Cuando
algunos advierten sobre el término de las movilizaciones estudiantiles y
marchas ciudadanas en razón de la proximidad de las elecciones municipales,
argumentando que los votos (a diferencia, a su juicio, de las manifestaciones
sociales) definirán la dirección en la que el país quiere avanzar, se cometen
yerros imposibles de no advertir. Sin duda es una mirada bastante miope
respecto de lo que la sociedad (incluyendo en ella a quienes incluso desean
estar fuera de ella) parece querer. En efecto, parecen haber realidades
paralelas que no están en sintonía, no dialogan y no se conocen. Es que el
divorcio entre un sistema político estático y cómodamente indiferente y una
sociedad que avanza dinámicamente a pasos agigantados hacia una apertura
cultural y social es, a ratos, mundos opuestos separados por un abismo.

En
este contexto, cuando el estado de derecho construye una democracia poco y nada
representativa ni participativa, se debilita y termina por sucumbir. De esta
manera, mientras una realidad paralela demanda seguir un camino, la otra, la
que tiene por mandato gestionar la soberanía, insiste en seguir otro diferente,
incluso opuesto. La falta de percepción es tan grande que se ha perdido la
capacidad de comprender que la sociedad no sólo no está representada desde el
punto de vista electoral, sino además, los representantes gestionan justo lo
contrario a lo que se quiere. Ahora, desde la ciudadanía tampoco se comprende,
efectivamente, que la única alternativa –en el marco de nuestro estado de
derecho (construido y administrado de espaldas a la ciudadanía)– para efectuar un cambio radical que permita
que las realidades paralelas se conozcan es a través de las urnas.
Las
sociedades se construyen a partir de las manifestaciones culturales que los
colectivos elaboran y exteriorizan. Dichas manifestaciones son dinámicas a
partir de procesos de intercambio social, transculturación y aculturación y
generan una estructura social que también es dinámica, aunque algo más rígidas que
las manifestaciones culturales ya que supone la acción de llegar a acuerdos que
se expresan en normas de convivencia. Esta estructura social, a su vez, desarrolla
un sistema económico que comporta una división de las actividades productivas y,
a partir de las relaciones de poder causadas por la estructura social
construida se organiza un sistema político cuya máxima expresión es el estado
de derecho.
En
Chile, todo lo anterior ha sido impuesto: el sistema económico, la organización
política e incluso, por derivación (y sin planificación real) una estructura
social. Siendo así, es claro que, al menos, parte de la sociedad, los más
conscientes, los que tienen claridad respecto de los síntomas, del diagnóstico
y del pronóstico, parecen querer otras vías para desarrollar los cambios que
permitan dirigir los destinos del país hacia otros derroteros. El problema es,
entonces, cómo se hace para que quienes reconocen en el sistema político, económico
y social del país una situación impuesta y, por tanto, inválida, modifiquen el
sistema desde dentro. Es cómo pedirle al agnóstico que reniegue de Dios.

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