Cómo funcionan nuestras instituciones castrenses. Lecciones de las tragedias.

“Las instituciones funcionan” nos decía años atrás un mandatario. Y claro, funcionan, pero el tema es cómo funcionan ya que el hecho de que funcionen forma parte de la esencia de cualquier institución. Las evaluaciones que la ciudadanía hace de aquellas entidades que son públicas o que siendo privadas, proveen un servicio público, son, en general, cada vez más negativas. La evaluación que se hace de ellas normalmente está motivada por hechos puntuales, sin embargo, lo que no deja de sorprender es la tendencia sistemática hacia niveles negativos. Se puede leer de esto que, por una parte, los ciudadanos están más chinchosos para requerir servicios de calidad (o visto desde la perspectiva mercantilista, los consumidores son cada vez más exigentes) y, por otra parte, la gente asigna a ciertos servicios o instituciones, de acuerdo con las funciones que cumplen, niveles de menor tolerancia ante una mala gestión. Extrememos con un ejemplo domestico: si un transportista de un furgón escolar hace mal su función no es igual a que un jardinero lo haga mal.

Una de las instituciones que se nos ha dicho que no deben fallar son las fuerzas armadas. Me crié en dictadura y se nos inculcaba el amor hacia estas instituciones, de modo tal que hasta siento orgullo por aquellos que están dispuestos a ofrendar su vida en servicio a su patria –aunque el la práctica sabemos que es más seguro trabajar en una institución armada que en la construcción, por ejemplo, obviando las instituciones policiales– . Debe ser por lo anterior que cada vez que se cometen errores involuntarios, actos negligentes y hasta delitos en alguna de estas instituciones, la evaluación categórica de la sociedad es tajantemente negativa.

Actualmente la Fuerza Aérea de Chile vive un inexorable e implacable cuestionamiento público por el caso del conspicuo accidente de Juan Fernández. ¿Por qué? Es cierto que fue un hecho de notoriedad pública, tal vez no tanto por el accidente en sí sino por quienes viajaban en la aeronave –hubiese sido lo mismo si los pasajeros hubieren sido meros desconocidos– . Recordemos dos accidentes similares posteriores pero con pasajeros casi anónimos. Tras el accidente, de inmediato surgieron las dudas. ¿Había sobrepeso? ¿Estaba el combustible necesario? ¿La tripulación tenía experiencia? ¿Las condiciones climáticas eran las adecuadas?

Aún nos cuestionamos y el proceso de investigación que lleva el fiscal a cargo probablemente nunca revelará con certeza lo ocurrido. Lo que sí es cierto es que la Fuerza Aérea ha actuado con impericia comunicacional y con toda suerte de yerros no forzados. Con ello, hoy ya no sólo se cuestiona si entregaron toda la información requerida al fiscal sino que incluso su  funcionamiento en general: ¿Se hacen las mantenciones correspondientes? ¿Se realizan análisis seguros de las condiciones climáticas para los vuelos? ¿Existen protocolos adecuados cuando un avión militar transporta civiles en tiempos de paz? En síntesis ¿Funciona bien la Fuerza Aérea?

El resto de las fuerzas armadas no están exentas de cuestionamientos por tragedias evitables. La Armada tuvo su innegable y anacrónico traspié durante el terremoto del “27-F” cuando no entregó información certera y a tiempo para que las autoridades decretaran alerta de tsunami (sin entrar a analizar los errores de dichas autoridades). Tal vez  una alerta temprana habría evitado decenas de muertes –sólo un buen análisis podría determinarlo–. El Ejército tuvo su trágico error en Antuco que costó la vida a 45 conscriptos y que culminó con fallos por cuasi-delito de homicidio reiterado para oficiales a cargo del batallón y una serie de militares dados de baja.

Cuando las instituciones armadas funcionan mal, sus errores cuestan caro y la evaluación de la ciudadanía es lapidaria. Son instituciones que están al servicio de la patria para defender la soberanía y proteger la nación, proteger a todos los chilenos. Ninguna duda debiese caber en su actuar. Más cuando su gestión está absolutamente financiada por leyes excepcionales a partir de recursos públicos como el 10% del cobre y no se puede, entonces, indicar que la falta de estos recursos impide o restringe la gestión de estas instituciones.

Argentina vuelve a reír. ¿Quién reirá último?

Argentina se ha transformado en un país sin credibilidad internacional con una economía debilitada y con una gestión política interna y externa errática, que hace tambalear cada cierto tiempo la fe pública, con altos índices de corrupción, con partidos políticos irrisorios y de actuar peripatético, con una sociedad que estuvo ad portas del desarrollo pero que hoy aún no se recupera de la crisis del 2001 (el corralito) y se ve inmersa en el espejismo creado por los Kirchner desde el 2003, suponiendo que los problemas sociales se están solucionando mediante medidas populistas que solo agravan la situación económica.

La promesa del Frente para la Victoria de rescatar a una Argentina deprimida y llevarla a la cima ha quedado en la expresión de la voluntad de mejoramiento de la economía mediante una serie de nacionalizaciones de empresas que sólo en el decenio anterior los mismos Kirchner promovieron privatizar. El motor del impulso fue sector agropecuario, mismo que catapultó a Cristina Fernández, tras la crisis de 2008. Pero la ansiada cohesión social no se ve por ninguna parte. Alguien comentó que Argentina vive al borde del precipicio. La señora K parece que dio el primer paso adelante… y con vuelito.

Hoy parece que la presidenta, usando una vieja estrategia, se crea situaciones conflictivas externas que le ayuden a generar esta cohesión interna. Primero fueron las Malvinas y actualmente la nacionalización de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, privatizados durante el gobierno de Menem siguiendo la receta de los exitosos países en vías de desarrollo (entre ellos Chile).

YPF, empresa controlada por la compañía española Rapsol (con más del 55% de las acciones), posee una ínfima proporción de participación estatal, ya que el resto son acciones privadas como el 25% del grupo Petersen de argentina. El reciente envío al parlamento del proyecto de ley para “recuperar la soberanía sobre YPF” declarando que el 51% de su patrimonio es de utilidad pública y, en consecuencia, es sujeto a expropiación, se sustenta en la insuficiente producción que la empresa está generando y en la escasa inversión que los dueños han capitalizado. Se transforma así en el negocio que mejor sabe hacer Argentina: vender una empresa pública en lo que vale, esperar que los privados inviertan y rentabilicen, para luego expropiarla al precio que el gobierno indique que vale.

Argentina se ha caracterizado por este tipo de acciones zigzagueantes que siempre terminan en su propio beneficio. Para ejemplo, el acuerdo con Chile sobre suministro de gas natural. Sin embargo, se debe reconocer que como política autocomplaciente es muy efectiva y efectista.

El efecto es muy obvio, la señora K pierde credibilidad internacional pero gana popularidad interna. En tanto, mientras Antonio Brufau corre a la Moncloa a suplicar acciones a Rajoy, a quien le llueve sobre mojado.

A los ojos de parte de América Latina, el suceso de la nacionalización de YPF es un claro signo del empeño de Fernández de seguir los pasos de Chávez. Para otros, es una señal para España –que hoy controla buena parte de la banca y las telecomunicaciones en Hispanoamérica– que el colonialismo terminó hace doscientos años. Y para otros no es más que otra de las muchas  grotescas y extravagantes muestras de tercermundismo que nos ofrece la política argentina.

Esperemos las reacciones de España –tal vez declara insalvablemente nulo el proyecto de ley–para saber quién ríe último en este controvertido acontecimiento. Yo tomo palco.

Ineptum ad regere. Más que un insulto.

‘Inepto’ se transformó en la palabra de moda durante los últimos días en nuestro país a raíz del uso del adjetivo empleado por el semanario británico The Economist para calificar la gestión del presidente Piñera en medio de una serie de hechos sociales que derivan de una inequidad socioeconómica. Su uso fue considerado un insulto y un error por parte de la Moneda. Lo cierto es que, como muchos conceptos que existen en nuestra exquisita lengua castellana, el término inepto no es de uso habitual en nuestro léxico y, por tanto, tiende a ser mal interpretado. Inepto viene del latín ineptus y da a entender que alguien no es apto para algo, es decir, no es idóneo, o no tiene habilidad para hacer algo. Por ende, se refiere a alguien que no es capaz o no tiene las competencias.

Claramente su uso no es ofensivo ni insultante, pero puede ser utilizado en forma despectiva o peyorativa.  En “chileno” no es igual decir ‘no tiene las competencias’ a decir ‘incompetente’ o ‘no es capaz’ en vez de ‘es incapaz’. Cualquiera sea el caso, es equivalente a cuando quienes hoy rasgan vestiduras por su alusión al mandatario, ayer indicaban que la ex presidenta Bachelet “no le daba el ancho”, formula igualmente despectiva o peyorativa. Hoy sabemos que, cualquiera sea el vocablo utilizado, en ambos casos, y para cosas o acciones distintas, su empleo es y era correcto. El punto está en otro foco: quien lo dice y cómo lo dice.

Cuando quien lo dice no es el adversario político y tiene cierta autoridad, sea moral o intelectual, el uso del concepto suele lacerar más. Esta parece ser la cuestión.

El artículo de The Economist no dice nada que no sepamos ni entrega ningún diagnóstico distinto del que conozcamos. Es más, todos están de acuerdo. Por tanto, cuando la forma es más importante que el fondo, las cosas suelen perder el foco.

En tema central debiese ser el cuestionamiento acerca de la gestión versus la popularidad del mandatario. ¿Cómo es posible que si los logros parecen ser tan maravillosos durante los últimos dos años, el presidente tenga tan bajos niveles de aprobación? Si ambas premisas son ciertas, claramente el presidente es un buen gestor pero un mal político. Es decir, es inepto para gobernar. Es curioso como siempre la percepción de la economía ha ido a la par con la percepción de la gobernabilidad… hasta ahora.

El asunto es que hoy, más que nunca, a la gente ya no le importa que al país le vaya bien, que el cobre esté por las nubes, que la inflación sea baja, que el crecimiento se haya acelerado. Lo importante es que a la gente no le va tan bien mientras el combustible sube, los productos suben (curiosa forma la medición de la inflación), y los sueldos están iguales, y para colmo, existen colusiones, monopolios arbitrarios, repactaciones unilaterales, mala calidad de los servicios (salud, educación, servicios públicos y privados) y cobros abusivos.

Y todo eso ¿es a causa del gobierno? Claramente no. Pero si el gobierno no logra entender las demandas ciudadanas y, peor aún, no sabe resolverlas y parece representar justamente lo que se desea cambiar, lógicamente los niveles de aprobación seguirán por el suelo.

Una autoasignación que indigna. Senadores y sus asignaciones.

Gran revuelo ha causado en las redes sociales la polémica aprobación del alza de dos millones de pesos solicitada por la ex mesa del Senado liderada por Guido Girardi y se hará efectiva a contar del día del trabajador. Esta asignación es vista como una provocación a la ciudadanía, particularmente cuando en Chile se observan enormes inequidades y una profunda desigualdad en el ingreso.

Sin embargo, en la práctica, el aumento no es un incremento en la remuneración de los honorables, sino un alza en la asignación para gastos operacionales. ¿De qué se trata?

Los senadores tienen a su haber ciertas asignaciones para gastos que deben efectuar por su labor parlamentaria. $5.350.000 son para contratar personal de apoyo permanente (secretaria, profesionales o técnicos para asesoría, asistencia o apoyo); $2.700.000 son para contratar mensualmente asesorías especializadas (estudios, informes, asistencia legal); $5.450.000 corresponden a gastos operacionales como el arriendo de oficinas parlamentarias, telefonía, traslado terrestre (arriendo de vehículos, combustible, pasajes, peajes, tag, alojamiento, alimentación y viáticos), correspondencia y difusión, materiales de oficina, gastos de representación y gastos menores; finalmente, un monto variable entre $350.000 y $750.000 por pasajes aéreos, según la región representada. Total, cerca de catorce millones de pesos. La pregunta entonces es ¿no les alcanza con eso?

Supongamos que efectivamente contratan una secretaria por $800.000 (sueldo bastante meritorio), un profesional de apoyo por $2.350.000 (otro sueldo digno), un chofer por $1.000.000 (también un sueldo decoroso) y a un técnico de apoyo por $1.200.000 (un salario decente), la asignación es realmente justa. Lo anterior, sin meditar en que en la mayoría de los casos sólo la secre y el chofer hacen la pega realmente encomendada, el resto son operadores políticos. Si lo anterior no fuera así, no sería necesaria la asignación para asesorías especializadas. Al menos no permanentemente. Si no fuera así, ¿por qué reciben igual la asignación durante febrero cuando hay receso en la cámara alta? Pensemos mal ¿pago a favores políticos?

Lo realmente escandaloso es, justamente, la asignación para gastos operacionales: sedes parlamentarias que rara vez funcionan y que se arriendan, a veces, a precio de huevo pero con contratos falsos (¿recuerdan el reportaje de TV?); viáticos que a veces no son (es una verdadera especialidad en ciertos cargos de representación, juntar boletas no pagadas para hacerlas pasar por gastos de viático); correspondencia y difusión que es un verdadero merchandising, etc. ¿para ello quieren más lucas?

Verdaderamente es una forma de violencia simbólica que irrita e indigna, una verdadera incitación, una ofensa a los ciudadanos y un insulto a nuestra “suciedad”. No tan solo por la cantidad (dos millones) ni por la proporción (un 37% adicional a la asignación) cuando los beneficios para el resto de los chilenos es menor a un 5% (con suerte), casi tampoco por la inequidad, sino porque ellos son los únicos capaces de autoasignarse los recursos que quieran, en la institución menos representativa de las que existen en nuestra muy imperfecta democracia.

¿Comentarios?

Fallo en caso Hidroaysén. Insalvablemente nulo.

Gran parte de los fallos judiciales en nuestro país se producen o dictaminan exclusivamente por yerros o errores procedimentales, es decir, por errores de forma y no de fondo. Lo hemos escuchado cientos de veces: faltó un trámite, no se pudo comprobar por falta de un papel, etc. Esto es, en parte, el motor de la “puerta giratoria”. ¿Por qué ocurre esto? Bien, porque en los tribunales chilenos todavía prima la burocracia por sobre el espíritu de justicia. Parece que a los jueces les da lata hacer bien su pega. Así, da lo mismo si alguien es culpable o no, lo importante es si su defensa hace bien su pega o si la fiscalía o el querellante omiten algún procedimiento.

En este contexto, aparecen vicios más ignominiosos y aborrecibles aún, como el tráfico de influencias. Todos saben, por ejemplo, el resultado de un juicio sólo de acuerdo a en qué sala de una corte resulta ser tramitado o, en un juzgado cualquiera, qué jueces verán el caso. Una cosa es que un grupo de jueces tenga cierta visión de los casos y otra distinta es que reciba ciertas persuasiones para dictaminar. Casos sobran en este país.

Otro vicio, que no es privativo del poder judicial, es el conflicto de interés. Muchos funcionarios públicos y cientos de directivos en el mundo privado, utilizan sus cargos y sus redes en beneficio propio. Ministros y subsecretarios de Estado han sido cuestionados pero jamás ha habido una sanción ejemplificadora o, bien, una reglamentación clara al respecto. Directivos de compañías de electricidad en el ministerio de Energía, directivos de empresas mineras en el ministerio respectivo, accionistas de empresas de transportes en la cartera correspondiente, etc.

Pero ¿qué ocurre cuando un ministro de la Corte Suprema tiene conflicto de intereses? Bien, un juicio debiese quedar absolutamente viciado, de la misma forma como si faltare un trámite, un imputado confeso es dejado en libertad por falta de pruebas.

El reciente fallo en contra del recurso de protección contra Hidroaysén, el ministro Pedro Pierry tenía acciones por cerca de 90 millones de pesos en la empresa. ¿No debió haberse inhabilitado? Se dijo que sus acciones representaban sólo una ínfima parte de las acciones de la empresa. Probablemente. Pero para el juez en cuestión, ¿Cuánto significan de su patrimonio los 90 millones? Finalmente, aunque hubiese tenido sólo una acción en dicha empresa, la ética debió haber actuado.

Tal como ocurre en otras latitudes, el fallo debería declararse “insalvablemente nulo”.

Pero hay algo aún más extraño en este caso y que aún no se resuelve. El hecho era previamente conocido por los querellantes. ¿Por qué no actuaron antes? Esta duda abre un debate distinto. Ya se habla que los propios movimientos ecológicos y ambientalistas también ejercen tráfico de influencias y que por ello no habían dicho nada en forma previa. Está por comprobarse.

Aborto terapéutico: en el centro de la polémica de valores

Toda la discusión acerca del aborto terapéutico que se ha ventilado a través de los medios y redes sociales a raíz de las tres propuestas de ley sobre la materia vuelve a dividir a los chilenos entre conservadores y progresistas. En efecto, tal como ya se había augurado durante las pasadas campañas presidenciales, los principales bloques políticos, finalmente, sólo se diferenciaban por sus valores más que por sus razonamientos y argumentos sobre el sistema económico, político y social del país. Pues bien, estamos en un país donde la sociedad comienza a polarizarse en función de los valores que asume como más representativos ante el constante proceso de transculturación derivado de la globalización en curso. De este modo, observamos el debate por la ley antidiscriminación, las uniones de hecho, y el aborto terapéutico posturas absolutamente extremas que, en definitiva, solo llevan a detener los trámites legales o a desarrollar normas que, por llegar a consensos no resultan eficaces ni funcionales en su aplicación. Parece ser que la sociedad exige cambios radicales, asumió que la transición política y social culminó y requiere soluciones oportunas, pertinentes, acertadas y pragmáticas; cuestión que la clase política parece no comprender en esta suerte de divorcio entre los grupos dirigentes y las bases sociales. En síntesis, ya no vale hacer las cosas “en la medida de lo posible”. Lo posible debe ser ahora.

La probable reposición de la ley de aborto terapéutico tiene, en principio, tres causalidades y que grafican tres situaciones excepcionales: el aborto terapéutico propiamente tal (cuando el embarazo pone en riesgo la integridad física de la madre), el aborto por embarazo no deseado producto de una violación y el aborto por inviabilidad del feto.

Y allí están quienes se oponen a las tres mociones y quienes están a favor, incluso, del aborto bajo cualquier circunstancia dado a que, de acuerdo a sus argumentos, abortar sería un derecho de la embarazada. Tímidamente también, aparecen voces que están de acuerdo con alguna de las causalidades pero no con todas.

Vamos por parte. En Chile, de acuerdo a los datos del MINSAL de los últimos diez años, un embarazo que ponga en riesgo la vida de la madre no ha sido causa de muerte directa para ella. La ética médica obliga a un facultativo a interrumpir un embarazo cuando este riesgo exista. La justificación es que la interrupción del embarazo se produce como un efecto secundario (no directo), aunque axiomático, del tratamiento efectuado a la madre en riesgo. Para tranquilidad de los conservadores, la interrupción del embarazo no es un aborto propiamente tal ya que, en la práctica, es una derivación “no deseada” (aunque el desenlace sea el obvio). Por tanto, una ley de aborto terapéutico (el propiamente tal), en efecto, no tendría mayor asidero. Los detractores agregan que sólo serviría para justificar abortos donde no exista el riesgo vital de la embarazada, mediante un diagnóstico falso. Los panegiristas, en cambio, indican que lo que se debe asegurar es evitar el peligro de que un mal diagnóstico (más por moral que por negligencia o impericia) efectuado por un médico, imposibilite efectuar un aborto terapéutico.

El caso de los embarazos por violación, que son considerados, por razones evidentes, embarazos no deseados, el debate es absolutamente valórico. Aquí se muestran las posturas de rechazo absoluto o de aprobación. Para los primeros, la vida del que está por nacer es un derecho consagrado en la Constitución y un valor superior que impone una dignidad intrínseca al embrión y al feto, equivalente a la de cualquier ser humano. También se agrega que su eventual aprobación es una puerta abierta para que cualquier mujer indique que su embarazo fue producto de una agresión sexual a fin de poder abortar. Para quienes están a favor, el derecho de una embarazada a decidir sobre su gravidez estaría por sobre el derecho a la vida, principalmente cuando el origen de la concepción no fue transigida por la mujer. Agregan que nadie tiene derecho a imponer a una mujer la obligación de llegar al término de un embarazo generado por abuso sexual con las consecuencias sicológicas que esto conlleva.

Aquí vale la pena analizar la problemática desde dos puntos de vista: los casos reales de embarazos causados por violación y la consideración de la “vida del que está por nacer”.

En el lapsus de un año en Chile se denuncian decenas de violaciones y se estima que por cada una de ellas se producen tres a cinco no denunciadas. Estamos hablando de más de 700 casos al año. De ellos, se constatan menos de cinco embarazos producto de los delitos sexuales. De ellos, el 100% corresponden a violaciones reiteradas cometidas por parientes o cercanos a la víctima, normalmente menor de edad. Es cierto, son pocos casos, pero ¿cómo es posible que obliguemos a que una niña agredida sexualmente en forma reiterada lleve el fruto del atentado en su vientre por nueve meses? En estos casos, la píldora del día después no es una alternativa ya que estas niñas son violadas constantemente.

Por otra parte, la Constitución consagra en su artículo 19 la defensa del Estado de la vida del que está por nacer. La vida, y el derecho a ella es, sin duda, el valor fundamental y transversal por esencia, independiente del credo o de la moral de las personas y grupos sociales. No obstante, la vida como derecho y bien jurídico, así como cualquier otro derecho, tiene salvedades y excepciones que el derecho comparado, la doctrina penal y el Código Penal consagran y enmarcan dentro de los estados de necesidad justificantes. Por tanto, el punto está en si es justificación suficiente, para la integridad síquica de una embarazada por violación la agresión sexual. De serlo, sería decisión de la embarazada la interrupción del embarazo.

Por último, aparece el aborto por inviabilidad del feto. Los conservadores argumentan que si bien un feto puede ser inviable, éste está vivo dentro del útero, en consecuencia es distinto a desconectar a un paciente con muerte cerebral quien ya estaría clínicamente muerto. Ciertamente es un argumento poco sustentable. En ambos casos, lo que mantiene la “vida” del feto o del paciente con muerte cerebral es simplemente un ambiente adecuado, sin el cual la muerte es inminente. Aquí la interrupción del embarazo es equivalente a desconectar el ventilador mecánico. Finalmente, un feto inviable ya está sentenciado por la naturaleza a una muerte segura.

La iglesia Católica sí discrimina.

Una vez más hemos sido testigos de un nuevo cuestionamiento a los preceptos de la iglesia Católica, impugnada por promover la discriminación e incitar al odio, en el marco del asesinato de Zamudio y el posterior debate sobre la ley antidiscriminación. A la luz de la efervescencia generada y en medio de este ambiente enrarecido el gobierno ha dado suma urgencia a un antiguo proyecto de ley contra la discriminación y parlamentarios discuten públicamente sobre los beneficios y desventajas de dicho cuerpo normativo en trámite. También aparecen grupos defensores de los derechos humanos y voceros que promueven los derechos de homosexuales planteando sus posturas a favor de esta ley. En tanto, la jerarquía católica ha disimulado, encubre y evita explicar con claridad su postura al respecto. ¿Por qué?

Es cierto: la iglesia discrimina. Todas lo hacen. Finalmente la discriminación no es más que la elección de una o varias personas o cosas de entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas. En eso se basa parte de la esencia de la religión cristiana: “Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos” (Mt 22:14) ¿Por qué ahora discriminar se ha vuelto algo inicuo y perverso? Parece que la humanidad avanza hacia formas de conducta donde la equidad es un bien altamente deseado –a veces sobrevalorado– , tras siglos de desigualdades  e injusticia social y cultural. Mismas inequidades que se han desenvuelto como efectos (deseados o no) de la divulgación y aplicación (a veces con coerción violenta) de los valores superiores que conforman las normas que sustentan la moral cristiana. Baste con recordar la conquista de América o la Inquisición. Estos valores conforman el dogma de fe del cristianismo y, por ende, quienes lo practican lo asumen como verdades absolutas. La moral cristiana es una moral teológica, y como tal tiene un origen celestial ¿Se puede ir contra dichos principios divinos?

Pues bien, quienes pretendan formar parte de la iglesia deben asumir dichos preceptos. Aquí está la causa de la inacción de purpurados y demás prelados. La iglesia Católica evita a toda costa que sus propias normas inciten una diáspora de fieles, pasando a propugnar un relativismo moral de características descriptivas de su propia moral cristiana. De esta forma, pecados absolutos que se instauraron a partir del mosaísmo, ahora pueden ser considerados simples faltas desde otro punto de vista o según las circunstancias. Por ejemplo: el adulterio, penalizado en el decálogo judeo-cristiano, hoy día prácticamente no tiene la sanción con que era castigada en la época de Cristo ni tampoco con aquella que era condenada hace sólo unas tres décadas atrás.

Si la moral cristiana es relativa, ¿cómo sustentar los principios que rigen la doctrina, los que por esencia debiesen ser imperecederos o, al menos, deben permanecer y conservarse en el tiempo con sus cualidades inmutables? Ese es el dilema de la iglesia: mantener sus principios sin que ellos impliquen la displicencia de los devotos y su eventual alejamiento.

Y allí está una vez más la institución católica como bajel en aguas alborotadoras, reinterpretando las sagradas escrituras según el devenir (Levítico, Romanos, 1 Timoteo). De acuerdo a las nuevas interpretaciones, la iglesia aclara que la “conducta homosexual” es aborrecible pero la “condición homosexual” no lo sería. Siendo así, un católico homosexual, mientras se mantenga casto, no vive en pecado y no debe ser discriminado de la iglesia. De lo contrario, no podría formar parte de los fieles, toda vez que viviría constantemente en pecado. Este último punto es lo que la iglesia Católica quiere evitar. Por añadidura, la imagen que desde una sociedad laica se puede llegar a tener de la propia doctrina cristiana se enerva. Por tanto, la iglesia advierte que no discrimina la condición sino la acción y que ha sido absolutamente indeliberada y hasta inconsciente aquella discriminación que sus feligreses eventualmente han podido perpetrar.

Ampliando la aclaración, el problema, entonces, no es la discriminación en sí, sino los actos voluntarios e involuntarios que en el ejercicio de dicha discriminación se ejecutan. Por ejemplo, tratar a quienes no son ‘escogidos’ como personas inferiores, apartar de la convivencia común a personas por no formar parte de los ‘elegidos’, denostarles, negarles ciertos derechos, etc.

Volviendo a la ley antidiscriminación, se deberá tener en cuenta que el discriminar por si mismo no es un acto protervo ¿cómo elegir sin discriminar? El hecho es que la discriminación que se hace basándose solo en la voluntad o en el capricho, y no sigue los principios dictados por la razón, la lógica o las normas morales o legales sí es un acto indeseado. La existencia humana está llena de tomas de decisiones, de elecciones, finalmente, de discriminaciones. Forma parte de nuestro cotidiano vivir. ¿Cómo escoger a un empleado nuevo sin discriminar? Pues el meollo está en esclarecer, previo a la aplicación de la discriminación, reglas más o menos objetivas bajo las cuales se efectuará la selección, que inevitablemente conducirá a una elección y una segregación. Ya veremos, si se promulga la cuestionada ley, cuantos reclamarán discriminación arbitraria en procesos de selección de personal o de selección académica.

Pues bien, la iglesia ha determinado claramente estas reglas. Los escogidos son aquí aquellos que mantienen una conducta moralmente adecuada. El punto está que la iglesia Católica no quiere apartar a los que no son escogidos porque el efecto de dicho rechazo es visto como un repudio, más que como la consecuencia de la aplicación del dogma de fe. Por ello la jerarquía Católica apuesta por el subjetivismo moral.