El circo por el Caso Tsunami.

Es evidente que el oficialismo ha iniciado una campaña política para desprestigiar a la ex presidenta Bachelet y, por el lado de la oposición se efectúan acciones para defenderla, todo en el marco de, por el lado de los ataques, la gestión de la ex mandataria tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 (o 27 F, como lo ha bautizado la prensa siútica e imitadora), y, por el lado de la defensa corporativa, los resultados de las encuestas que dan una amplia ventaja a Bachelet por sobre cualquier nombre del oficialismo.

Lo más lamentable del caso es que los familiares de las víctimas jamás podrán conocer con la objetividad que hubiesen pretendido, qué fue lo que efectivamente ocurrió esa fatídica madrugada. El caso judicial hoy va por un camino (con altibajos) y el caso político (politiquero mas bien), va por la vereda de enfrente, y se enturbian, se entorpecen. Judicialmente lo que la fiscalía y demandantes quieren es precisamente conocer si los errores cometidos por los organismos que tienen a cargo la seguridad de la población en casos de emergencia (de catástrofe, más bien) tienen o no responsabilidad penal respecto de no haber emitido una alerta de tsunami, acción que, por omisión, habría sido responsable indirecta de 156 muertes y 25 desaparecidos. Políticamente, en cambio, se buscan responsabilidades administrativas y políticas por el actuar de las autoridades tras el sismo. Ambas temas son distintos. Se pueden tener responsabilidades políticas, incluso administrativas, sin que éstas sean constitutivas de delito alguno. Por tanto, quienes pretenden mezclar los ámbitos sólo buscan un objetivo politiquero, esto es, desprestigiar a las autoridades de la época. Es por ello que la hoy cuestionada (por parte de los querellantes y del oficialismo) fiscal Huerta tiene claro que la ex presidenta Bachelet no tiene responsabilidad penal, ni siquiera civil y, en consecuencia, judicialmente nunca será formalizada ni menos procesada por este caso.

A partir de un video ya difundido el año 2010 en la prensa, se pretende inculpar a la ex mandataria por ocultamiento de información, toda vez que, de acuerdo a lo que allí se observa, mientras Bachelet enfrentaba las cámaras de TV a las 6 de la mañana, se puede escuchar una conversación radial en la que se informa (se desconoce quien es el emisor) que ocurrió un tsunami en la isla Robinson Crusoe (archipiélago de Juan Fernández). Posteriormente la ex presidenta, aconsejada por su asesora, decide no entregar dicha información a la prensa. Es nuevamente interrogada por los medios que ya conocían por filtraciones que el hecho había ocurrido a las 4:25 de la madrugada y responde que no ha habido tsunami en las costas del sur y que las informaciones no oficiales hablan de olas mayores a lo normal producto del sismo. Por tanto, si bien se le aconseja ocultar información, finalmente la ex presidenta si se refirió a ella.

Ciertamente lo que ocurrió en esa situación es que la información oficial (la que se entrega por las ONEMI regionales y demás organismos de seguridad) era absolutamente escasa. Hasta la prensa carecía de información. Las comunicaciones estaban caídas y no había forma a esa hora de corroborar lo que estaba ocurriendo. La información de Juan Fernández había sido proporcionada por un concejal, ni la capitanía de puerto de la Armada en Juan Fernández ni Carabineros de la isla corroboraban dicha información. Por el contrario, se hablaba de variaciones centimétricas del nivel del mar. ¿Cómo entonces se podía decir que había ocurrido un maremoto? Luego se levantó una hipótesis extraña: las marejadas que se comenzaban a informar no eran tsunami... Tsunami son olas que entran cientos de metros tierra adentro como lo ocurrido en Indonesia. Finalmente si eran olas sísmicas. Lo que ocurre es que en Chile desde la costa a los cerros hay pocos metros y por ello el mar no entra kilómetros tierra adentro (por suerte) como en Japón o en Indonesia, con excepción de las desembocaduras de los ríos.

En este caso, como ya lo he comentado, lo que hubo fue una paupérrima plataforma de emergencia, con protocolos poco precisos que fue desbordada por un hecho de la naturaleza de gran magnitud a escala planetaria, no había comunicaciones, los técnicos ignoraron los acontecimientos y no se emitió una alerta temprana. Ya comenté que probablemente el que hubiese habido dicha alerta no hubiese evitado las muertes, al menos no todas, pero acá lo que se juzga es el no haber efectuado adecuadamente la labor preventiva. Si eso es así, no hay delito sino falta administrativa. Si se comprueba que el no haber dado la alerta fue condicionante indirecta de alguna muerte (como creo que lo fue justamente para el caso de Robinson Crusoe), pues algunos formalizados deberán ser condenados.

Luego están las que claramente son faltas administrativas. Lo que se le imputa a Rosendes y a Fernández es no haber dado la alerta, sin embargo, claramente con información técnica errada o, al menos imprecisa, no es posible que sean sancionados judicialmente. Además, si hubiesen dado la alerta cuando llegaron a la ONEMI (pasadas las 4:30 AM), la historia trágica de las víctimas no hubiese sido distinta. Finalmente, a Bachelet, que no tiene ninguna implicancia en la fallida alerta temprana, sólo queda imputarle pretextos políticos: falta de liderazgo, errores de decisión, u otros. Pero esos no son faltas administrativas ni menos penales. El resto que quieran atribuirle sólo será circo.

Creo que de lo único que es responsable es de no haber mejorado las condiciones técnicas de la ONEMI, las cuales por décadas han sido misérrimas. Pero allí habría que inculpar a todos los ex presidentes que no hicieron mejoras en dicha institución.

Pseudoperiodismo, pseudocensura y "pseudonanas"

Tras la decisión de Canal 13 de no transmitir la segunda parte del ‘reportaje’ sobre la discriminación a las empleadas domésticas, se ha abierto un doble debate respecto de la calidad periodística en la TV y sobre la ‘censura’, justo en la semana en que se celebraba el día de la libertad de prensa.

La acción que tomo Canal 13 se justificó en el hecho que el ‘reportaje’ no respetaba la línea editorial. Esto claramente no es así ya que la primera parte había sido transmitida y, por tanto, si había sido aprobado por la editorial de prensa. Empero tras la renuncia de la jefatura quedó claro que el ‘reportaje’ sí había transgredido las reglas de la dirección más que las del área editorial. A partir de la emisión de la primera parte y se da a conocer el trabajo periodístico, no solo el televidente observó la mala factoría del trabajo hecho con impericia y vulgaridad, sino que también las autoridades del canal se dan cuenta, probablemente a partir del revuelo generado y de las eventuales quejas de los aludidos, que, en efecto, el ‘reportaje’ era más bien la elaboración de una ficción informativa –un montaje, para decirlo en castellano–, donde una “dramatización” facilista en la que participan actrices, pretenden demostrar una tesis prediseñada: las “nanas” son objeto de discriminación en Chile. El hecho es probablemente cierto; el clasismo está instalado en nuestra sociedad. El punto es que a partir de cámaras ocultas y de un trabajo teatral más que informativo, se efectúa un montaje ajeno a la realidad: ¿se imaginan una empleada doméstica con un sueldo de unos $350.000 al mes, solicitando matrícula para una hija en un establecimiento donde la colegiatura duplica su salario? Para mayor dramatismo, y lejos de un hecho real, la actriz que representaba el papel de “nana” llevaba un atuendo ad-hoc, sólo para identificar su calidad de empleada doméstica. ¿De cuando un mecánico o un obrero o una parvularia llevan puesto su traje de trabajo para hacer trámites personales? En fin. Como ya había escrito, hoy el periodismo deja mucho que desear.

El periodismo televisivo está siendo sustituido por las artes de la representación y por el sociologismo al alero del rating y la gestión comercial. En necesario que la televisión proscriba de sus prácticas de cámaras ocultas y el melodrama. Distinto es una cámara escondida que en un espacio público recoge imágenes de situaciones reales, no montadas, que constituyan ilícitos o faltas de algún tipo.

 Finalmente, es preciso clarificar que en este caso no hubo censura. Claramente no fue un organismo externo al canal quien por algún medio impidió que se transmitiese la segunda parte del montaje… perdón, ´reportaje’. Aquí fue el propio canal quien, por las razones que ha aludido (el trabajo periodístico no cumplía con las reglas editoriales) quien libremente decidió no emitir una segunda parte. Se debe aclarar, además, que en esta segunda parte, se revisaría en cámara la respuesta de los supuestos discriminadores. Claramente el canal trató de evitar posibles querellas por difamación u otro delito.

El periodismo deja mucho que desear en Chile…

En los últimos diez o quince años el periodismo, al igual que muchas otras profesiones, ha decaído notablemente. El problema es que el periodismo es una de las profesiones con mayor connotación pública al exponerse en los medios de difusión masiva y ser objeto de opinión. Pero el hecho es que cada día los reportajes carecen de calidad, la información no es de primera fuente, mucha de ella está pauteada, las entrevistas están acordadas y las opiniones vertidas por muchos carecen de fundamento.

En Chile el periodismo es una carrera que es ofrecida por muchas universidades (tradicionales y privadas) y ha caído en descrédito desde que muchas figuras televisivas con notable carencia intelectual han obtenido sus títulos profesionales y ofician de periodistas de farándula u opinólogos en programas radiales de dudosa reputación. Cómo no extrañar programas como Informe Especial, Mundo 83 y otros similares que entregaban más que información, entregaban cultura; periodistas como Carmen Correa, Hernán Olguín, Bernardo de la Masa, por mencionar mezquinamente algunos. Hoy contamos con los dedos de una mano los periodistas destacados pero conocemos a más de una veintena de reporteros y dos docenas de opinólogos en diversos medios que no son capaces de contar una buena historia, de entrevistar a alguien con información actualizada y fiable que permita poner en jaque al entrevistado.

En Chile ningún periodista (habrá excepciones, claro está) es especialista en ningún tema.  En otros países el periodismo es casi un postgrado que economistas, cientistas políticos y otros profesionales realizan para incorporarse en los medios de comunicación.

Así hemos llegado a que los noticieros son un 25% noticias de reporteos de tragedias y notas policíacas: para reportear esto no hay que ser muy brillante, sino entrevistar a las policías que dan su informe característico “los sujetos contaban con arma blanca e intimidaron a los moradores de la vivienda, reduciéndolos y sustrayendo las especies que robaron” y a los damnificados  con preguntas tan obvias como estúpidas “y usted… ¿qué sintió al ver que su negocio era asaltado por tercera vez este año?”.

Otro 20% son noticias absolutamente pauteadas, principalmente las inauguraciones y actividades de Moneda, Ministerios, municipios y del Congreso. Tanto así, que el día anterior ya se conoce la pauta del día siguiente.

Luego tenemos un 40% de deportes (del cual el 95% es fútbol). Aquí no hay mucho que decir. Basta con editar los partidos y balbucear comentarios idiotas.

10% de las noticias son notas internacionales. Nada que aportar, salvo algún comentario “especializado”.

Finalmente, un 5% de las noticias son noticias de verdad, algún reportaje interesante pero normalmente poco logrado, empleando tácticas como cámaras ocultas y forzando situaciones que normalmente no ocurren en la realidad. Un ejemplo, el reportaje de las Nanas de Canal 13. ¿Alguien ha visto en la vida real una asesora doméstica yendo a preguntar a un colegio particular pagado con matrículas de más de 300 lucas si puede matricular a su hija?

Por suerte muchos de estos periodistas ofician de opinólogos de farándula. La verdad es que al menos ellos son auténticos y ofician donde efectivamente pueden ejercer su profesión.

Tsunami del 27-F, una dramática realidad. Supongamos que no hubiese sido así...

Para poner las cosas en su contexto, supongamos por un momento que la madrugada del 27 de febrero de 2010 los organismos que operan en casos de emergencia hubiesen operado correctamente. La historia hubiera sido distinta, pero no tanto como muchos creen.

Imaginemos que tras el terremoto el SHOA obtiene la información precisa sobre el epicentro y la magnitud del sismo e interpreta correctamente que se podría generar un tsunami, unos cinco a seis minutos más tarde. Luego, adecuadamente emite la alerta de tsunami y ésta llega a la ONEMI por los conductos oficiales y es bien interpretada por los funcionarios de ese organismo. Sigamos suponiendo que la ONEMI transmite unos ocho a diez minutos tras ocurrido el sismo la alerta a los organismos de la sociedad civil encargados de difundir la alerta directamente a la población (carabineros, bomberos, municipios, etc.). Supongamos aún, que estos organismos, inmediatamente salen a alertar a la población, en uno o dos minutos. Aún más, supongamos que los medios de comunicación transmiten en forma inmediata por radio y televisión la alerta.

En este hipotético escenario, los habitantes y visitantes de las localidades de la costa de la VII Región habrían tenido entre 3 y 10 minutos para evacuar hacia zonas seguras, mientras que aquellos de la VIII región hubiesen tenido hasta 20 minutos. Las primeras olas llegaron entre las 3:50 y las 4:10 de la madrugada a estos sectores, es decir, 14 a 34 minutos después del terremoto –que terminó a las 3:36 horas–.

¿Se hubieran salvado las 156 personas trágicamente fallecidas producto del tsunami y los 15 desaparecidos? Probablemente algunos de ellos sí. Otros no.

Las cifras son crudas y trágicas: En la V Región fallecieron 20 personas, 13 de ellos en Robinson Crusoe, más 3 desaparecidos; en la VI Región fueron 3 muertos y 2 desaparecidos; en la VII Región fueron 80 muertos y 6 desaparecidos; y en la VIII Región fueron 53 muertos y 4 desaparecidos.

65 de los fallecidos y 4 de los desaparecidos en la VII Región producto del maremoto estaban en la isla Orrego en Constitución, sin ninguna posibilidad de evacuar. Ellos con una alerta temprana, oportuna y efectiva, no se hubiesen salvado.

Los 17 fallecidos y dos desaparecidos entre Constitución y Cobquecura, que estaban en las localidades de Pellines, Pelluhue, Curanipe y Chevollén, nadie los hubiese alertado (no hay oficinas municipales, ni bomberos ni carabineros). Misma situación con los dos fallecidos en Lleulleu (VIII Región) y los tres fallecidos y dos desaparecidos en Llico (VI Región).

Quizás, si el corte energético no hubiera afectado a Talcahuano, Dichato, Cobquecura, Lebu y Tirúa, y la gente hubiese tenido radio a pilas y hubieran sido alertados por funcionarios municipales, marinos carabineros y bomberos, se hubiesen salvado unas 60 personas. Los únicos que se hubiesen salvado efectivamente hubiesen sido los de Juan Fernández, quienes ni siquiera sintieron el terremoto.

Demasiadas suposiciones y hechos que en la práctica no ocurrieron (sin cortes de energía ni de telecomunicaciones, con municipios activos y con planes locales de emergencia y alerta, con población con kits de emergencia listos para evacuar rápidamente sin perder tiempo en buscar cosas).

El hecho es que nada de eso ocurrió. Chile no estaba preparado. No sé si hoy lo está. Lo más probable es más que hace dos años. En Japón el 11 de marzo de 2011 fallecieron 12.150 personas sólo a causa del tsunami, en una sociedad con la tecnología más avanzada del mundo en estas materias. Ellos sí fueron alertados y el resultado fue mucho más dramático.

Si los técnicos hubiesen tenido información rápida de la magnitud y epicentro del sismo, si las comunicaciones hubiesen funcionado, la alerta hubiera sido efectiva; pero eso tampoco fue así.

Los únicos errores punibles fueron que nadie supo interpretar los acontecimientos y no se tomaron las decisiones a tiempo. En ello el SHOA es responsable y los técnicos de la ONEMI también. Luego, todos los hechos posteriores, aquellos acaecidos después de las 4:25 horas de esa madrugada, carecen de toda relevancia para imputar personas ya que a esa hora, la mayor parte del país ya había sido afectado por el tsunami. Si la alerta se hubiese dado a esa hora, nada hubiese sido distinto, incluso para los de Robinson Crusoe. Por tanto, las responsabilidades del Jefe de Alerta Temprana de la ONEMI, su directora y del subsecretario del Interior no son civiles ni penales. Cuando mucho, son faltas administrativas, relacionadas con la contratación de subalternos sin capacidades técnicas necesarias y con la mantención de instrumental técnico inadecuado. Respecto del Jefe de Sismología (que no era sismólogo) que afirmó a las 6:25 de la madrugada que no había ocurrido un tsunami, creo que no tiene ninguna responsabilidad.

Tsunami 27 F una cadena de errores: incompetencia y descoordinación.

Un verdadero festín político se ha está generando tras la evacuación de la investigación de la fiscal Huerta sobre la gestión estatal de emergencia desarrollada a causa del terremoto del 27 de febrero de 2010 y las formalizaciones de la ex Directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y del ex subsecretario del Interior, entre las mayores autoridades. Las formalizaciones apuntan también a funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y funcionarios de la ONEMI y un funcionario del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile (del cual hoy se sabe no tiene estudios de geociencias. En la arena política, algunos apuntan sus dardos a funcionarios de mayor jerarquía, incluyendo a la ex Presidenta Bachelet, al menos por sus eventuales responsabilidades políticas. ¿Cómo hacer un análisis serio y objetivo de un lamentable y doloroso evento cuando nadie es capaz de analizar los hechos  con imparcialidad política y ecuanimidad ética? 

Intentemos uno centrado en los acontecimientos publicados en la prensa, analiza la cadena de errores en su mérito, evaluando cada hecho y considerando, por sobre todo, el contexto en que éstos se dieron. Los análisis ex post son siempre insensatos: “Se hizo esto cuando se debió hacer esto otro, o no se hizo aquello cuando debió haberse hecho”. El análisis, más bien es cuál es la razón de haber hecho lo que no debió hacerse o por qué no se hizo lo que sí debió hacerse.

Una vez producido el sismo (a las 3:34 hrs.) durante los siguientes diez minutos, los funcionarios de turno de la ONEMI convocan al personal y comienzan a solicitar y recibir información desde las oficinas regionales. Dicha información se centra, lógicamente, en las intensidades del sismo, localización del epicentro y los daños potenciales y posibles víctimas. Quince minutos tras el terremoto, un eventual tsunami aún no es tema ya que hasta entonces no se tiene información precisa de la ubicación geográfica del hipocentro ni de la magnitud del sismo. Además, el último maremoto en Chile había ocurrido hace más de 20 años (la memoria es frágil). Sin embargo, el SHOA, a las 3:48 hrs. ya había recibido un fax del Pacific Tsunami Warming Center (PTWC) con información acerca de la generación potencial de tsunami en el Océano Pacífico Sudoriental. Sólo dos minutos más tarde comenzaban a llegar las primeras olas a las costas chilenas dejando víctimas y desaparecidos. A las 4:01 horas, conociendo magnitud y localización del epicentro del sismo, la ONEMI solicita radialmente al SHOA confirmación de alerta de tsunami, pero el SHOA descarta dicha alerta. Seis minutos más tarde, sin embargo, la ONEMI recibe el primer fax desde el SHOA con alerta de tsunami (poco más de media hora después del sismo). La ONEMI no emite la alerta.

La primera pregunta de fondo es: ¿era posible emitir una alerta temprana de tsunami? Probablemente sí. Una vez que era conocida la magnitud (8,8 Mw) y la localización del epicentro (63 km al suroeste de Cauquenes) era lógico suponer la generación de un maremoto (al menos así lo suponemos hoy). No se explica de otra forma la solicitud de la ONEMI al SHOA de información al respecto a las 4:01 hrs. De acuerdo al protocolo, el SHOA debe proporcionar dicha información para su difusión por la ONEMI. Ello se produjo a las 4:07 hrs., más de quince minutos después de la llegada de las primeras olas.

Ahora, ¿por qué el SHOA contradice su información sobre la generación de tsunami por distintos canales de comunicación? A las 3:51 hrs., la bitácora del SHOA indica que enviará boletín con alerta de tsunami a la ONEMI, incluyendo horas estimadas de arribo de las olas. Siete minutos más tarde envió un correo electrónico con dicha información, el cual no fue recibido en la ONEMI dada las condiciones de black-out energético y de comunicaciones. Tres minutos más tarde, radialmente el SHOA informa a la ONEMI que no existe alerta de tsunami, pero seis minutos después, el SHOA envía el primer fax con la alerta a la ONEMI. Aparentemente las contradicciones y demoras en la entrega de la información se produjeron dado que el jefe de guardia del SHOA siguió el protocolo mientras el jefe de oceanografía analizaba la información disponible y no estaba seguro si debía o no clasificar el evento como “generador de tsunami”. Se puede, incluso, presumir que esperaba confirmación visual, en una situación de black-out de comunicaciones, con capitanías de puerto, de acuerdo a la información grabada de radioaficionados y operarios regionales de ONEMI. Aparentemente la decisión fue la prudencia en vez de la alerta.

Luego, ¿por qué la ONEMI no emitió la alerta de tsunami cuando fue recibida a las 4:07 hrs.? El jefe de turno del Centro de Alerta Temprana admitió incomprensión de la significación del fax y desconocimiento del protocolo a seguir. En el intertanto esperó que llegara el jefe del Centro de Alerta Temprana u otra autoridad que le diera una orden o interpretara la información recibida. El único presente era el jefe de gabinete de la ONEMI quien no tenía conocimientos técnicos y sólo se limitó a informar al subsecretario del Interior que llegó a la ONEMI a las 4:12 horas. La única decisión ante la incompetencia fue solicitar mayores antecedentes al SHOA. La Armada informa radialmente que los instrumentos no muestran variaciones del nivel del mar y que se realizaría chequeo visual. Respuesta obvia si se consulta por la ocurrencia de un maremoto y no por la alerta en sí. La alerta estaba oficialmente enviada. La decisión fue la prudencia en vez de prevención, siguiendo el refrán: “ante la duda, abstente”. El problema es que no debió existir duda alguna en el único organismo técnico encargado de las emergencias de este tipo en el país.

Entre las 4:15 y las 4:30 horas se producen las segundas olas de tsunami en las costas chilenas cerca del epicentro, salidas de mar en la región de Valparaíso y el tsunami de Robinson Crusoe en Juan Fernández. Posteriormente llegan la directora de la ONEMI y el jefe del Centro de Alerta Temprana, quienes por quince minutos discuten acerca del alcance del fax recibido a las 4:07 hrs. desde el SHOA. A las 4:49 hrs. deciden confirmar la información y el SHOA informa que no se genera tsunami en Chile y levanta oficialmente la alerta, mientras se recibe un segundo fax del PTWC que se mantiene la alerta de tsunami en el Pacífico. Tras la negación de la información, el subsecretario del Interior y la directora de la ONEMI informan a los medios de comunicación que se descarta riesgo de maremoto en las costas chilenas. A las 4:56 hrs. El SHOA vuelve a descartar la alerta de tsunami.  Poco después llega la presidenta Bachelet a la ONEMI y se le entrega un informe con la situación del país incluyendo las contradicciones del SHOA respecto de la alerta de tsunami. A las 5:40 la presidenta habla con la prensa sin hacer referencia al tsunami, pero en radio Biobío una locutora se informa que al no haber riesgo de maremoto, la gente que se encontraba en partes altas puede regresar a sus casas. De aquí el mito que fue la propia presidenta la que habría incitado a regresar a las viviendas.

Ante los hechos, es claro que la falta de información, la incompetencia de los “técnicos” que se encontraban de turno y luego, la extrema prudencia de las autoridades fueron los tres elementos que impidieron emitir una alerta temprana. Ahora bien, aún cuando hubiese habido información y hubiesen estado los técnicos competentes, lo más probable es que la alerta igual se hubiese emitido con posterioridad a las primeras olas, esto es quince minutos después del sismo. La historia hubiese sido la misma desde el punto de vista del desastre. La única diferencia es que no habría esta caza de brujas politiquera. Tal vez los de Robinson Crusoe sí hubiesen estado preparados. Quizás. Sólo recordar que nadie se podía comunicar con nadie hasta avanzada la madrugada de ese fatídico 27 F.

Yo apuntaría los dardos a los supuestos técnicos del SHOA y de ONEMI (en ese orden) y luego a las autoridades, pero no por su impericia e incompetencia en el momento, sino por no haber estructurado un buen sistema de emergencia, en forma previa. Espero comentarios.

La Torre Eifel de Paulmann. Mucho debate insustancial.

Bastante tiempo lleva en cuestionamiento el proyecto de Cencosud denominado Costanera Center. Que es un desatino y una muestra de egocentrismo de Paulmann, que es antiestético ya que es un hito urbano que atenta contra la ciudad (similar a lo que ocurre con el Mall de Castro), que generará un caos vehicular de proporciones y que no tendría solución. En fin. Pues bien, todo lo anterior es cierto, pero no tanto.

Cuando está a punto de inaugurarse el proyecto de la torre más alta de Sudamérica comienzan a sonar voces por todos los medios sobre el caos vehicular que se generará en las Avenidas del sector (Andrés Bello, Apoquindo, Providencia y Vitacura) y vías aledañas, alias, el no menos presuntuoso, ‘Sanhattan’. ¿Alguien tenía alguna duda cuando se presentó el proyecto para su aprobación en el municipio de Providencia el año 2005? ¿Por qué recién hoy se percataron de ese “detalle”? Este es un problema trascendental de nuestra legislación urbana, formulada con la clara intención que los privados puedan desarrollar sus proyectos sin hacerse cargo de las externalidades negativas que ellos generan. Acá el bien común no importa. Parece que el beneficio social temporal que generarían los proyectos (empleo) está por sobre el bien común permanente. Falacia. Bueno, como todo en Chile, el que manda es el mercado. Nada de regular ¿para qué? No le pongamos trabas a los inversionistas, que vienen a darnos trabajo.

Esto ocurre en todo Chile. ¿Se ha preguntado por qué cuando se instala un colegio privado (que claramente genera atochamiento vehicular en horas punta) no se invierte en “mitigaciones viales” como pistas adicionales, semaforización, estacionamientos adecuados…? O cuando se instala un ‘Strip Center’, o un nuevo edificio. O cualquier edificación que implique mayor flujo vehicular. Pero claro, como el Costanera Center afectará a ciertas personas más que a otras, obtiene toda la atención de los medios. ¿A alguien le importa el caos vial actual en el 14 de Vicuña Mackenna o en Av. Pajaritos, o en Estación Central o en Regiones?  

Varios han dicho que Horst Paulmann es un egocéntrico y que la Gran Torre Santiago no es más que el símbolo de su codicia, similar a las pirámides para los faraones. Lo más probable es que esto sea efectivo. La pregunta es ¿Y qué? Todo el mundo quiere dejar un legado en esta ‘suciedad’ y quienes poseen dinero a destajo lo hacen con excentricidades. Porque nadie dijo nada de Abraham Senerman cuando el 2010 inauguró Titanium La Portada, o no se discute que Donald Trump tenga sus rascacielos en EEUU como su edificio corporativo en Chicago. Pues bien, esta torre será para Paulmann su propia Torre Eiffel (tienen similar altura), pero para Santiago puede ser cualquier cosa.

Distinto es que a algunos les parezca estéticamente poco agraciada la torre o que urbanísticamente parezca cualquier cosa menos un hito urbano, según otros. Se compara con el Mall de Castro y se advierte que es un adefesio, un insulto al arte y un atentado a la ciudad. Pues el diseño del argentino César Pelli, los chilenos Alemparte Barreda y Asociados (junto con Watt International) tampoco es de mi agrado. Pero pasará lo mismo que ocurrió con la torre de vidrio junto a la Catedral, con la torre Santa María, la de Telefónica, en fin, que pasarán a ser parte del paisaje urbano, se mimetizarán y pasarán casi inadvertidas (si no fuere por la altura, claro está). Pero comparar esto con lo del Mall de Castro es otra cosa. Acá no hay patrimonio cultural que se vea afectado. Quienes indican que en Castro la ciudadanía terminó con la controversia al aprobar mayoritariamente la construcción del centro comercial, no entienden el trasfondo. Nadie duda (aunque a algunos no nos gusten los centros comerciales) que la mayoría de los ciudadanos quieran tener los supuestos indicios de modernidad en sus ciudades como pueden ser estas edificaciones comerciales. El tema acá es dónde y cómo se construyen.

Las cosas por su nombre. Una reforma que no reforma.

En Chile existe una tendencia excesiva a designar las cosas por un nombre que no tienen. Debe ser por un efecto cultural que se nos agudiza en los años de escuela cuando asignamos motes a nuestros compañer@s. Esto es casi una anécdota cuando se habla coloquialmente, pero cuando se hacen anuncios presidenciales, parece algo poco correcto.

Vamos al punto. Llamar reforma tributaria al proyecto anunciado ayer a través de los medios por el primer mandatario es, por decirlo menos, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. El proyecto es más bien un conjunto de medidas (la mayor parte buenas medidas) que permitirán recaudar algo más de impuestos. Por tanto no es más que una modificación de procedimientos más que una reforma. Digamos reforma tributaria cuando volvamos a formar un sistema tributario transformando el existente en otro mejorado. No tan solo se trata de un cambio cosmético sino que no necesariamente para mejorarlo.

El objetivo de una reforma tributaria no es para mejorar la redistribución de la riqueza, sino que buscan aumentar tributos para financiar alguna política pública. En este caso, se dijo que para la reforma del sistema educacional. Si se busca esto, debe ser una modificación permanente, sin embargo, se anuncia que el crecimiento del PIB (algo que en una economía globalizada como la nuestra es tan volátil) logrará financiar en gran medida dicho sistema y que, por tanto, aumentar levemente los impuestos a las grandes empresas es suficiente. Lógicamente, economistas relacionados con estas empresas indican que el enfoque de la reforma presentada por el Gobierno atenta contra el crecimiento ya que es dañino para las utilidades retenidas que no se reinvertirán.

Lo cierto es que es una “reforma” muy moderada (ya dijimos, no es una reforma), ya que el actual impuesto transitorio a las grandes empresas (por el terremoto) queda fijado permanentemente y, en consecuencia, el alza ya se encuentra vigente en lo sustantivo.

El resto de la “reforma” incluye una supuesta disminución de los tributos a las personas, principalmente para la denominada ‘clase media’. Lo cierto es que quienes se benefician levemente son más bien las familias cuyos hijos están en colegios particulares, esto es, el 100% de las familias más acomodadas y el 70% de las familias de ingresos medio-altos (4to quintil) y el 40% de las familias de ingresos medios (3er quintil). ¿Redistribución? ¿Equidad?

Una reforma real, debe tener claro las cifras que pretende recaudar y el objetivo. Si es para educación, claramente es insuficiente. Si se dice que financiará el Transantiago, pues alcanza menos para el objetivo principal.

Otro elemento es la recaudación eficiente. Se dice que se eliminarán evasiones importantes. Si es así, excelente. Habrá que ver si el chileno, que por esencia es tan ocurrente, inventará nuevas formas de subterfugios.

Por último, efectuar modificaciones a los tributos para fomentar (y no para financiar) políticas sociales, es un craso error. Resolver los problemas de alcoholismo y tabaquismo mediante aumento de impuestos, es absolutamente innecesario. La justificación en ambos casos es más bien una mayor recaudación por la adquisición de bienes suntuarios y no para provocar un bien deseado (disminución del consumo de sustancias nocivas), ya que sabemos que eso no va a ocurrir. Similar es el caso del impuesto específico a los combustibles. Decir que dichos impuestos resuelven problemas de contaminación y congestión es una falacia que ha quedado más que demostrada. Lo único que provoca es un aumento irreal del precio final de los bienes de consumo (todos los cuales se transportan).

En fin. Una reforma que no es reforma, un aumento de impuestos a grandes empresas que no logran financiar el objetivo de la ‘reforma’, una disminución distributiva de los impuestos que no es equitativa (ni redistributiva). En Chile seguimos llamando de una manera distinta el nombre de las cosas.