En búsqueda de la felicidad

Aparentemente todas las sociedades, en distintas épocas, han procurado la felicidad, a través de distintos medios y para diferentes fines. Hoy, seguimos en búsqueda de este estado emocional y se procura medir a través de fórmulas que tratan de objetivar un concepto de suyo tan subjetivo como intangible y anímico e individual. Incluso, algunos se aventuran a plantear la felicidad como deseo político para nuestra sociedad. Así, inmiscuidos en los exacerbados procesos materialistas de una sociedad de consumo, los chilenos buscamos la felicidad, tal vez sin siquiera saber qué buscamos.

En la cultura occidental la felicidad es considerada un estado de ánimo efímero, o al menos transitorio, que se produce tras alcanzar logros deseados que se relacionan con la autorrealización, la autosuficiencia, la afiliación y el reconocimiento, entre otros niveles de satisfacción de necesidades superiores que se mueven entre el eudemonismo y el hedonismo. Por alguna razón, las sociedades contemporáneas han equilibrado los logros con la adquisición de bienes generando constantes y repetitivos estados de satisfacción a través del consumo, lo que ha llegado a equivaler a la felicidad que experimentan comunidades como la nuestra. Hoy somos felices mientras más bienes tenemos. Pero aún así, no somos felices, aunque podamos experimentar constantemente estados de ánimo de satisfacción y alegría.

Como antítesis, los religiosos plantean que la felicidad se debe buscar en comunión con Dios. Y bien, es posible que para muchos devotos la felicidad la hallen en la experimentación de bienaventuranzas bíblicas o bien el descubrimiento de la iluminación o del nirvana. Pero qué ocurre con la sociedad laica o aquella que busca otras fórmulas de felicidad; aquella que es permanente y no emocional ni efímera y que está relacionada con lo más intrínseco del ser humano: la armonía interna manifestada en una sensación de bienestar duradera.

De esta forma, la felicidad, tan disímil conceptualmente como individuos pueblan la faz de la Tierra se debe buscar dentro de cada uno y no en el colectivo. Por tanto, sostener que los objetivos de la sociedad del futuro se orientan a la búsqueda de la felicidad a través de los procesos generados por la organización política y los sistemas económicos es una falacia. El político, más bien, debe procurar generar un estado colectivo de bienestar entendido literalmente como el estar bien y no procurar la felicidad de los integrantes de la sociedad. En un estado social de bienestar, la felicidad individual (y por sumatoria, la colectiva) es más fácil.

Chile entre dos realidades paralelas

Cuando algunos advierten sobre el término de las movilizaciones estudiantiles y marchas ciudadanas en razón de la proximidad de las elecciones municipales, argumentando que los votos (a diferencia, a su juicio, de las manifestaciones sociales) definirán la dirección en la que el país quiere avanzar, se cometen yerros imposibles de no advertir. Sin duda es una mirada bastante miope respecto de lo que la sociedad (incluyendo en ella a quienes incluso desean estar fuera de ella) parece querer. En efecto, parecen haber realidades paralelas que no están en sintonía, no dialogan y no se conocen. Es que el divorcio entre un sistema político estático y cómodamente indiferente y una sociedad que avanza dinámicamente a pasos agigantados hacia una apertura cultural y social es, a ratos, mundos opuestos separados por un abismo.

Primeramente, es axiomático que los resultados de una elección municipal no determinarán en absoluto los lineamientos estratégicos que guiarán los destinos de Chile. Por una parte, la gente sabe que un alcalde poco y nada puede hacer frente a los temas país (léase salud, educación, medioambiente, economía, sistema político, etc.), por tanto no está en juego la dirección de desarrollo que el país quiere. Además, el cambio de la ley electoral, donde quien quiere vota, merma absolutamente la premisa en que todos somos iguales y que el voto es el único mecanismo para definir la representación del ‘pueblo’. Máxime, cuando es justamente el sistema electoral y su fórmula de representación lo que ha deslegitimado el sistema político: el sistema no hace que todos los sufragios valgan lo mismo.

En este contexto, cuando el estado de derecho construye una democracia poco y nada representativa ni participativa, se debilita y termina por sucumbir. De esta manera, mientras una realidad paralela demanda seguir un camino, la otra, la que tiene por mandato gestionar la soberanía, insiste en seguir otro diferente, incluso opuesto. La falta de percepción es tan grande que se ha perdido la capacidad de comprender que la sociedad no sólo no está representada desde el punto de vista electoral, sino además, los representantes gestionan justo lo contrario a lo que se quiere. Ahora, desde la ciudadanía tampoco se comprende, efectivamente, que la única alternativa –en el marco de nuestro estado de derecho (construido y administrado de espaldas a la ciudadanía)–  para efectuar un cambio radical que permita que las realidades paralelas se conozcan es a través de las urnas.

Las sociedades se construyen a partir de las manifestaciones culturales que los colectivos elaboran y exteriorizan. Dichas manifestaciones son dinámicas a partir de procesos de intercambio social, transculturación y aculturación y generan una estructura social que también es dinámica, aunque algo más rígidas que las manifestaciones culturales ya que supone la acción de llegar a acuerdos que se expresan en normas de convivencia. Esta estructura social, a su vez, desarrolla un sistema económico que comporta una división de las actividades productivas y, a partir de las relaciones de poder causadas por la estructura social construida se organiza un sistema político cuya máxima expresión es el estado de derecho.

En Chile, todo lo anterior ha sido impuesto: el sistema económico, la organización política e incluso, por derivación (y sin planificación real) una estructura social. Siendo así, es claro que, al menos, parte de la sociedad, los más conscientes, los que tienen claridad respecto de los síntomas, del diagnóstico y del pronóstico, parecen querer otras vías para desarrollar los cambios que permitan dirigir los destinos del país hacia otros derroteros. El problema es, entonces, cómo se hace para que quienes reconocen en el sistema político, económico y social del país una situación impuesta y, por tanto, inválida, modifiquen el sistema desde dentro. Es cómo pedirle al agnóstico que reniegue de Dios.

Cuando algunos advierten sobre el término de las movilizaciones estudiantiles y marchas ciudadanas argumentan que estos actos generan desigualdad al imponer –a veces– ciertos temas en la agenda en desmedro de otros. Es cierto. Sin embargo es justamente el mismo sistema el que promueve estas acciones. El lobby es un ejemplo, y en esta actividad si que existen desigualdades y poderes fácticos actuando. Los agnósticos del sistema no reconocen otra forma.

Prohibir por prohibir. Prohibido prohibir.

Un verdadero ataque de prohibinistis aguda afecta a varios congresistas (bancada médica) y ONG en Chile. Parece ser que algunos parlamentarios (que poco tienen de representantes) y ciertos líderes de ONG que supuestamente se arrogan el título de representar a los ciudadanos han llegado a la conclusión que justamente los ciudadanos somos idiotas. En virtud de esa estupidez que nos aqueja, han decidido vedar ciertas libertades. Ello tiene una doble lectura: mientras por una parte prohíben, tampoco entregan alternativas; y en segundo término, mientras prohíben ciertas conductas humanas y sociales, otras, igual o más perniciosas, son absolutamente dejadas de lado. El punto es ¿dónde está el límite donde el Estado decide por uno? Ese límite no existe; es una frontera amplia donde el bien común choca con los derechos privados y en ese espacio se discuten ciertas barbaridades, demagogias a veces populares y otras veces desprestigiadas.

¿Por qué se prohíbe la marihuana y no el tabaco? ¿Por qué se desea prohibir la venta, a todos los menores de edad, de ciertos alimentos?

Claro, cuando se prohíbe algo que no tiene alternativas (o substitutos como se diría en economía), se coarta completamente la libertad del individuo a decidir, a elegir. Creo preferible el monopolio a la inexistencia de oferta.

Es cierto, muchas de las intenciones de prohibir ciertos productos son absolutamente honestas y bien intencionadas. Sin embargo, quitándole responsabilidad a la gente (y tratándola como idiota) no se consiguen solucionar los problemas que teóricamente se buscan mitigar. Aquí el diagnóstico es correcto, el problema es concreto, tal vez las causas no están bien determinadas y, peor aún, las propuestas de solución están claramente erradas.

El problema no es la adicción al cannabis, es el narcotráfico que se produce justamente por su prohibición. ¿Y que hace el Estado por los drogadictos? Las políticas de rehabilitación en Chile son un chiste…de mal gusto.

El problema no es que existan cadenas de comida rápida que expenden productos altamente saturados en grasa. El problema es que el Estado no educa a los padres en el consumo saludable de alimento para sus hijos. La obesidad infantil es una problemática nutricional cuyas causas están en los hábitos alimenticios, no en la oferta de alimentos.

Es contradictoria esta sociedad que aboga por la no discriminación (arbitraria) y abre espacios para la tolerancia, pero que, al mismo tiempo, restringe la libertad de los individuos de elegir. Pero claro, la libertad individual tiene límites. Los derechos de los demás y, por sobretodo, el bien común. Es allí donde se sustentan y encuentran justificación muchas de estas prohibiciones. Pero el inconveniente es que se intenta poner el foco justamente en ello, cuando el verdadero problema y sus causas, como ya se mencionó, son otras.

La encuesta CASEN y el Chile que revela

A partir de la entrega de los resultados de la encuesta CASEN 2012 se ha levantado mucha polémica estéril que no aporta nada al tema central: disminuir los niveles de pobreza en que viven más de dos y medio millones de personas en el país. Se debe entender que la realización de esta encuesta no sólo es para conocer el número de pobres e indigentes del país (este es casi un objetivo secundario) sino conocer la situación de pobreza, esto es, cuáles son los componentes de la pobreza en Chile a fin de mejorar las políticas sociales tendientes a disminuir la cantidad de personas que viven en este deplorable estado.

Vamos por parte. ¿Ha disminuido la pobreza en Chile? Sí, y mucho. Las cifras son elocuentes. Comparativamente hablando, Chile es uno de los países en que más rápidamente ha reducido estos indicadores en Latinoamérica y en el mundo. Sólo un dato: en la década del 90 se redujo la pobreza a casi la mitad, de un 38,6% a un 20,2% y la extrema pobreza dos y media veces, de un 13,0% a un 5,6%. Claramente, además, cualitativamente, la pobreza de hace 20 años no es igual a la de hoy. El problema está en que en la última década la disminución de la pobreza ha sido mucho más lenta; entre el año 2000 y el 2012 varió sólo -5,8%, versus el -18,4% de la década anterior. Las razones son muchas, pero la principal es que la pobreza estructural es más difícil de erradicar y en Chile la mayor parte de la pobreza que existe es de este tipo, es decir, aquella que alcanza a cubrir a penas sus necesidades básicas, pero leves variaciones económicas y en las políticas sociales los afectan rápida y profundamente, cayendo ipso facto a estados más precarios dentro de su vulnerabilidad social.

Luego, se ha dicho, como dogma de fe, que el crecimiento económico es el motor que permite mejorar las condiciones socioeconómicas de los más vulnerables. Las cifras nuevamente corroboran esta afirmación. De hecho si se comparan las gráficas de las variaciones del PIB con las variaciones de la disminución de la pobreza, las líneas presentan, en términos generales, un comportamiento homogéneo. El problema, nuevamente, está en que en los últimos tres años el PIB ha crecido en una proporción mucho mayor al de la disminución de la pobreza. Hasta aquí no más llegó la teoría “del chorreo”.

Otras discusiones bizantinas que enfrentan a oficialistas con opositores como que la extrema pobreza ha tenido una importante disminución en este gobierno o que la pobreza no indigente no tuvo disminución, son inútiles. El único tema importante es que la disminución de la pobreza está tocando techo con las actuales políticas sociales –y cuando menciono actuales no sólo me refiero a las de este gobierno– . Siguiendo las tendencias, la pobreza debió haber sido cercana al 11% y no al 14,4% que reveló la encuesta CASEN. Por tanto, la verdadera discusión debe ser por qué el Estado no está haciendo bien la pega en su tarea de disminuir esta situación.

Tampoco es relevante en la discusión –al menos en ésta– el tema de la desigualdad. No por tratar de acortar las enormes brechas socioeconómicas disminuirá la pobreza, al contrario. La tarea del Estado por disminuir la brecha social no pasa por coartar la acumulación de riqueza de los que más poseen, sino que en utilizar parte de estos mayores recursos (a través de impuestos específicos y reformas tributarias reales) en mejorar los sistemas de protección, promoción y asistencia social de los más desposeídos.

Finalmente, la encuesta es sólo un instrumento de medición (para otro blog da el tema del instrumento propiamente tal), mejorable o no, pero que entrega una imagen de una situación que es francamente insostenible en un país que pretende entrar en las ligas mayores –recordemos también que en los países desarrollados también existe pobreza– , por tanto, el cuestionamiento a su esencia no es relevante en relación con los resultados. Claramente la pobreza no termina donde una línea arbitraria define que se acaba, pero es una forma cuantitativa de medir esta situación de vulnerabilidad social. Sin duda, sobre la línea de pobreza la vulnerabilidad continúa, con diversos matices.

Participación ciudadana y el bien común.

Supongamos por un momento que las decisiones políticas del país se tomaran por mayoría absoluta de los ciudadanos mediante constantes plebiscitos, referéndums y asambleas constituyentes y la clase política sólo se dedicara a las labores administrativas y a dar cuenta de los avances (y retrocesos) de la gestión. Sin duda sería la panacea de la participación ciudadana, aquella donde los ciudadanos resuelven acerca de las grandes decisiones. Esta utopía, sin embargo, no es posible. En ella, carecen de importancia la representación y los liderazgos –cuestión que es el principal obstáculo para que exista un proyecto de esta naturaleza– y, peor aún, no se protegería el bien común y, como ovejas en el despeñadero, la sociedad se iría a pique.

Garrett Hardin, en su polémico ensayo “La Tragedia de los Comunes”, expone una situación ficticia en la cual varios pastores, motivados sólo por el interés económico personal y actuando autónoma pero racionalmente, terminan por destruir un pastizal compartido limitado (el común) aunque a ninguno de ellos, ni en forma individual ni colectiva, les convenga que ocurra tal destrucción. En efecto, la participación ciudadana, por muy mayoritaria que sea, siempre tenderá a favorecer intereses económicos y personales por sobre aquellos de interés común.

¿Cómo sería posible que elementos de interés común no sean priorizados por la población en un proceso de participación ciudadana? Simple, porque el interés común no siempre es el interés colectivo. Por ejemplo, es de interés común contar con un vertedero para el depósito de los residuos de toda una comunidad, pero nadie, ni individual ni colectivamente está dispuesto a permitir que dicho vertedero se instale a metros de su vivienda.

En consecuencia, alguien debe velar por el bien común: los poderes del Estado. El problema contrario, sin embargo, es cuando se argumenta que por velar por el bien común se imposibilite el bien colectivo. Volviendo al ejemplo del vertedero, sería instalar el vertedero en medio de una urbanización con alta densidad poblacional. Así, entonces, se requiere de alguien que técnicamente indique cuál es la mejor localización, esto es, donde tenga menor impacto, para la población y para el entorno. Ahora vemos claramente como equilibrar la trilogía burocracia–tecnocracia–participación ciudadana para alcanzar altos niveles de satisfacción política y, por ampliación, social.

La participación ciudadana, entonces, tiene límites, que son más claros cuando los liderazgos políticos actúan como orientando y guiando a la ciudadanía hacia horizontes claros, sin caer en el populismo de hacer lo que las mayorías circunstanciales o de mayor presión quieran si atentan contra el bien común. Para que ello ocurra, los liderazgos deben estar en sintonía con las necesidades ciudadanas pero deben proponer soluciones realistas. Una ciudadanía “empoderada” supone también mayores espacios de participación, pero éstos deben estar claramente informados y deben ser dialogantes más que prepotentes. Los límites no son claros, son difusos, más bien son fronteras, y requieren, además, de dirigencias positivas.

Solidaridad en la ‘suciedad global’ y la gente en situación de calle

16 son las víctimas fatales causadas por las bajas temperaturas de los últimos días en el país y muchos rasgan vestiduras y se preguntan ¿cómo en un país que económicamente crece al 5,5% ocurren estos hechos? Y apuntan al gobierno con el dedo y critican las políticas sociales de la administración de turno –que no son tan distintas de las de los gobiernos pasados–. Es cierto, esto es un hecho extremadamente lamentable y hacía tiempo que no ocurría, sin embargo, antes de sindicar culpables, ampliemos el espectro del análisis. En Chile, la mayoría de las 8.000 personas (según datos oficiales) en “situación de calle” –como siúticamente se les denomina hoy a los indigentes sin vivienda– son, en una gran proporción, adultos mayores con problemas de dependencia alcohólica y/o con problemas psiquiátricos o deficiencias mentales. Esta sola condición es un fenómeno social de exclusión y marginalidad extrema que debe ser enfrentado por el Estado. Y sí, lo está haciendo. Es un problema complejo por cuanto es difícil identificar y efectuar programas orientados a solucionar los problemas sociales de fondo que aquejan a esta población, más allá de la falta de techo.

Pero la pregunta es otra: ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por contribuir a esta problemática? Respuesta casi de Perogrullo para este tipo de preguntas: Nada. Sólo espantarnos con las cifras y los hechos y criticar la ineficiencia del gobierno.

Se dice que desde el punto de vista psicológico la transición entre los homíninos del Pleistoceno Inferior (como el Homo habilis) y aquellos del Paleolítico (como el hombre de Rodesia) se sustenta en la capacidad de estos últimos de sentir afecto por otros de su misma especie. Así, mientras los animales que ven desvalido a un miembro de su clan los abandonan a su suerte, los humanos tenemos el instinto de acoger y ayudar al indefenso y al necesitado. Hoy lo llamamos solidaridad.

La solidaridad  es uno de los valores humanos fundamentales por tanto rige –junto a otros como la responsabilidad, la subsidiaridad, la tolerancia, el respeto y la lealtad– la convivencia social y, por extensión, los modos de vida de las sociedades. Como otros valores sociales, la solidaridad es una cualidad personal que tiene una manifestación colectiva, sustentada en metas o intereses comunes.

Dado que la solidaridad es una cualidad personal –se es solidario o no–, su forma de manifestación es una actitud circunstancial o permanente que exhorta a responder favorablemente a las necesidades de terceros o a adherir a la causa de otros. Dicha actitud se transforma en un comportamiento o conducta cuando se concretiza en acciones. Esta actitud y conducta no se limita al ofrecimiento de ayuda o asistencia en el entendido de hacer esfuerzos por poner los medios que permitan a un tercero obtener o alcanzar algo, sino que implica un compromiso con aquel que se intenta asistir. De este modo, la solidaridad es una colaboración mutua entre las personas, a través de la cual una de ellas entrega una asistencia que permite al asistido resolver ciertas necesidades o carencias materiales o intangibles, mientras que el asistente se ve beneficiado siempre de manera inmaterial o anímica por la satisfacción de obrar según principios y valores humanitarios y  éticos.

Pero este impulso y tendencia intuitiva y espontánea que nuestra especie demoró miles de años en adaptar, y que sociológicamente se denomina solidaridad mecánica,  nuestra ‘suciedad global’ en apenas unos años trata de erradicar. El desarrollo de una cultura individualista que está potenciada por el sistema socioeconómico actual, lleva a una pérdida constante de la solidaridad. Sin embargo, existe una solidaridad orgánica en la cual la especialización individual conlleva a la generación de una fuerte interdependencia grupal, de modo que cada integrante de un colectivo posee una parte de los conocimientos generales y sus recursos, por lo que todos dependen de todos.

No nos sorprendamos pues que nuestro propio individualismo permita que se extinga un valor tan humano como humanitario y sea más fácil apuntar con el dedo antes de mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo.

Gatopardismo, status quo y política de los consensos

Hemos escuchado al senador Quintana (presidente del PPD) quejarse de la política de los acuerdos que llevó a la Concertación a gobernar por 20 años con relativa tranquilidad con una oposición claramente sobredimensionada en representatividad parlamentaria y alcanzando a generando avances premiosos y quizás poco sagaces y significativos a nuestro sistema político, social y económico, en el proceso de transición desde la dictadura hasta nuestro actual sistema ‘democrático’. Y quizás esa es una de las causas de su “desalojo” del sillón presidencial. El mismo senador proclama que la mantención del status quo es insostenible y que mantener el gatopardismo le hace mal a la ciudadanía y a la Concertación.

No cabe duda que sus dichos son elocuentes. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se dice es lo que se piensa.

¿Por qué un conglomerado que ha usufructuado durante 20 años del sistema hoy está realmente dispuesto a cambiarlo? Y allí recuerdo las palabras del personaje Fabrizio Corbera: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Hoy los partidos autodenominados “progresistas” enarbolan las banderas que los movimientos sociales –que por cierto lentamente se han apaciguado–  izaron durante el 2011 y el primer trimestre del 2012, cuando estos mismos partidos contemplaban atónitos y pasmados los cambios sociales que ellos mismos coadyuvaron a construir sin darse cuenta. Pero cabe la duda si lo hacen por autoconvencimiento tras un proceso de autocrítica profunda que derivó en un diagnóstico analítico que derivó en una evaluación de la situación del país, o simplemente es otro aprovechamiento político. Después de todo, todos los que critican el gatopardismo prefieren mantener el status quo. Muchos no entienden ni el concepto. De hecho, dudo que hayan leído la obra de Lampedusa, e incluso, ni vieron la película de Visconti.

¿Qué hay detrás entonces? Simplemente luchas por cuotas de poder, tanto al interior de los partidos como dentro del conglomerado opositor, pero jamás en pro de la ciudadanía. Para ejemplos, dudas cuyas respuestas son de Perogrullo.

Primer ejemplo. ¿Está la Concertación en condiciones de cambiar el modelo económico?

Segundo ejemplo. ¿La Concertación cree conveniente modificar el sistema educacional?

Tercer ejemplo. ¿La Concertación quiere un cambio en el sistema electoral para obtener una mejor representatividad o para lograr más cupos en el parlamento?

Pues bien, las modificaciones son más bien cosméticas, pero se mantiene el status quo. Es decir, un clásico ejemplo de gatopardismo. Finalmente, la política de los consensos es más fuerte.