El periodismo deja mucho que desear en Chile…

En los últimos diez o quince años el periodismo, al igual que muchas otras profesiones, ha decaído notablemente. El problema es que el periodismo es una de las profesiones con mayor connotación pública al exponerse en los medios de difusión masiva y ser objeto de opinión. Pero el hecho es que cada día los reportajes carecen de calidad, la información no es de primera fuente, mucha de ella está pauteada, las entrevistas están acordadas y las opiniones vertidas por muchos carecen de fundamento.

En Chile el periodismo es una carrera que es ofrecida por muchas universidades (tradicionales y privadas) y ha caído en descrédito desde que muchas figuras televisivas con notable carencia intelectual han obtenido sus títulos profesionales y ofician de periodistas de farándula u opinólogos en programas radiales de dudosa reputación. Cómo no extrañar programas como Informe Especial, Mundo 83 y otros similares que entregaban más que información, entregaban cultura; periodistas como Carmen Correa, Hernán Olguín, Bernardo de la Masa, por mencionar mezquinamente algunos. Hoy contamos con los dedos de una mano los periodistas destacados pero conocemos a más de una veintena de reporteros y dos docenas de opinólogos en diversos medios que no son capaces de contar una buena historia, de entrevistar a alguien con información actualizada y fiable que permita poner en jaque al entrevistado.

En Chile ningún periodista (habrá excepciones, claro está) es especialista en ningún tema.  En otros países el periodismo es casi un postgrado que economistas, cientistas políticos y otros profesionales realizan para incorporarse en los medios de comunicación.

Así hemos llegado a que los noticieros son un 25% noticias de reporteos de tragedias y notas policíacas: para reportear esto no hay que ser muy brillante, sino entrevistar a las policías que dan su informe característico “los sujetos contaban con arma blanca e intimidaron a los moradores de la vivienda, reduciéndolos y sustrayendo las especies que robaron” y a los damnificados  con preguntas tan obvias como estúpidas “y usted… ¿qué sintió al ver que su negocio era asaltado por tercera vez este año?”.

Otro 20% son noticias absolutamente pauteadas, principalmente las inauguraciones y actividades de Moneda, Ministerios, municipios y del Congreso. Tanto así, que el día anterior ya se conoce la pauta del día siguiente.

Luego tenemos un 40% de deportes (del cual el 95% es fútbol). Aquí no hay mucho que decir. Basta con editar los partidos y balbucear comentarios idiotas.

10% de las noticias son notas internacionales. Nada que aportar, salvo algún comentario “especializado”.

Finalmente, un 5% de las noticias son noticias de verdad, algún reportaje interesante pero normalmente poco logrado, empleando tácticas como cámaras ocultas y forzando situaciones que normalmente no ocurren en la realidad. Un ejemplo, el reportaje de las Nanas de Canal 13. ¿Alguien ha visto en la vida real una asesora doméstica yendo a preguntar a un colegio particular pagado con matrículas de más de 300 lucas si puede matricular a su hija?

Por suerte muchos de estos periodistas ofician de opinólogos de farándula. La verdad es que al menos ellos son auténticos y ofician donde efectivamente pueden ejercer su profesión.

Tsunami del 27-F, una dramática realidad. Supongamos que no hubiese sido así...

Para poner las cosas en su contexto, supongamos por un momento que la madrugada del 27 de febrero de 2010 los organismos que operan en casos de emergencia hubiesen operado correctamente. La historia hubiera sido distinta, pero no tanto como muchos creen.

Imaginemos que tras el terremoto el SHOA obtiene la información precisa sobre el epicentro y la magnitud del sismo e interpreta correctamente que se podría generar un tsunami, unos cinco a seis minutos más tarde. Luego, adecuadamente emite la alerta de tsunami y ésta llega a la ONEMI por los conductos oficiales y es bien interpretada por los funcionarios de ese organismo. Sigamos suponiendo que la ONEMI transmite unos ocho a diez minutos tras ocurrido el sismo la alerta a los organismos de la sociedad civil encargados de difundir la alerta directamente a la población (carabineros, bomberos, municipios, etc.). Supongamos aún, que estos organismos, inmediatamente salen a alertar a la población, en uno o dos minutos. Aún más, supongamos que los medios de comunicación transmiten en forma inmediata por radio y televisión la alerta.

En este hipotético escenario, los habitantes y visitantes de las localidades de la costa de la VII Región habrían tenido entre 3 y 10 minutos para evacuar hacia zonas seguras, mientras que aquellos de la VIII región hubiesen tenido hasta 20 minutos. Las primeras olas llegaron entre las 3:50 y las 4:10 de la madrugada a estos sectores, es decir, 14 a 34 minutos después del terremoto –que terminó a las 3:36 horas–.

¿Se hubieran salvado las 156 personas trágicamente fallecidas producto del tsunami y los 15 desaparecidos? Probablemente algunos de ellos sí. Otros no.

Las cifras son crudas y trágicas: En la V Región fallecieron 20 personas, 13 de ellos en Robinson Crusoe, más 3 desaparecidos; en la VI Región fueron 3 muertos y 2 desaparecidos; en la VII Región fueron 80 muertos y 6 desaparecidos; y en la VIII Región fueron 53 muertos y 4 desaparecidos.

65 de los fallecidos y 4 de los desaparecidos en la VII Región producto del maremoto estaban en la isla Orrego en Constitución, sin ninguna posibilidad de evacuar. Ellos con una alerta temprana, oportuna y efectiva, no se hubiesen salvado.

Los 17 fallecidos y dos desaparecidos entre Constitución y Cobquecura, que estaban en las localidades de Pellines, Pelluhue, Curanipe y Chevollén, nadie los hubiese alertado (no hay oficinas municipales, ni bomberos ni carabineros). Misma situación con los dos fallecidos en Lleulleu (VIII Región) y los tres fallecidos y dos desaparecidos en Llico (VI Región).

Quizás, si el corte energético no hubiera afectado a Talcahuano, Dichato, Cobquecura, Lebu y Tirúa, y la gente hubiese tenido radio a pilas y hubieran sido alertados por funcionarios municipales, marinos carabineros y bomberos, se hubiesen salvado unas 60 personas. Los únicos que se hubiesen salvado efectivamente hubiesen sido los de Juan Fernández, quienes ni siquiera sintieron el terremoto.

Demasiadas suposiciones y hechos que en la práctica no ocurrieron (sin cortes de energía ni de telecomunicaciones, con municipios activos y con planes locales de emergencia y alerta, con población con kits de emergencia listos para evacuar rápidamente sin perder tiempo en buscar cosas).

El hecho es que nada de eso ocurrió. Chile no estaba preparado. No sé si hoy lo está. Lo más probable es más que hace dos años. En Japón el 11 de marzo de 2011 fallecieron 12.150 personas sólo a causa del tsunami, en una sociedad con la tecnología más avanzada del mundo en estas materias. Ellos sí fueron alertados y el resultado fue mucho más dramático.

Si los técnicos hubiesen tenido información rápida de la magnitud y epicentro del sismo, si las comunicaciones hubiesen funcionado, la alerta hubiera sido efectiva; pero eso tampoco fue así.

Los únicos errores punibles fueron que nadie supo interpretar los acontecimientos y no se tomaron las decisiones a tiempo. En ello el SHOA es responsable y los técnicos de la ONEMI también. Luego, todos los hechos posteriores, aquellos acaecidos después de las 4:25 horas de esa madrugada, carecen de toda relevancia para imputar personas ya que a esa hora, la mayor parte del país ya había sido afectado por el tsunami. Si la alerta se hubiese dado a esa hora, nada hubiese sido distinto, incluso para los de Robinson Crusoe. Por tanto, las responsabilidades del Jefe de Alerta Temprana de la ONEMI, su directora y del subsecretario del Interior no son civiles ni penales. Cuando mucho, son faltas administrativas, relacionadas con la contratación de subalternos sin capacidades técnicas necesarias y con la mantención de instrumental técnico inadecuado. Respecto del Jefe de Sismología (que no era sismólogo) que afirmó a las 6:25 de la madrugada que no había ocurrido un tsunami, creo que no tiene ninguna responsabilidad.

Tsunami 27 F una cadena de errores: incompetencia y descoordinación.

Un verdadero festín político se ha está generando tras la evacuación de la investigación de la fiscal Huerta sobre la gestión estatal de emergencia desarrollada a causa del terremoto del 27 de febrero de 2010 y las formalizaciones de la ex Directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y del ex subsecretario del Interior, entre las mayores autoridades. Las formalizaciones apuntan también a funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y funcionarios de la ONEMI y un funcionario del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile (del cual hoy se sabe no tiene estudios de geociencias. En la arena política, algunos apuntan sus dardos a funcionarios de mayor jerarquía, incluyendo a la ex Presidenta Bachelet, al menos por sus eventuales responsabilidades políticas. ¿Cómo hacer un análisis serio y objetivo de un lamentable y doloroso evento cuando nadie es capaz de analizar los hechos  con imparcialidad política y ecuanimidad ética? 

Intentemos uno centrado en los acontecimientos publicados en la prensa, analiza la cadena de errores en su mérito, evaluando cada hecho y considerando, por sobre todo, el contexto en que éstos se dieron. Los análisis ex post son siempre insensatos: “Se hizo esto cuando se debió hacer esto otro, o no se hizo aquello cuando debió haberse hecho”. El análisis, más bien es cuál es la razón de haber hecho lo que no debió hacerse o por qué no se hizo lo que sí debió hacerse.

Una vez producido el sismo (a las 3:34 hrs.) durante los siguientes diez minutos, los funcionarios de turno de la ONEMI convocan al personal y comienzan a solicitar y recibir información desde las oficinas regionales. Dicha información se centra, lógicamente, en las intensidades del sismo, localización del epicentro y los daños potenciales y posibles víctimas. Quince minutos tras el terremoto, un eventual tsunami aún no es tema ya que hasta entonces no se tiene información precisa de la ubicación geográfica del hipocentro ni de la magnitud del sismo. Además, el último maremoto en Chile había ocurrido hace más de 20 años (la memoria es frágil). Sin embargo, el SHOA, a las 3:48 hrs. ya había recibido un fax del Pacific Tsunami Warming Center (PTWC) con información acerca de la generación potencial de tsunami en el Océano Pacífico Sudoriental. Sólo dos minutos más tarde comenzaban a llegar las primeras olas a las costas chilenas dejando víctimas y desaparecidos. A las 4:01 horas, conociendo magnitud y localización del epicentro del sismo, la ONEMI solicita radialmente al SHOA confirmación de alerta de tsunami, pero el SHOA descarta dicha alerta. Seis minutos más tarde, sin embargo, la ONEMI recibe el primer fax desde el SHOA con alerta de tsunami (poco más de media hora después del sismo). La ONEMI no emite la alerta.

La primera pregunta de fondo es: ¿era posible emitir una alerta temprana de tsunami? Probablemente sí. Una vez que era conocida la magnitud (8,8 Mw) y la localización del epicentro (63 km al suroeste de Cauquenes) era lógico suponer la generación de un maremoto (al menos así lo suponemos hoy). No se explica de otra forma la solicitud de la ONEMI al SHOA de información al respecto a las 4:01 hrs. De acuerdo al protocolo, el SHOA debe proporcionar dicha información para su difusión por la ONEMI. Ello se produjo a las 4:07 hrs., más de quince minutos después de la llegada de las primeras olas.

Ahora, ¿por qué el SHOA contradice su información sobre la generación de tsunami por distintos canales de comunicación? A las 3:51 hrs., la bitácora del SHOA indica que enviará boletín con alerta de tsunami a la ONEMI, incluyendo horas estimadas de arribo de las olas. Siete minutos más tarde envió un correo electrónico con dicha información, el cual no fue recibido en la ONEMI dada las condiciones de black-out energético y de comunicaciones. Tres minutos más tarde, radialmente el SHOA informa a la ONEMI que no existe alerta de tsunami, pero seis minutos después, el SHOA envía el primer fax con la alerta a la ONEMI. Aparentemente las contradicciones y demoras en la entrega de la información se produjeron dado que el jefe de guardia del SHOA siguió el protocolo mientras el jefe de oceanografía analizaba la información disponible y no estaba seguro si debía o no clasificar el evento como “generador de tsunami”. Se puede, incluso, presumir que esperaba confirmación visual, en una situación de black-out de comunicaciones, con capitanías de puerto, de acuerdo a la información grabada de radioaficionados y operarios regionales de ONEMI. Aparentemente la decisión fue la prudencia en vez de la alerta.

Luego, ¿por qué la ONEMI no emitió la alerta de tsunami cuando fue recibida a las 4:07 hrs.? El jefe de turno del Centro de Alerta Temprana admitió incomprensión de la significación del fax y desconocimiento del protocolo a seguir. En el intertanto esperó que llegara el jefe del Centro de Alerta Temprana u otra autoridad que le diera una orden o interpretara la información recibida. El único presente era el jefe de gabinete de la ONEMI quien no tenía conocimientos técnicos y sólo se limitó a informar al subsecretario del Interior que llegó a la ONEMI a las 4:12 horas. La única decisión ante la incompetencia fue solicitar mayores antecedentes al SHOA. La Armada informa radialmente que los instrumentos no muestran variaciones del nivel del mar y que se realizaría chequeo visual. Respuesta obvia si se consulta por la ocurrencia de un maremoto y no por la alerta en sí. La alerta estaba oficialmente enviada. La decisión fue la prudencia en vez de prevención, siguiendo el refrán: “ante la duda, abstente”. El problema es que no debió existir duda alguna en el único organismo técnico encargado de las emergencias de este tipo en el país.

Entre las 4:15 y las 4:30 horas se producen las segundas olas de tsunami en las costas chilenas cerca del epicentro, salidas de mar en la región de Valparaíso y el tsunami de Robinson Crusoe en Juan Fernández. Posteriormente llegan la directora de la ONEMI y el jefe del Centro de Alerta Temprana, quienes por quince minutos discuten acerca del alcance del fax recibido a las 4:07 hrs. desde el SHOA. A las 4:49 hrs. deciden confirmar la información y el SHOA informa que no se genera tsunami en Chile y levanta oficialmente la alerta, mientras se recibe un segundo fax del PTWC que se mantiene la alerta de tsunami en el Pacífico. Tras la negación de la información, el subsecretario del Interior y la directora de la ONEMI informan a los medios de comunicación que se descarta riesgo de maremoto en las costas chilenas. A las 4:56 hrs. El SHOA vuelve a descartar la alerta de tsunami.  Poco después llega la presidenta Bachelet a la ONEMI y se le entrega un informe con la situación del país incluyendo las contradicciones del SHOA respecto de la alerta de tsunami. A las 5:40 la presidenta habla con la prensa sin hacer referencia al tsunami, pero en radio Biobío una locutora se informa que al no haber riesgo de maremoto, la gente que se encontraba en partes altas puede regresar a sus casas. De aquí el mito que fue la propia presidenta la que habría incitado a regresar a las viviendas.

Ante los hechos, es claro que la falta de información, la incompetencia de los “técnicos” que se encontraban de turno y luego, la extrema prudencia de las autoridades fueron los tres elementos que impidieron emitir una alerta temprana. Ahora bien, aún cuando hubiese habido información y hubiesen estado los técnicos competentes, lo más probable es que la alerta igual se hubiese emitido con posterioridad a las primeras olas, esto es quince minutos después del sismo. La historia hubiese sido la misma desde el punto de vista del desastre. La única diferencia es que no habría esta caza de brujas politiquera. Tal vez los de Robinson Crusoe sí hubiesen estado preparados. Quizás. Sólo recordar que nadie se podía comunicar con nadie hasta avanzada la madrugada de ese fatídico 27 F.

Yo apuntaría los dardos a los supuestos técnicos del SHOA y de ONEMI (en ese orden) y luego a las autoridades, pero no por su impericia e incompetencia en el momento, sino por no haber estructurado un buen sistema de emergencia, en forma previa. Espero comentarios.

La Torre Eifel de Paulmann. Mucho debate insustancial.

Bastante tiempo lleva en cuestionamiento el proyecto de Cencosud denominado Costanera Center. Que es un desatino y una muestra de egocentrismo de Paulmann, que es antiestético ya que es un hito urbano que atenta contra la ciudad (similar a lo que ocurre con el Mall de Castro), que generará un caos vehicular de proporciones y que no tendría solución. En fin. Pues bien, todo lo anterior es cierto, pero no tanto.

Cuando está a punto de inaugurarse el proyecto de la torre más alta de Sudamérica comienzan a sonar voces por todos los medios sobre el caos vehicular que se generará en las Avenidas del sector (Andrés Bello, Apoquindo, Providencia y Vitacura) y vías aledañas, alias, el no menos presuntuoso, ‘Sanhattan’. ¿Alguien tenía alguna duda cuando se presentó el proyecto para su aprobación en el municipio de Providencia el año 2005? ¿Por qué recién hoy se percataron de ese “detalle”? Este es un problema trascendental de nuestra legislación urbana, formulada con la clara intención que los privados puedan desarrollar sus proyectos sin hacerse cargo de las externalidades negativas que ellos generan. Acá el bien común no importa. Parece que el beneficio social temporal que generarían los proyectos (empleo) está por sobre el bien común permanente. Falacia. Bueno, como todo en Chile, el que manda es el mercado. Nada de regular ¿para qué? No le pongamos trabas a los inversionistas, que vienen a darnos trabajo.

Esto ocurre en todo Chile. ¿Se ha preguntado por qué cuando se instala un colegio privado (que claramente genera atochamiento vehicular en horas punta) no se invierte en “mitigaciones viales” como pistas adicionales, semaforización, estacionamientos adecuados…? O cuando se instala un ‘Strip Center’, o un nuevo edificio. O cualquier edificación que implique mayor flujo vehicular. Pero claro, como el Costanera Center afectará a ciertas personas más que a otras, obtiene toda la atención de los medios. ¿A alguien le importa el caos vial actual en el 14 de Vicuña Mackenna o en Av. Pajaritos, o en Estación Central o en Regiones?  

Varios han dicho que Horst Paulmann es un egocéntrico y que la Gran Torre Santiago no es más que el símbolo de su codicia, similar a las pirámides para los faraones. Lo más probable es que esto sea efectivo. La pregunta es ¿Y qué? Todo el mundo quiere dejar un legado en esta ‘suciedad’ y quienes poseen dinero a destajo lo hacen con excentricidades. Porque nadie dijo nada de Abraham Senerman cuando el 2010 inauguró Titanium La Portada, o no se discute que Donald Trump tenga sus rascacielos en EEUU como su edificio corporativo en Chicago. Pues bien, esta torre será para Paulmann su propia Torre Eiffel (tienen similar altura), pero para Santiago puede ser cualquier cosa.

Distinto es que a algunos les parezca estéticamente poco agraciada la torre o que urbanísticamente parezca cualquier cosa menos un hito urbano, según otros. Se compara con el Mall de Castro y se advierte que es un adefesio, un insulto al arte y un atentado a la ciudad. Pues el diseño del argentino César Pelli, los chilenos Alemparte Barreda y Asociados (junto con Watt International) tampoco es de mi agrado. Pero pasará lo mismo que ocurrió con la torre de vidrio junto a la Catedral, con la torre Santa María, la de Telefónica, en fin, que pasarán a ser parte del paisaje urbano, se mimetizarán y pasarán casi inadvertidas (si no fuere por la altura, claro está). Pero comparar esto con lo del Mall de Castro es otra cosa. Acá no hay patrimonio cultural que se vea afectado. Quienes indican que en Castro la ciudadanía terminó con la controversia al aprobar mayoritariamente la construcción del centro comercial, no entienden el trasfondo. Nadie duda (aunque a algunos no nos gusten los centros comerciales) que la mayoría de los ciudadanos quieran tener los supuestos indicios de modernidad en sus ciudades como pueden ser estas edificaciones comerciales. El tema acá es dónde y cómo se construyen.

Las cosas por su nombre. Una reforma que no reforma.

En Chile existe una tendencia excesiva a designar las cosas por un nombre que no tienen. Debe ser por un efecto cultural que se nos agudiza en los años de escuela cuando asignamos motes a nuestros compañer@s. Esto es casi una anécdota cuando se habla coloquialmente, pero cuando se hacen anuncios presidenciales, parece algo poco correcto.

Vamos al punto. Llamar reforma tributaria al proyecto anunciado ayer a través de los medios por el primer mandatario es, por decirlo menos, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. El proyecto es más bien un conjunto de medidas (la mayor parte buenas medidas) que permitirán recaudar algo más de impuestos. Por tanto no es más que una modificación de procedimientos más que una reforma. Digamos reforma tributaria cuando volvamos a formar un sistema tributario transformando el existente en otro mejorado. No tan solo se trata de un cambio cosmético sino que no necesariamente para mejorarlo.

El objetivo de una reforma tributaria no es para mejorar la redistribución de la riqueza, sino que buscan aumentar tributos para financiar alguna política pública. En este caso, se dijo que para la reforma del sistema educacional. Si se busca esto, debe ser una modificación permanente, sin embargo, se anuncia que el crecimiento del PIB (algo que en una economía globalizada como la nuestra es tan volátil) logrará financiar en gran medida dicho sistema y que, por tanto, aumentar levemente los impuestos a las grandes empresas es suficiente. Lógicamente, economistas relacionados con estas empresas indican que el enfoque de la reforma presentada por el Gobierno atenta contra el crecimiento ya que es dañino para las utilidades retenidas que no se reinvertirán.

Lo cierto es que es una “reforma” muy moderada (ya dijimos, no es una reforma), ya que el actual impuesto transitorio a las grandes empresas (por el terremoto) queda fijado permanentemente y, en consecuencia, el alza ya se encuentra vigente en lo sustantivo.

El resto de la “reforma” incluye una supuesta disminución de los tributos a las personas, principalmente para la denominada ‘clase media’. Lo cierto es que quienes se benefician levemente son más bien las familias cuyos hijos están en colegios particulares, esto es, el 100% de las familias más acomodadas y el 70% de las familias de ingresos medio-altos (4to quintil) y el 40% de las familias de ingresos medios (3er quintil). ¿Redistribución? ¿Equidad?

Una reforma real, debe tener claro las cifras que pretende recaudar y el objetivo. Si es para educación, claramente es insuficiente. Si se dice que financiará el Transantiago, pues alcanza menos para el objetivo principal.

Otro elemento es la recaudación eficiente. Se dice que se eliminarán evasiones importantes. Si es así, excelente. Habrá que ver si el chileno, que por esencia es tan ocurrente, inventará nuevas formas de subterfugios.

Por último, efectuar modificaciones a los tributos para fomentar (y no para financiar) políticas sociales, es un craso error. Resolver los problemas de alcoholismo y tabaquismo mediante aumento de impuestos, es absolutamente innecesario. La justificación en ambos casos es más bien una mayor recaudación por la adquisición de bienes suntuarios y no para provocar un bien deseado (disminución del consumo de sustancias nocivas), ya que sabemos que eso no va a ocurrir. Similar es el caso del impuesto específico a los combustibles. Decir que dichos impuestos resuelven problemas de contaminación y congestión es una falacia que ha quedado más que demostrada. Lo único que provoca es un aumento irreal del precio final de los bienes de consumo (todos los cuales se transportan).

En fin. Una reforma que no es reforma, un aumento de impuestos a grandes empresas que no logran financiar el objetivo de la ‘reforma’, una disminución distributiva de los impuestos que no es equitativa (ni redistributiva). En Chile seguimos llamando de una manera distinta el nombre de las cosas.

Otra vez la educación al tapete. ¿Hacia la dirección correcta?

Con el reciente anuncio del Gobierno sobre la creación de un fondo estatal para entregar créditos universitarios y la eliminación del sistema bancario para dicho financiamiento, se reabre el debate sobre la malograda educación superior y sobre el sistema educacional chileno en general. La medida ha sido aplaudida por casi todos los sectores ya que ciertamente es un avance hacia la eliminación del mercantilismo que abunda en nuestro país en todos los servicios públicos, principalmente en aquellos que han sido privatizados.

Sin embargo, reaparecen voces que insisten en cambios radicales pidiendo gratuidad completa o, al menos, gratuidad para quienes no pueden pagar los altos aranceles. También, se reanudan las críticas al sistema educacional superior tanto en su concepción como la calidad de la prestación de los servicios docentes.

Pues bien, nadie puede negar que lo anunciado es un avance; tal vez no el esperado, quizás tampoco el necesario, pero un avance. Es lo más concreto que el Gobierno ha hecho en esta materia desde que comenzó el estallido social por las demandas levantadas por los estudiantes universitarios y secundarios durante el año pasado. Como era lógico, surgen de inmediato las críticas sobre los vacíos del anuncio, el mecanismo de funcionamiento y, por sobretodo, por la supuesta existencia de una ‘letra chica’. Y claro, las dudas nacen como consecuencia de la desconfianza que gran parte de la ciudadanía tiene de la gestión del Gobierno, más que de hechos concretos que pudiesen identificarse en la medida informada.

En efecto, las preguntas de fondo son si nuestro país va a avanzar hacia un nuevo modelo social y económico que en materia educacional signifique realmente que la educación es un derecho fundamental que debe ser promovido y provisto y/o regulado por el Estado o bien, se avanzará hacia un acomodo del mismo modelo que garantice que ciertos servicios y derechos que son hoy día proporcionado por privados sean lo más equitativos posible, siempre dentro de lo que el mercado pueda ofrecer y el Estado pueda regular.

En educación, como en otras materias, parece ser claro lo que la ciudadanía exige: cambios estructurales, modificaciones de fondo, de un sistema económico que aplicado a un mercado tan pequeño y tan poco regulado como el nuestro comienza a dar señales inequívocas de monopolio, corrupción, arbitrariedades y excesos que trasuntan en una concentración desmedida de la riqueza, muchas veces mal habidas o con prácticas poco éticas. El resultado de ello es que servicios tan básicos como el sanitario, el transporte o derechos fundamentales como la salud y la educación son tratados como simples mercaderías que se tranzan al mejor postor. Hoy, por ejemplo, no es extraño que un médico se refiera a sus pacientes como clientes o un rector llame capital al conocimiento científico generado a través de investigaciones en una universidad.

El único paradigma hacia el cual podemos avanzar sin generar trastornos importantes del modelo vigente y su sistema social, es uno en el que el Estado regule claramente las acciones de los privados, lo suficiente como para impedir las malas prácticas, irregularidades e ilegalidades, pero no tanto como para desincentivar la inversión y el crecimiento económico que claramente es el motor que se debe fomentar. Un paradigma donde el Estado se haga cargo efectiva y eficazmente de los derechos básicos, y con calidad, lo que también importa una reforma real del aparato público, mucho más eficiente. Hacer competir al Estado con los privados generaría una suerte de aliento para ambos sectores en pro de la calidad de los servicios que ofrecen.

Volviendo a la educación; el anuncio es importante, va en una dirección correcta, pero se requiere mucho más audacia para avanzar hacia un nuevo modelo. La gratuidad, creo, es perversa. Atenta contra un hecho esencial que es la falta de compromiso y de responsabilidad de parte de quien es beneficiado como de parte de quien ofrece el servicio. Pero se debe garantizar que quienes no puedan pagar los aranceles, y tengan mérito, accedan a la educación mediante créditos blandos o becas. Y aquí está la esencia: ¿la equidad en la educación superior es posible? El problema no está en este nivel, la inequidad proviene de los niveles inferiores. En Chile es posible vaticinar que un alumno que estudió en ciertos colegios entrará a la educación superior sin inconvenientes mientras que otro alumno, por el simple hecho de no acceder a esos colegios, no podrá acceder a la universidad. Este es el cambio urgente. Las gestiones por asegurar equidad en el acceso y mantención en la educación superior sólo debe ser un proceso transitorio mientras se logran igualdades de calidad en la educación básica y media.

De la misma forma como no creo posible la gratuidad, tampoco es posible un acceso universal a la educación universitaria. Las razones son muchas: (1) colmatar una sociedad con profesionales no tiene sustento; toda sociedad requiere distintas calificaciones laborales. Lo que se debe asegurar es más bien que los salarios sean equitativos según las funciones desempeñadas. (2) Se debe entender que la educación universitaria es, por esencia, discriminadora, y no es una discriminación arbitraria, es por meritos académicos. Claro hoy en Chile estos méritos se obtienen desde la cuna, pero si la calidad de la educación básica y media fuera homogénea, no habría necesidad de seleccionar alumnos para la universidad; el proceso sería casi natural. (3) Quienes se llenan de orgullo porque en Chile se ha incrementado ostensiblemente la cantidad de alumnos en la universidad (incluso primeras generaciones), deberán luego poner la cara ante los miles de profesionales cesantes o que trabajan en cualquier empleo menos en lo que estudiaron. El mercado es implacable.

Se requiere un cambio profundo. Si este Gobierno logra ir en la dirección correcta, con certeza y sin generar desconfianza, efectivamente habrá hecho mucho más de lo que se hizo en los veinte años anteriores.

Agoreros y sismos. De la ingenuidad al oscurantismo.

Todas las ciencias de la Tierra buscan examinar su objeto de estudio utilizando un método científico que les permita alcanzar su objetivo. Dicho método varía según las disciplinas, pero en general, parten observando un hecho o problema, generando una hipótesis, desarrollando un análisis o tratamiento de datos, efectuando una explicación del fenómeno estudiado, según los resultados del análisis, interpretándolo para, finalmente, llegar a una predicción. La repetición consecutiva de este ciclo permite llegar a verificaciones de la hipótesis planteada y proponer teorías que deben ser aceptadas en virtud de la comprobación crítica.

Un ejemplo concreto de este ejercicio son las predicciones que desarrolla la meteorología, disciplina que, por la dinámica a escala humana de su objeto de estudio –el tiempo atmosférico–  genera pronósticos a partir de teorías científicamente aceptadas. A partir de modelos matemáticos de los elementos del clima, es posible inferir su comportamiento y preconocer su dinámica futura de corto plazo (temperaturas, humedad, lluvias, etc.).

No obstante, otras disciplinas de este grupo de ciencias tienen dificultades para deducir fenómenos naturales. Aluviones, erupciones volcánicas y, por sobretodo, sismos, son eventos naturales de compleja predicción. Ello se debe a que la dinámica de los fenómenos tectónicos es aún muy poco conocida y teórica y su estudio se realiza a través de inferencias pero no mediante actos empírico directos. Hoy deducimos cómo se mueven las placas tectónicas, se teoriza sobre qué genera su dinámica y, finalmente, se infiere cómo se acumula la energía en los bordes de estas placas. Estando todo en pañales, es claramente complejo llegar a conclusiones contundentes.

Siendo Chile un país sísmico que experimenta constantemente movimientos telúricos, estamos ávidos de poder saber cuándo ocurrirá un evento sísmico de importancia para tomar los resguardos necesarios. Y allí aparecen una serie de personajes pseudo-científicos, agoreros y profetas sibilinos que echando cartas o aplicando fórmulas matemáticas mágicas cual oráculo, se pasean por los medios de comunicación vaticinando catástrofes. Sin siquiera comentar el fenómeno de la alarma pública que pueden generar, lo más curioso es que estos medios carecen de toda responsabilidad cuando promueven los presagios de estos adivinos.

Es cierto que todo modelo y teoría que ha sido planteada se inicia con una fuerte crítica por parte de la comunidad científica y luego se transforma en parte del cuerpo doctrinario de las disciplinas. Pero lo que no puede ocurrir es que personajes que carecen de toda rigurosidad científica expongan sus técnicas pitonisas a la comunidad en general, sustentados en supuestos aciertos que no tienen fundamentos. Atinar en algunos casos con la ocurrencia de fenómenos sísmicos en su epicentro, magnitud y fecha en un territorio donde los sismos perceptibles al año son más de 30 al año, no tiene gran chiste. Por una simple operación matemática, es posible “predecir” que cada once días ocurrirá un temblor bajo nuestros pies.