampliando la muestra (agregando individuos al universo), los porcentajes variaron insignificativamente, excepto para las competencias estrechas, como ocurrió con la Alianza. Pero eso es parte de la representatividad de la muestra, cuestión que no vale la pena extenderse aquí.

Lo único diferente para noviembre es la incorporación del resto de los candidatos y la redistribución de los votos de los perdedores en esta vuelta. Pero Bachelet ya tiene un piso de más de un millón y medio de votos. En el mejor escenario de participación, si votasen los tradicionales 7 millones de chilenos que han tenido las últimas 5 elecciones presidenciales, la ex mandataria tendría ya cerca del 25% de los sufragios.

A Bachelet nadie la para. Ni el tsunami, ni las descalificaciones. Lo único que puede evitar su triunfo en noviembre es el trabajo de los candidatos que no estuvieron en la papeleta del domingo pasado. Cuántos electores sean capaces de convocar puede hacer que los votos no le den para una mayoría absoluta. La polarización del resultado indica que ambos bloques tratarán de disputarse el centro (liberal, social o como le llamen), que quedó huérfano y que se estima es cercano al 20%. Excepto que se lo “roben” otros candidatos.

Pero en segunda vuelta, claramente ya se conoce a la ganadora. Bachelet Non Stop.