Errázuriz no ganó… Labbé perdió

Para muchos, la derrota de Labbé, no estaba ni en sus mejores sueños. Para otros no estaba ni en sus peores pesadillas. La derrota de Labbé era más un anhelo que algo que pudiese ser realidad. Pues hoy es un hecho. ¿Cómo? ¿Por qué?

Más allá de las posturas políticas, pocos podrán rebatir que la gestión alcaldicia de Labbé ha sido de las más exitosas del país. Escasos vecinos de Providencia podrán opinar que sus calles estén sucias u oscuras de noche, o que sus plazas estén deterioradas e inutilizables por las familias, que los servicios que ofrece el municipio no sean de calidad o que existan problemas relevantes que una alcaldía deba resolver. Casi con envidia ciudadanos de otras comunas veían a Providencia como una comuna grata para vivir y muchos ediles, de todo el espectro político, han seguido los pasos de Labbé en materia de gestión. ¿Entonces?

En la vereda del frente asomó una figura femenina, carismática, entrañable y apacible, surgida desde las bases vecinales. En todo sentido, lo opuesto a Labbé. Y poco a poco pudo convencer al electorado que un cambio era posible. Pero ese cambio no era una transformación en la gestión ni una solución a problemáticas que afectaran a los vecinos. Simplemente era un cambio del estilo, de la personalidad, del temperamento… un cambio de personaje. Y bien, la gente estaba harta de la conducta y actitud de Labbé.

Labbé es uno de los últimos bastiones del pinochetismo y personifica todo lo negativo que encarna el ex dictador. Su buena gestión no es capaz de opacar este simbolismo.

Labbé cavó su propia tumba. El homenaje a Miguel Krassnoff fue el primer indicio de esta excavación. Y los yerros siguieron: el conflicto con el movimiento estudiantil en liceos emblemáticos de la comuna (Carmela Carvajal, José Victorino Lastarria, Liceo 7) y una mala campaña electoral, enfrentándose a una simple dueña de casa, siempre con la confianza en una victoria anticipada por la mayoría de las encuestas que anuló la intención de hacer campaña puerta a puerta, alejándose aún más de sus bases. Mismas bases que le quitaron el piso. En resumen, la soberbia, arrogancia y un estilo autócrata que terminaron por sepultarlo.

Probablemente muchos que votaron por Errázuriz desconocían la oferta programática que prometía, muchos ignoraban que había sido electa candidata única de la oposición en unas primarias desacreditadas y vapuleadas por el oficialismo, tal vez pocos se enteraron de la compleja situación que se experimentó producto de sus dichos sobre el “matrimonio igualitario”. Nada de eso importó para muchos que sólo votaron por ella en castigo a Labbé. Errázuriz no ganó… Labbé perdió, y sus propios errores le habían pasado la cuenta.

¿Por qué no se le cree al Censo 2012?

Cuando se pensaba que la mayor novedad del censo 2012 era el cambio radical de pasar de un census de facto (recuento de toda la población presente) a un census de iure (recuento de toda la población residente estando presentes o ausentes, casi pasó inadvertido para la mayor parte de la población que desconoce las modificaciones de este hecho. Hoy, en cambio, la novedad radica en que nadie le cree a las cifras preliminares entregadas por el INE, aunque esto esté muy estrechamente vinculado a lo anterior.

Empadronar personas que están en un momento determinado en un lugar preciso permite contabilizar a todos los presentes en un tiempo definido. Así, quienes por diversas circunstancias pernoctaron en otro lugar, quedaban registrados fuera de sus residencias. Empadronar personas independientemente de si están o no presentes pero que residen en un lugar determinado, permite distinguir, efectivamente a los habitantes de un espacio geográfico particular. Lógico es pensar que existen más errores en el primer tipo de censo que en el segundo; sin embargo, parece que algo resultó mal.

Los cuestionamientos al cambio de tipo de censo comenzaron cuando suspicazmente se dijo que el gobierno quería aumentar las estadísticas de empleo al contratando directamente a los censistas (más de 20.000 en todo el país), que no querían arriesgarse a un boicot de los estudiantes (principales encuestadores en censos anteriores), y que no querían perder un día de productividad del país (los días censales eran feriados) para no mermar la macroeconomía.

Hoy los cuestionamientos están en que las cifras preliminares entregadas (16.572.475) no cuadran con aquellas estimaciones que proyectaban una población residente superior a los 17,3 millones de personas. Luego, no es infrecuente escuchar historias cercanas de personas que nunca fueron encuestadas, sea porque nunca un censista golpeó la puerta o porque en más de tres meses la dinámica de las mudanzas y la movilidad laboral evitaron ser censado en un lugar. La sospecha entonces es, se suponía que los habitantes en Chile éramos poco más de 17 millones y ahora resulta que “apenas” somos 16 y medio millones. Aún más, el INE advierte que como nunca, se llegó a empadronar a más del 98% de las viviendas. Un margen de error de 2% podría implicar que unas 340.000 personas estén ausentes en el conteo, pero una diferencia de entre 650 y 800 mil personas en más que un margen de error. ¿Qué pasó entonces?

Las proyecciones se hacen en función del crecimiento intercensal agregando siempre un factor de corrección de tendencia. Chile había crecido a una tasa anual de 1,25% entre 1992 y 2002 (1.768.031 personas se incorporaron a los habitantes en el territorio nacional en ese período). La tendencia, desde 1982 es a crecer a tasas cada vez más bajas, por tanto, el crecimiento proyectado para el período intercensal 2002-2012 debió ser inferior a esa tasa de 1,29% y, sin embargo, las proyecciones del propio INE indicaban una tasa superior. El error entonces, estuvo en la proyección y no en el resultado preliminar del Censo 2012. Aún así, la tasa anual de este período intercensal 2002-2012 es de 0,97%, muy por debajo de lo esperado por los propios demógrafos. Por tanto sí existe una diferencia; menor a la que se supone, pero diferencia al fin.

Es extraño, por ejemplo, que el crecimiento de las viviendas (conteo que se realiza previo al censo y realizado con más precisión) haya crecido en un 30,1% y que la población sólo un 10,1%. Entre el año 1992 y el 2002 el crecimiento de las viviendas también fue mayor (30,7% versus 13,5%), sin embargo –aquí está el meollo del asunto– fue un censo de hecho que sólo cuenta personas presentes y no residentes, por lo que este censo debió haber contabilizado un mayor porcentaje de habitantes.

Otro elemento extraño es el cambio en la tendencia del índice de masculinidad (relación de hombres por cada 100 mujeres). La tendencia en los censos anteriores fue al aumento de este índice (96,1 el año 1982, 96,3 el año 1992 y 97,0 el año 2002) y, sin embargo, el resultado preliminar del censo 2012 rompe la tendencia disminuyendo la relación a 94,7. Puede ser un efecto del cambio del tipo de censo, no obstante, un cambio tan drástico requiere de más explicaciones a fin de evitar más confusiones e incredulidades en los datos.

Por último, es importante destacar que siempre los datos preliminares son luego corregidos. El año 2002 se entregó una cifra preliminar que al año siguiente cambió levemente. Lo extraño es que normalmente disminuyen las cifras en vez de aumentar (al limpiar duplicaciones).

En síntesis, estos resultados siembran más dudas de lo esperado, pero todo tiene una explicación. Es de esperar que sean pertinentes y oportunas ya que esto no contribuye en nada a la alicaída credibilidad del gobierno.

En búsqueda de la felicidad

Aparentemente todas las sociedades, en distintas épocas, han procurado la felicidad, a través de distintos medios y para diferentes fines. Hoy, seguimos en búsqueda de este estado emocional y se procura medir a través de fórmulas que tratan de objetivar un concepto de suyo tan subjetivo como intangible y anímico e individual. Incluso, algunos se aventuran a plantear la felicidad como deseo político para nuestra sociedad. Así, inmiscuidos en los exacerbados procesos materialistas de una sociedad de consumo, los chilenos buscamos la felicidad, tal vez sin siquiera saber qué buscamos.

En la cultura occidental la felicidad es considerada un estado de ánimo efímero, o al menos transitorio, que se produce tras alcanzar logros deseados que se relacionan con la autorrealización, la autosuficiencia, la afiliación y el reconocimiento, entre otros niveles de satisfacción de necesidades superiores que se mueven entre el eudemonismo y el hedonismo. Por alguna razón, las sociedades contemporáneas han equilibrado los logros con la adquisición de bienes generando constantes y repetitivos estados de satisfacción a través del consumo, lo que ha llegado a equivaler a la felicidad que experimentan comunidades como la nuestra. Hoy somos felices mientras más bienes tenemos. Pero aún así, no somos felices, aunque podamos experimentar constantemente estados de ánimo de satisfacción y alegría.

Como antítesis, los religiosos plantean que la felicidad se debe buscar en comunión con Dios. Y bien, es posible que para muchos devotos la felicidad la hallen en la experimentación de bienaventuranzas bíblicas o bien el descubrimiento de la iluminación o del nirvana. Pero qué ocurre con la sociedad laica o aquella que busca otras fórmulas de felicidad; aquella que es permanente y no emocional ni efímera y que está relacionada con lo más intrínseco del ser humano: la armonía interna manifestada en una sensación de bienestar duradera.

De esta forma, la felicidad, tan disímil conceptualmente como individuos pueblan la faz de la Tierra se debe buscar dentro de cada uno y no en el colectivo. Por tanto, sostener que los objetivos de la sociedad del futuro se orientan a la búsqueda de la felicidad a través de los procesos generados por la organización política y los sistemas económicos es una falacia. El político, más bien, debe procurar generar un estado colectivo de bienestar entendido literalmente como el estar bien y no procurar la felicidad de los integrantes de la sociedad. En un estado social de bienestar, la felicidad individual (y por sumatoria, la colectiva) es más fácil.

Chile entre dos realidades paralelas

Cuando algunos advierten sobre el término de las movilizaciones estudiantiles y marchas ciudadanas en razón de la proximidad de las elecciones municipales, argumentando que los votos (a diferencia, a su juicio, de las manifestaciones sociales) definirán la dirección en la que el país quiere avanzar, se cometen yerros imposibles de no advertir. Sin duda es una mirada bastante miope respecto de lo que la sociedad (incluyendo en ella a quienes incluso desean estar fuera de ella) parece querer. En efecto, parecen haber realidades paralelas que no están en sintonía, no dialogan y no se conocen. Es que el divorcio entre un sistema político estático y cómodamente indiferente y una sociedad que avanza dinámicamente a pasos agigantados hacia una apertura cultural y social es, a ratos, mundos opuestos separados por un abismo.

Primeramente, es axiomático que los resultados de una elección municipal no determinarán en absoluto los lineamientos estratégicos que guiarán los destinos de Chile. Por una parte, la gente sabe que un alcalde poco y nada puede hacer frente a los temas país (léase salud, educación, medioambiente, economía, sistema político, etc.), por tanto no está en juego la dirección de desarrollo que el país quiere. Además, el cambio de la ley electoral, donde quien quiere vota, merma absolutamente la premisa en que todos somos iguales y que el voto es el único mecanismo para definir la representación del ‘pueblo’. Máxime, cuando es justamente el sistema electoral y su fórmula de representación lo que ha deslegitimado el sistema político: el sistema no hace que todos los sufragios valgan lo mismo.

En este contexto, cuando el estado de derecho construye una democracia poco y nada representativa ni participativa, se debilita y termina por sucumbir. De esta manera, mientras una realidad paralela demanda seguir un camino, la otra, la que tiene por mandato gestionar la soberanía, insiste en seguir otro diferente, incluso opuesto. La falta de percepción es tan grande que se ha perdido la capacidad de comprender que la sociedad no sólo no está representada desde el punto de vista electoral, sino además, los representantes gestionan justo lo contrario a lo que se quiere. Ahora, desde la ciudadanía tampoco se comprende, efectivamente, que la única alternativa –en el marco de nuestro estado de derecho (construido y administrado de espaldas a la ciudadanía)–  para efectuar un cambio radical que permita que las realidades paralelas se conozcan es a través de las urnas.

Las sociedades se construyen a partir de las manifestaciones culturales que los colectivos elaboran y exteriorizan. Dichas manifestaciones son dinámicas a partir de procesos de intercambio social, transculturación y aculturación y generan una estructura social que también es dinámica, aunque algo más rígidas que las manifestaciones culturales ya que supone la acción de llegar a acuerdos que se expresan en normas de convivencia. Esta estructura social, a su vez, desarrolla un sistema económico que comporta una división de las actividades productivas y, a partir de las relaciones de poder causadas por la estructura social construida se organiza un sistema político cuya máxima expresión es el estado de derecho.

En Chile, todo lo anterior ha sido impuesto: el sistema económico, la organización política e incluso, por derivación (y sin planificación real) una estructura social. Siendo así, es claro que, al menos, parte de la sociedad, los más conscientes, los que tienen claridad respecto de los síntomas, del diagnóstico y del pronóstico, parecen querer otras vías para desarrollar los cambios que permitan dirigir los destinos del país hacia otros derroteros. El problema es, entonces, cómo se hace para que quienes reconocen en el sistema político, económico y social del país una situación impuesta y, por tanto, inválida, modifiquen el sistema desde dentro. Es cómo pedirle al agnóstico que reniegue de Dios.

Cuando algunos advierten sobre el término de las movilizaciones estudiantiles y marchas ciudadanas argumentan que estos actos generan desigualdad al imponer –a veces– ciertos temas en la agenda en desmedro de otros. Es cierto. Sin embargo es justamente el mismo sistema el que promueve estas acciones. El lobby es un ejemplo, y en esta actividad si que existen desigualdades y poderes fácticos actuando. Los agnósticos del sistema no reconocen otra forma.

Prohibir por prohibir. Prohibido prohibir.

Un verdadero ataque de prohibinistis aguda afecta a varios congresistas (bancada médica) y ONG en Chile. Parece ser que algunos parlamentarios (que poco tienen de representantes) y ciertos líderes de ONG que supuestamente se arrogan el título de representar a los ciudadanos han llegado a la conclusión que justamente los ciudadanos somos idiotas. En virtud de esa estupidez que nos aqueja, han decidido vedar ciertas libertades. Ello tiene una doble lectura: mientras por una parte prohíben, tampoco entregan alternativas; y en segundo término, mientras prohíben ciertas conductas humanas y sociales, otras, igual o más perniciosas, son absolutamente dejadas de lado. El punto es ¿dónde está el límite donde el Estado decide por uno? Ese límite no existe; es una frontera amplia donde el bien común choca con los derechos privados y en ese espacio se discuten ciertas barbaridades, demagogias a veces populares y otras veces desprestigiadas.

¿Por qué se prohíbe la marihuana y no el tabaco? ¿Por qué se desea prohibir la venta, a todos los menores de edad, de ciertos alimentos?

Claro, cuando se prohíbe algo que no tiene alternativas (o substitutos como se diría en economía), se coarta completamente la libertad del individuo a decidir, a elegir. Creo preferible el monopolio a la inexistencia de oferta.

Es cierto, muchas de las intenciones de prohibir ciertos productos son absolutamente honestas y bien intencionadas. Sin embargo, quitándole responsabilidad a la gente (y tratándola como idiota) no se consiguen solucionar los problemas que teóricamente se buscan mitigar. Aquí el diagnóstico es correcto, el problema es concreto, tal vez las causas no están bien determinadas y, peor aún, las propuestas de solución están claramente erradas.

El problema no es la adicción al cannabis, es el narcotráfico que se produce justamente por su prohibición. ¿Y que hace el Estado por los drogadictos? Las políticas de rehabilitación en Chile son un chiste…de mal gusto.

El problema no es que existan cadenas de comida rápida que expenden productos altamente saturados en grasa. El problema es que el Estado no educa a los padres en el consumo saludable de alimento para sus hijos. La obesidad infantil es una problemática nutricional cuyas causas están en los hábitos alimenticios, no en la oferta de alimentos.

Es contradictoria esta sociedad que aboga por la no discriminación (arbitraria) y abre espacios para la tolerancia, pero que, al mismo tiempo, restringe la libertad de los individuos de elegir. Pero claro, la libertad individual tiene límites. Los derechos de los demás y, por sobretodo, el bien común. Es allí donde se sustentan y encuentran justificación muchas de estas prohibiciones. Pero el inconveniente es que se intenta poner el foco justamente en ello, cuando el verdadero problema y sus causas, como ya se mencionó, son otras.

La encuesta CASEN y el Chile que revela

A partir de la entrega de los resultados de la encuesta CASEN 2012 se ha levantado mucha polémica estéril que no aporta nada al tema central: disminuir los niveles de pobreza en que viven más de dos y medio millones de personas en el país. Se debe entender que la realización de esta encuesta no sólo es para conocer el número de pobres e indigentes del país (este es casi un objetivo secundario) sino conocer la situación de pobreza, esto es, cuáles son los componentes de la pobreza en Chile a fin de mejorar las políticas sociales tendientes a disminuir la cantidad de personas que viven en este deplorable estado.

Vamos por parte. ¿Ha disminuido la pobreza en Chile? Sí, y mucho. Las cifras son elocuentes. Comparativamente hablando, Chile es uno de los países en que más rápidamente ha reducido estos indicadores en Latinoamérica y en el mundo. Sólo un dato: en la década del 90 se redujo la pobreza a casi la mitad, de un 38,6% a un 20,2% y la extrema pobreza dos y media veces, de un 13,0% a un 5,6%. Claramente, además, cualitativamente, la pobreza de hace 20 años no es igual a la de hoy. El problema está en que en la última década la disminución de la pobreza ha sido mucho más lenta; entre el año 2000 y el 2012 varió sólo -5,8%, versus el -18,4% de la década anterior. Las razones son muchas, pero la principal es que la pobreza estructural es más difícil de erradicar y en Chile la mayor parte de la pobreza que existe es de este tipo, es decir, aquella que alcanza a cubrir a penas sus necesidades básicas, pero leves variaciones económicas y en las políticas sociales los afectan rápida y profundamente, cayendo ipso facto a estados más precarios dentro de su vulnerabilidad social.

Luego, se ha dicho, como dogma de fe, que el crecimiento económico es el motor que permite mejorar las condiciones socioeconómicas de los más vulnerables. Las cifras nuevamente corroboran esta afirmación. De hecho si se comparan las gráficas de las variaciones del PIB con las variaciones de la disminución de la pobreza, las líneas presentan, en términos generales, un comportamiento homogéneo. El problema, nuevamente, está en que en los últimos tres años el PIB ha crecido en una proporción mucho mayor al de la disminución de la pobreza. Hasta aquí no más llegó la teoría “del chorreo”.

Otras discusiones bizantinas que enfrentan a oficialistas con opositores como que la extrema pobreza ha tenido una importante disminución en este gobierno o que la pobreza no indigente no tuvo disminución, son inútiles. El único tema importante es que la disminución de la pobreza está tocando techo con las actuales políticas sociales –y cuando menciono actuales no sólo me refiero a las de este gobierno– . Siguiendo las tendencias, la pobreza debió haber sido cercana al 11% y no al 14,4% que reveló la encuesta CASEN. Por tanto, la verdadera discusión debe ser por qué el Estado no está haciendo bien la pega en su tarea de disminuir esta situación.

Tampoco es relevante en la discusión –al menos en ésta– el tema de la desigualdad. No por tratar de acortar las enormes brechas socioeconómicas disminuirá la pobreza, al contrario. La tarea del Estado por disminuir la brecha social no pasa por coartar la acumulación de riqueza de los que más poseen, sino que en utilizar parte de estos mayores recursos (a través de impuestos específicos y reformas tributarias reales) en mejorar los sistemas de protección, promoción y asistencia social de los más desposeídos.

Finalmente, la encuesta es sólo un instrumento de medición (para otro blog da el tema del instrumento propiamente tal), mejorable o no, pero que entrega una imagen de una situación que es francamente insostenible en un país que pretende entrar en las ligas mayores –recordemos también que en los países desarrollados también existe pobreza– , por tanto, el cuestionamiento a su esencia no es relevante en relación con los resultados. Claramente la pobreza no termina donde una línea arbitraria define que se acaba, pero es una forma cuantitativa de medir esta situación de vulnerabilidad social. Sin duda, sobre la línea de pobreza la vulnerabilidad continúa, con diversos matices.

Participación ciudadana y el bien común.

Supongamos por un momento que las decisiones políticas del país se tomaran por mayoría absoluta de los ciudadanos mediante constantes plebiscitos, referéndums y asambleas constituyentes y la clase política sólo se dedicara a las labores administrativas y a dar cuenta de los avances (y retrocesos) de la gestión. Sin duda sería la panacea de la participación ciudadana, aquella donde los ciudadanos resuelven acerca de las grandes decisiones. Esta utopía, sin embargo, no es posible. En ella, carecen de importancia la representación y los liderazgos –cuestión que es el principal obstáculo para que exista un proyecto de esta naturaleza– y, peor aún, no se protegería el bien común y, como ovejas en el despeñadero, la sociedad se iría a pique.

Garrett Hardin, en su polémico ensayo “La Tragedia de los Comunes”, expone una situación ficticia en la cual varios pastores, motivados sólo por el interés económico personal y actuando autónoma pero racionalmente, terminan por destruir un pastizal compartido limitado (el común) aunque a ninguno de ellos, ni en forma individual ni colectiva, les convenga que ocurra tal destrucción. En efecto, la participación ciudadana, por muy mayoritaria que sea, siempre tenderá a favorecer intereses económicos y personales por sobre aquellos de interés común.

¿Cómo sería posible que elementos de interés común no sean priorizados por la población en un proceso de participación ciudadana? Simple, porque el interés común no siempre es el interés colectivo. Por ejemplo, es de interés común contar con un vertedero para el depósito de los residuos de toda una comunidad, pero nadie, ni individual ni colectivamente está dispuesto a permitir que dicho vertedero se instale a metros de su vivienda.

En consecuencia, alguien debe velar por el bien común: los poderes del Estado. El problema contrario, sin embargo, es cuando se argumenta que por velar por el bien común se imposibilite el bien colectivo. Volviendo al ejemplo del vertedero, sería instalar el vertedero en medio de una urbanización con alta densidad poblacional. Así, entonces, se requiere de alguien que técnicamente indique cuál es la mejor localización, esto es, donde tenga menor impacto, para la población y para el entorno. Ahora vemos claramente como equilibrar la trilogía burocracia–tecnocracia–participación ciudadana para alcanzar altos niveles de satisfacción política y, por ampliación, social.

La participación ciudadana, entonces, tiene límites, que son más claros cuando los liderazgos políticos actúan como orientando y guiando a la ciudadanía hacia horizontes claros, sin caer en el populismo de hacer lo que las mayorías circunstanciales o de mayor presión quieran si atentan contra el bien común. Para que ello ocurra, los liderazgos deben estar en sintonía con las necesidades ciudadanas pero deben proponer soluciones realistas. Una ciudadanía “empoderada” supone también mayores espacios de participación, pero éstos deben estar claramente informados y deben ser dialogantes más que prepotentes. Los límites no son claros, son difusos, más bien son fronteras, y requieren, además, de dirigencias positivas.