¿Es necesaria una Ley antidiscriminación?

En estos días donde la sociedad chilena se ha conmocionado y sobrecogido con el brutal homicidio de Daniel Zamudio se abre el debate acerca de lo indispensable que es poder contar en Chile con una ley antidiscriminación. Más allá de las posturas valóricas sobre lo que la ley puede o no suscitar desde la perspectiva de generar aperturas a derechos no reconocidos en nuestro país, parece necesario discutir respecto de la necesidad de promulgar dicha ley considerando sus efectos sobre casos como el que lamentablemente ocurrió en estas semanas.

Un ejercicio que pocas veces se ejecuta cuando se discute algún hecho o tema, es aquel que permite determinar con precisión la problemática a debatir, sus causas y sus consecuencias. Resulta obvio que si una ley antidiscriminación estuviese vigente en Chile, lo ocurrido con Zamudio no se habría evitado. Probablemente tampoco serían mayores las penas que los criminales hubiesen tenido que cumplir si la ley existiese. Consiguientemente, entonces, el problema no es la falta de una ley de esta naturaleza. Por tanto ¿por qué algunos políticos rasgan vestiduras al respecto? ¿Por qué el ejecutivo anuncia suma urgencia para el trámite legislativo? Voladores de luces, bálsamo para las almas irritadas, expiación de culpas, en fin, tapando el sol con un dedo.

Hacer creer a la ciudadanía que la promulgación de una ley antidiscriminación evitará delitos de agresiones por razones de discriminación o, en el mejor de los casos, evitará actos discriminatorios, es como embaucar con un dulce a un niño. Aparentemente nuestra sociedad es menor de edad.

Nada parece gustarnos más que el legalismo y el judicialismo como mecanismo a través del cual purgamos nuestras tentaciones y pecados capitales y alcanzamos una alucinación disfrazada de nirvana. Todo lo que catalogamos como indeseable, inmoral y malo, lo condenamos y lo clasificamos como ilegal. De nada sirven las costumbres y los compromisos no escritos. Hoy la palabra empeñada no vale nada. Cuando surge un nuevo concepto que debe ser calificado como indeseable, entonces, alzamos la voz y deseamos penalizarlo, tratando de reglamentar nuestros modos de vida a través de normas escritas punitivas. Y esto siempre se hace sin ir al fondo, sin conocer realmente el problema, ni sus causas y ni sus efectos. Y se transforma en letra muerta.

Volviendo al deplorable caso de Zamudio, que con su triste muerte se modifica su carátula, desde lesiones gravísimas de homicidio frustrado a homicidio calificado en grado consumado; la ausencia de una ley antidiscriminación no imposibilitará en nada que se juzgue y se condene severamente el crimen cometido. No obstante, veremos cómo se desenlaza judicialmente este hecho criminal, ya que se deberá probar que los imputados no sólo quisieron agredirlo sino que intencionalmente intentaron matarlo poniendo todos los medios de violencia para ello y que su muerte no se produjo por hechos ajenos a su actuar. En fin… la (in)justicia.

Ahora bien, si analizamos el proyecto de ley que se está discutiendo en el parlamento (Proyecto de Ley), cuyo objetivo es “instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”, debemos entender por ‘discriminación arbitraria’ cualquier distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable y que cauce privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos fundamentales. Sin embargo, el proyecto de ley considera ciertas exclusiones  que se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, esto es, si existe otro derecho en juego, predominará este último y no se podrá tipificar la eventual discriminación. Por tanto… letra muerta.

Claramente, entonces, se debe entender que la única razón para aprobar esta ley es un objetivo cultural, que rara vez se cumple si no se fiscaliza ni se tiene un diagnóstico certero de la problemática. Un objetivo político que va más allá que el tratar de evitar las discriminaciones infundadas. Un fin ideológico que pretende expiar las culpas de quienes propugnan idearios progresistas pero son incapaces de fomentar una educación realmente pluralista sustentada en la entrega de valores humanistas como el respeto y la tolerancia.

No obstante lo anterior, una ley bien diseñada sí puede soslayar actos de discriminación como los que han afectado a asesoras del hogar en algunos condominios o a trabajadores por ser extranjeros, o a comensales que deseen entrar a una discoteca, entre otros. Para el caso de Zamudio… esta ley no sirve para nada.