Cuando la Concertación se dispara en el en el pie.

Efectos de las "novedosas" declaraciones de don Patricio Aylwin

Como si no bastaran los varios desencuentros y erráticas acciones al interior de lo que queda de Concertación tras perder las últimas elecciones presidenciales, como si no fuera suficiente que no exista autocrítica y una autoevaluación seria respecto de las razones por las cuales la ciudadanía no optó por el candidato de la actual oposición, hoy los cabecillas y parlamentarios de la Concertación se han enfrascado en un absurdo debate sobre los dichos del ex presidente Patricio Aylwin acerca del gobierno del ex presidente Allende y del rol del general Pinochet durante los primeros años de la transición.

¿Habrá algún dirigente de la Concertación que ciertamente desconozca cuál era la opinión de Aylwin respecto de Allende? ¿Realmente las declaraciones del ex Presidente son una novedad para alguien? Si es así, ¿por qué tanto revuelo? Sabido es que Aylwin y el partido Demócrata Cristiano era opositor al gobierno de Allende. Conocido también es que muchos dirigentes de ese partido apoyaron e incitaron muchas de las gestiones (directas e indirectas, acciones y omisiones) que durante el gobierno de Allende desembocaron en el golpe de estado del 73.

Por otra parte, un gobierno se puede evaluar en función de tres aspectos: el cumplimiento de sus ‘promesas de campaña’ o plan de gobierno, los logros en materia de desarrollo (social, económico, cultural, etc.) y en popularidad o nivel de aprobación. Un análisis objetivo, que sólo la historia puede brindar cuando los actores de la época ya no estén y los fervores se hayan apaciguado, dictaminará si el gobierno de Allende fue un buen o mal gobierno. Por ahora se puede afirmar que, por las razones que sean (intervencionismo, oposición destructiva, gestiones de poderes fácticos, entre otros) Allende no logró buena nota en ninguno de los tres aspectos antes mencionados. Hoy, la radicalización de su imagen tras su muerte, su ambivalente e icónica efigie no permite hacer una evaluación objetiva. Como ejemplo baste decir que su fallecimiento es calificado como ‘cobarde’ por algunos y como ‘heroico’, por otros.

Radicalmente opuestas son las declaraciones del ex mandatario sobre el rol de Pinochet durante su gobierno. Estos hechos están más frescos en la memoria de la mayoría de los chilenos y, claramente, el general no fue un facilitador de la transición, proceso que no se efectuó de acuerdo a sus planes originales.

Es cierto que las declaraciones sobre Allende son visiones distintas que se transforman en puntos de desencuentro de los partidos que conforman la Concertación, mientras que la opinión sobre Pinochet son justamente lo contrario. Pero precisamente, la Concertación fue creada con la finalidad de generar el término pacífico de la dictadura militar y asumir la transición hacia la pseudo democracia que hoy tenemos. Pero insisto, estas diferencias no son ninguna primicia. El problema está en que hoy ya no está Pinochet y el pegamento que unía a la fuerza a los partidos concertacionistas ya no existe. El adhesivo hoy es simplemente las ansias de volver a gobernar y el slogan de “derrotar a la derecha”. Nada más.

Cuando el ungüento aglutinador es tan enclenque como éste (adicionado con un engrudo balsámico efímero como es una candidata proclamada pero que no se da por aludida), ciertamente unas declaraciones añejas y poco originales del vetusto ex presidente, que entierran el dedo en el estigma concertacionista sólo sirven para percibir el debilitamiento de un conglomerado político que no tiene un diagnóstico claro de la realidad, que no presenta propuestas lúcidas y atingentes con esta realidad, y que carece de un liderazgo que permita guiar el barco a buen puerto. Las consecuencias de dispararse en el pie.

Lo demás… música. Y de la estridente.

Cuando estacionar es sinónimo de pagar.

Los servicios públicos que son más cercanos a la gente son aquellos que establecen políticas públicas que atingen directamente los intereses de los ciudadanos y no, necesariamente, aquellos que físicamente están más cerca de la población generando interacción con ella. El registro civil y el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, son entidades que prestan servicios a diario, pero no son reconocidos por su cercanía. Finalmente, no nos ofrecen nada que no sean trámites obligatorios.

Los municipios –una suerte de mini-gobierno– brindan servicios que corresponden a estos trámites obligatorios (patentes, permisos de circulación, permisos de edificación, etc.), pero también ofrecen servicios sociales (asistencia social, capacitación, intermediación laboral, etc.) que son altamente importantes para vastos sectores de la población.

A nivel central, la Dirección del Trabajo y el SERNAC, en cambio, si ofrecen servicios que son sumamente útil para los ciudadanos, principalmente los de la denominada "clase media". Esto es obvio si se entiende que estos organismos velan por los intereses de trabajadores y consumidores, respectivamente. Otros servicios, que aparecen más lejanos y son algo desconocidos, a partir de la implementación de políticas públicas de interés ciudadano, también aparecen cercanos. Es el caso de la CONASET –Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito– . La reciente implementación de la ley “tolerancia 0”, el nuevo sistema para otorgar licencias de conducir más exigentes, la mayor fiscalización de transportistas escolares, entre otros, generan efectos deseados por todos y la pega está bien hecha, aunque sin mayor parafernalia.

Y allí está el SERNAC, una entidad pública extremadamente sensible para una sociedad de consumo como la nuestra, generando muchos anuncios pero escasos resultados. El único hito de esa institución en los últimos dos años ha sido el caso La Polar, el cual pudo haber sido un verdadero acierto del gobierno en materia de protección del consumidor y, sin embargo, ya todo huele mal. Un proceso poco claro, arreglos extrajudiciales dudosos, indemnizaciones irrisorias, inculpados sólo con arraigo, abogados querellantes que se harán millonarios, la empresa que no pagará realmente lo que debiese y, la guinda de la torta, explicaciones inexplicables por parte del director del SERNAC.

El último “numerito” fue el anuncio del SERNAC de que se obligaría a los dueños de centros comerciales a dejar de cobrar por el uso de baños y estacionamientos para clientes. Bastó un solo llamado desde más arriba para que la versión se cambiara: “lo de los baños es impresentable, pero lo de los estacionamientos, hemos generado una mesa de trabajo para ver que se hace con ello”. Como Condorito.

Bastó sólo eso como para sembrar un manto de dudas respecto del actuar de este servicio. ¿Realmente está con los consumidores o simplemente intermedia entre éstos y los muchos derechos de los empresarios, en pro del buen funcionamiento del Sr. Mercado?

Y se ha dicho de todo, desde que no importa que cobren si se hacen responsables de robos o daños hasta que entonces no se debiese cobrar por estacionar en la vía pública, más cuando se paga por el permiso de circulación. Sólo voladores de luces. El permiso de circulación es, justamente, para circular y no para estacionar, y la recaudación por estacionar en la vía pública está destinado para el gasto municipal, es decir, gasto a la comunidad (distinto es, luego, si el uso del recurso está bien administrado).

La recaudación en un estacionamiento privado es… como su nombre lo indica, para el privado. Es decir, para lucrar. Distinto es, luego, si con la recaudación se mejoran los servicios del propio estacionamiento (lo cual forma parte del mejoramiento del servicio privado).

Ahora, el tema de fondo: ¿Es lícito que los centros comerciales y clínicas lucren con un cobro por el uso del estacionamiento? Sí. Ahora, ¿es ético o moralmente correcto que lo hagan? Debate… y confusión. La Ordenanza de Urbanismo y Construcción obliga a los centros comerciales (así como a otros locales como colegios, clínicas, supermercados, etc.) a construir una cantidad mínima de estacionamientos con la finalidad de cubrir en parte el impacto vial que la obra genera. Claramente los centros comerciales construyen más estacionamientos de acuerdo a lo que el mercado indica (que es bastante distinto a la norma). El uso de éstos debiese ser exclusivamente para los usuarios del centro comercial y, a veces no es así. El cobro sería para evitar este “mal uso”.

Pues bien, hay muchas formas de evitar esto sin necesidad de cobrar. ¿Por qué en un hotel no cobra por su estacionamiento, o la mayoría de los supermercados? ¿No bastaría con presentar una boleta por el consumo? Finalmente el estacionamiento es un servicio conexo.

Pero esto no acaba aquí. Muchas empresas y servicios públicos cobran a sus empleados por el uso de su propio estacionamiento. Este es el meollo del asunto: el mercado SIEMPRE tratará de que el costo lo paguen otros, sin asumir los gastos operacionales. Llevado al extremo: si llevas de urgencia a un pariente a una clínica, puede ser grande tu sorpresa cuando, además de los elevados costos del servicio y lo poco que te cubre la Isapre, tengas que pagar al salir del estacionamiento.

La Clase Media o la media clase chilena.

Desde hace ya algunos años se puede leer en algunos medios sobre la deuda con la clase media. El concepto fue objeto de culto en la campaña presidencial y se ofreció “alma y corazón” con la clase media y otro candidato prometió ampliar la protección social. Peno más allá de los compromisos de campaña, la pregunta que cabe hacerse en primer término es ¿qué es la clase media? para luego ocuparse de por qué es objeto de interés político.

Nada puede ser más difícil que definir algo que lleva el adjetivo ‘medio/a’ ya que significa, literalmente, lo que es igual a la mitad de algo o que está entre dos extremos, en el centro de algo o entre dos cosas o en un período entre dos tiempos. De allí derivan otros conceptos como promedio o intermedio. Luego, otra acepción se relaciona con las características o condiciones generales de un grupo social, de una época o de algún tipo de agrupación, p.e. “el ciudadano medio” (que es menos prosaico que “el ciudadano de a pie”). Se amplia así el sentido de las acepciones literales hacia una que involucra no solo a la parte que en una cosa equidista de sus extremos sino a la mayor parte de la cosa expresada, como una figura hiperbólica; p.e. “medio Chile está bajo el agua”. Pero también se utiliza el concepto para expresar una acción incompleta, p.e. “a medio vestir”. Se entenderá, entonces, que las distintas acepciones del concepto son, justamente, ‘medio’ confusas. Por último, es destacable que el significado referido a la  mitad de las cosas, varíe paradójicamente hacia el sentido opuesto: ‘medio’ también se refiere al conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona o un grupo humano o, biológicamente hablando, al conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades, p.e. “habita en un medio acuático”. Es decir, se hace referencia a lo envuelve una cosa, principalmente un ser vivo, y no al centro de la cosa expresada. En fin, mucha divagación y verborrea etimológica.

Si ya es difícil entender el adjetivo, cuando califica al sustantivo ‘clase’ se hace muy compleja su comprensión. Partamos por decir que no existe una clase media sino varias y que desde la sociología se prefiere hablar de ‘estrato’, ‘sector’ o ‘nivel socioeconómico’ que es más preciso y no hace referencia a un ámbito amplio sino segmentado. Llegué a pensar en la ‘clase media’ escuchando una empalagosa canción ochentera en la radio que me recordó los miti-miti de fruta. Nada más ad-hoc para derivar en el concepto de ‘medio’. Pero en realidad hice memoria de aquellos años en que era mucho más fácil identificarse con una clase social y claramente uno reconocía quien era o no de la clase media. Muchos se identifican con la familia de los Herrera de los 80.

Es justamente a partir de esa tortuosa pero entrañable década que la clase media chilena cambia radicalmente. Ya no está constituida exclusivamente por funcionarios públicos o de servicios financieros sino que emergen los jefes de hogar dependientes de privados: técnicos y profesionales de nivel medio, empleados de oficina, trabajadores de servicios privados y vendedores de comercios, operarios de artes mecánicas y de otros oficios. Esta masa fue creciendo durante los ’90 en función de tres factores: la disminución de la pobreza de 39% a 18%, la profesionalización de los jóvenes y el crecimiento económico del país. Este resultado generó una clase media diversificada: un estrato medio-bajo –muy vulnerable– que apenas se diferencia de las clases empobrecidas cuyo origen es que han superado matemáticamente la línea de la pobreza a partir de las políticas sociales (parte del sector D); un estrato medio que se ha generado por la providencia del “chorreo” y que hoy se ha denominado peyorativamente “clase media aspiracional” –como si el resto de los estratos no tuviera aspiraciones–  (el sectores C3 y C2); luego un estrato medio-alto compuesto por los nuevos profesionales y por la movilidad social generada por el crecimiento económico y que se denominan siútica y pomposamente “clase media acomodada” (C1 inserta en el ABC1). Claro está que internamente dentro de cada estrato hay diferencias. Un ejemplo grafica mejor. Una familia tradicional (hogar nuclear completo) cuyos miembros parentales son un oficinista y una vendedora del retail con hijos en colegios subvencionados pertenecen al sector C2, mientras que una familia con jefa de hogar (hogar nuclear incompleto) profesional con hijos en colegios particulares pagados también forma parte del sector C2. Otro ejemplo, otra familia tradicional con miembros parentales dueños de un pequeño almacén de barrio y con hijos pueden pertenecer al sector C3 mientras que una familia tradicional cuyo jefe de hogar es campesino, también pertenecen a ese sector. Un tercer ejemplo. Una familia con jefa de hogar que trabaja en el servicio doméstico y con hijos en colegios municipales pertenece al sector D, sin ser una familia bajo la línea de la pobreza, mientras que un hogar formado por un jubilado ex oficinista y su cónyuge, también.

Entonces, ¿es posible definir esta clase media como una sola? Se estima que un hogar de la clase media en Chile obtiene rentas mensuales de entre $225.000 y $775.000. Parte del problema es determinar los miembros económicamente pasivos de estos hogares a fin de definir el per cápita. Allí radica la diferencia de ‘niveles socioeconómicos’. Un hogar con una renta de $225.000 y con tres miembros en la familia es clase media; con cuatro ya es clasificado de pobre: la dureza de los métodos de medición de la pobreza. Al revés, un hogar de 2 integrantes con una renta de $775.000 es ABC1; con más integrantes ya es C2.

Todo lo anterior es un breve análisis interno. Si comparamos nuestra “clase media” con la de otros países, son evidentes dos aspectos: el bajo nivel socioeconómico de esta clase social en Chile y lo disminuida que es en representación demográfica, social, cultural y política. Pero de eso me ocuparé en otro blog.

Por qué a Piñera le va mal en las encuestas?

La primera semana de mayo, cuando Adimark entregó los resultados de su encuesta de evaluación del gobierno, y el presidente Piñera caía a su nivel más bajo de aprobación con un 26%, al oficialismo se le cayó el mundo encima. Una semana más tarde, los resultados del estudio de opinión pública semestral del CEP terminaron por desmoralizar a los más optimistas del gobierno con el magro 24% de aprobación. En términos generales, ambas encuestas evidencian una misma situación –que ya no puede ser negada por nadie– la calificación o evaluación al gobierno, al presidente, al poder legislativo, al oficialismo y a la oposición, en general, a toda la clase política, está por el suelo.

Lo que sorprende de esta fotografía social es que no se logra una explicación para esta evaluación negativa y, en consecuencia, aparecen especulaciones y reflexiones de todo tipo. Ésta es una más.

 

Con Piñera, tras ser electo con el 51,6%, la derecha celebraba por primera vez, desde que Jorge Alessandri el año 1958 ganó las elecciones con una mayoría relativa (31,5%), llegar a ocupar la Moneda. La celebración era grande (se hablaba del “desembarco”) a pesar del estrecho margen de votación y de haber sido el presidente electo con menor cantidad de votos desde 1989 (poco menos de 3.600.000 sufragios). ¿Qué hizo que la derecha superara su tradicional 40%). Lo cierto es que en ese momento no se supo leer lo que la ciudadanía dictaminó: parte del margen de votantes que el 2010 se inclinó por el candidato de la Alianza, habiendo votado tradicionalmente por candidatos de la Concertación, no lo hizo por Piñera, lo hizo para castigar a la Concertación (junto con el importante electorado que invalidó su sufragio o simplemente no votó). Otro grupo de electores lo hizo porque el candidato de la Concertación no era de su agrado (el eslogan era “Frei ya tuvo su oportunidad”). Y otro grupo lo hizo porque Piñera encarnó lo que la sociedad estaba exigiendo desde entonces: un cambio en el sistema. Piñera hizo un ofertón irresistible para estos electores. Hoy muchos de ellos se retractan. ¿Quién no conoce algún arrepentido?

En ese escenario, Piñera llegó a la Moneda y mantuvo su adhesión durante casi todo el año 2010, incluyendo su peak en octubre cuando con éxito salieron los 33 mineros desde las entrañas de la mina San José. Luego, la mediática exposición del presidente y de su ministro estrella terminaron por saturar a parte de los ciudadanos. A nadie le gusta una persona que anda por la vida enrostrando sus logros sin humildad. Desde diciembre de 2010 y hasta hoy, el presidente nunca más superó el 50% de aprobación (desde mayo del año pasado no sube del 35%). ¿Por qué? Creo que la respuesta no es una sola.

Parte de la ciudadanía se desencantó del presidente. Los ofertones no llegaron… publicidad engañosa. Y allí está la famosa “letra chica” de las leyes sociales del oficialismo. Parte de este efecto se debe a que los sistemas comunicacionales del gobierno dejan mucho que desear y, por otra parte, al constante vapuleo de la oposición a cada iniciativa gubernamental.

Por otra parte, se critica duramente el hecho de que el gobierno carece de manejo político. Esto que podría parecer sólo una crítica desde la oposición, tiene efectos reales cuando frente a los conflictos y movimientos sociales, el gobierno parece errático y, en vez de solucionar con convicción las problemáticas. Parte de la ciudadanía lo percibe así y aparecen algunos de los atributos que más se le critican al presidente: autoridad (43%), capacidad para resolver problemas (45%), liderazgo (40%). Lo anterior lleva a la pérdida de confianza (29%) y del respeto (34%).

Aquí, claramente, si un presidente no cumple lo prometido y no es claro en su gestión, no es creíble (30%), y, por añadidura, no es querido (31%).

Otra parte de la ciudadanía, la parte más conservadora que tradicionalmente ha votado por la derecha, siente que este gobierno no es un gobierno de derecha propiamente tal. El SERNAC financiero, la reforma tributaria, entre otros, son muestras de aquello. La UDI no deja de patalear por ello y con razón. Piñera no es creíble ni es querido.

El circo por el Caso Tsunami.

Es evidente que el oficialismo ha iniciado una campaña política para desprestigiar a la ex presidenta Bachelet y, por el lado de la oposición se efectúan acciones para defenderla, todo en el marco de, por el lado de los ataques, la gestión de la ex mandataria tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 (o 27 F, como lo ha bautizado la prensa siútica e imitadora), y, por el lado de la defensa corporativa, los resultados de las encuestas que dan una amplia ventaja a Bachelet por sobre cualquier nombre del oficialismo.

Lo más lamentable del caso es que los familiares de las víctimas jamás podrán conocer con la objetividad que hubiesen pretendido, qué fue lo que efectivamente ocurrió esa fatídica madrugada. El caso judicial hoy va por un camino (con altibajos) y el caso político (politiquero mas bien), va por la vereda de enfrente, y se enturbian, se entorpecen. Judicialmente lo que la fiscalía y demandantes quieren es precisamente conocer si los errores cometidos por los organismos que tienen a cargo la seguridad de la población en casos de emergencia (de catástrofe, más bien) tienen o no responsabilidad penal respecto de no haber emitido una alerta de tsunami, acción que, por omisión, habría sido responsable indirecta de 156 muertes y 25 desaparecidos. Políticamente, en cambio, se buscan responsabilidades administrativas y políticas por el actuar de las autoridades tras el sismo. Ambas temas son distintos. Se pueden tener responsabilidades políticas, incluso administrativas, sin que éstas sean constitutivas de delito alguno. Por tanto, quienes pretenden mezclar los ámbitos sólo buscan un objetivo politiquero, esto es, desprestigiar a las autoridades de la época. Es por ello que la hoy cuestionada (por parte de los querellantes y del oficialismo) fiscal Huerta tiene claro que la ex presidenta Bachelet no tiene responsabilidad penal, ni siquiera civil y, en consecuencia, judicialmente nunca será formalizada ni menos procesada por este caso.

A partir de un video ya difundido el año 2010 en la prensa, se pretende inculpar a la ex mandataria por ocultamiento de información, toda vez que, de acuerdo a lo que allí se observa, mientras Bachelet enfrentaba las cámaras de TV a las 6 de la mañana, se puede escuchar una conversación radial en la que se informa (se desconoce quien es el emisor) que ocurrió un tsunami en la isla Robinson Crusoe (archipiélago de Juan Fernández). Posteriormente la ex presidenta, aconsejada por su asesora, decide no entregar dicha información a la prensa. Es nuevamente interrogada por los medios que ya conocían por filtraciones que el hecho había ocurrido a las 4:25 de la madrugada y responde que no ha habido tsunami en las costas del sur y que las informaciones no oficiales hablan de olas mayores a lo normal producto del sismo. Por tanto, si bien se le aconseja ocultar información, finalmente la ex presidenta si se refirió a ella.

Ciertamente lo que ocurrió en esa situación es que la información oficial (la que se entrega por las ONEMI regionales y demás organismos de seguridad) era absolutamente escasa. Hasta la prensa carecía de información. Las comunicaciones estaban caídas y no había forma a esa hora de corroborar lo que estaba ocurriendo. La información de Juan Fernández había sido proporcionada por un concejal, ni la capitanía de puerto de la Armada en Juan Fernández ni Carabineros de la isla corroboraban dicha información. Por el contrario, se hablaba de variaciones centimétricas del nivel del mar. ¿Cómo entonces se podía decir que había ocurrido un maremoto? Luego se levantó una hipótesis extraña: las marejadas que se comenzaban a informar no eran tsunami... Tsunami son olas que entran cientos de metros tierra adentro como lo ocurrido en Indonesia. Finalmente si eran olas sísmicas. Lo que ocurre es que en Chile desde la costa a los cerros hay pocos metros y por ello el mar no entra kilómetros tierra adentro (por suerte) como en Japón o en Indonesia, con excepción de las desembocaduras de los ríos.

En este caso, como ya lo he comentado, lo que hubo fue una paupérrima plataforma de emergencia, con protocolos poco precisos que fue desbordada por un hecho de la naturaleza de gran magnitud a escala planetaria, no había comunicaciones, los técnicos ignoraron los acontecimientos y no se emitió una alerta temprana. Ya comenté que probablemente el que hubiese habido dicha alerta no hubiese evitado las muertes, al menos no todas, pero acá lo que se juzga es el no haber efectuado adecuadamente la labor preventiva. Si eso es así, no hay delito sino falta administrativa. Si se comprueba que el no haber dado la alerta fue condicionante indirecta de alguna muerte (como creo que lo fue justamente para el caso de Robinson Crusoe), pues algunos formalizados deberán ser condenados.

Luego están las que claramente son faltas administrativas. Lo que se le imputa a Rosendes y a Fernández es no haber dado la alerta, sin embargo, claramente con información técnica errada o, al menos imprecisa, no es posible que sean sancionados judicialmente. Además, si hubiesen dado la alerta cuando llegaron a la ONEMI (pasadas las 4:30 AM), la historia trágica de las víctimas no hubiese sido distinta. Finalmente, a Bachelet, que no tiene ninguna implicancia en la fallida alerta temprana, sólo queda imputarle pretextos políticos: falta de liderazgo, errores de decisión, u otros. Pero esos no son faltas administrativas ni menos penales. El resto que quieran atribuirle sólo será circo.

Creo que de lo único que es responsable es de no haber mejorado las condiciones técnicas de la ONEMI, las cuales por décadas han sido misérrimas. Pero allí habría que inculpar a todos los ex presidentes que no hicieron mejoras en dicha institución.

Pseudoperiodismo, pseudocensura y "pseudonanas"

Tras la decisión de Canal 13 de no transmitir la segunda parte del ‘reportaje’ sobre la discriminación a las empleadas domésticas, se ha abierto un doble debate respecto de la calidad periodística en la TV y sobre la ‘censura’, justo en la semana en que se celebraba el día de la libertad de prensa.

La acción que tomo Canal 13 se justificó en el hecho que el ‘reportaje’ no respetaba la línea editorial. Esto claramente no es así ya que la primera parte había sido transmitida y, por tanto, si había sido aprobado por la editorial de prensa. Empero tras la renuncia de la jefatura quedó claro que el ‘reportaje’ sí había transgredido las reglas de la dirección más que las del área editorial. A partir de la emisión de la primera parte y se da a conocer el trabajo periodístico, no solo el televidente observó la mala factoría del trabajo hecho con impericia y vulgaridad, sino que también las autoridades del canal se dan cuenta, probablemente a partir del revuelo generado y de las eventuales quejas de los aludidos, que, en efecto, el ‘reportaje’ era más bien la elaboración de una ficción informativa –un montaje, para decirlo en castellano–, donde una “dramatización” facilista en la que participan actrices, pretenden demostrar una tesis prediseñada: las “nanas” son objeto de discriminación en Chile. El hecho es probablemente cierto; el clasismo está instalado en nuestra sociedad. El punto es que a partir de cámaras ocultas y de un trabajo teatral más que informativo, se efectúa un montaje ajeno a la realidad: ¿se imaginan una empleada doméstica con un sueldo de unos $350.000 al mes, solicitando matrícula para una hija en un establecimiento donde la colegiatura duplica su salario? Para mayor dramatismo, y lejos de un hecho real, la actriz que representaba el papel de “nana” llevaba un atuendo ad-hoc, sólo para identificar su calidad de empleada doméstica. ¿De cuando un mecánico o un obrero o una parvularia llevan puesto su traje de trabajo para hacer trámites personales? En fin. Como ya había escrito, hoy el periodismo deja mucho que desear.

El periodismo televisivo está siendo sustituido por las artes de la representación y por el sociologismo al alero del rating y la gestión comercial. En necesario que la televisión proscriba de sus prácticas de cámaras ocultas y el melodrama. Distinto es una cámara escondida que en un espacio público recoge imágenes de situaciones reales, no montadas, que constituyan ilícitos o faltas de algún tipo.

 Finalmente, es preciso clarificar que en este caso no hubo censura. Claramente no fue un organismo externo al canal quien por algún medio impidió que se transmitiese la segunda parte del montaje… perdón, ´reportaje’. Aquí fue el propio canal quien, por las razones que ha aludido (el trabajo periodístico no cumplía con las reglas editoriales) quien libremente decidió no emitir una segunda parte. Se debe aclarar, además, que en esta segunda parte, se revisaría en cámara la respuesta de los supuestos discriminadores. Claramente el canal trató de evitar posibles querellas por difamación u otro delito.

El periodismo deja mucho que desear en Chile…

En los últimos diez o quince años el periodismo, al igual que muchas otras profesiones, ha decaído notablemente. El problema es que el periodismo es una de las profesiones con mayor connotación pública al exponerse en los medios de difusión masiva y ser objeto de opinión. Pero el hecho es que cada día los reportajes carecen de calidad, la información no es de primera fuente, mucha de ella está pauteada, las entrevistas están acordadas y las opiniones vertidas por muchos carecen de fundamento.

En Chile el periodismo es una carrera que es ofrecida por muchas universidades (tradicionales y privadas) y ha caído en descrédito desde que muchas figuras televisivas con notable carencia intelectual han obtenido sus títulos profesionales y ofician de periodistas de farándula u opinólogos en programas radiales de dudosa reputación. Cómo no extrañar programas como Informe Especial, Mundo 83 y otros similares que entregaban más que información, entregaban cultura; periodistas como Carmen Correa, Hernán Olguín, Bernardo de la Masa, por mencionar mezquinamente algunos. Hoy contamos con los dedos de una mano los periodistas destacados pero conocemos a más de una veintena de reporteros y dos docenas de opinólogos en diversos medios que no son capaces de contar una buena historia, de entrevistar a alguien con información actualizada y fiable que permita poner en jaque al entrevistado.

En Chile ningún periodista (habrá excepciones, claro está) es especialista en ningún tema.  En otros países el periodismo es casi un postgrado que economistas, cientistas políticos y otros profesionales realizan para incorporarse en los medios de comunicación.

Así hemos llegado a que los noticieros son un 25% noticias de reporteos de tragedias y notas policíacas: para reportear esto no hay que ser muy brillante, sino entrevistar a las policías que dan su informe característico “los sujetos contaban con arma blanca e intimidaron a los moradores de la vivienda, reduciéndolos y sustrayendo las especies que robaron” y a los damnificados  con preguntas tan obvias como estúpidas “y usted… ¿qué sintió al ver que su negocio era asaltado por tercera vez este año?”.

Otro 20% son noticias absolutamente pauteadas, principalmente las inauguraciones y actividades de Moneda, Ministerios, municipios y del Congreso. Tanto así, que el día anterior ya se conoce la pauta del día siguiente.

Luego tenemos un 40% de deportes (del cual el 95% es fútbol). Aquí no hay mucho que decir. Basta con editar los partidos y balbucear comentarios idiotas.

10% de las noticias son notas internacionales. Nada que aportar, salvo algún comentario “especializado”.

Finalmente, un 5% de las noticias son noticias de verdad, algún reportaje interesante pero normalmente poco logrado, empleando tácticas como cámaras ocultas y forzando situaciones que normalmente no ocurren en la realidad. Un ejemplo, el reportaje de las Nanas de Canal 13. ¿Alguien ha visto en la vida real una asesora doméstica yendo a preguntar a un colegio particular pagado con matrículas de más de 300 lucas si puede matricular a su hija?

Por suerte muchos de estos periodistas ofician de opinólogos de farándula. La verdad es que al menos ellos son auténticos y ofician donde efectivamente pueden ejercer su profesión.

Tsunami del 27-F, una dramática realidad. Supongamos que no hubiese sido así...

Para poner las cosas en su contexto, supongamos por un momento que la madrugada del 27 de febrero de 2010 los organismos que operan en casos de emergencia hubiesen operado correctamente. La historia hubiera sido distinta, pero no tanto como muchos creen.

Imaginemos que tras el terremoto el SHOA obtiene la información precisa sobre el epicentro y la magnitud del sismo e interpreta correctamente que se podría generar un tsunami, unos cinco a seis minutos más tarde. Luego, adecuadamente emite la alerta de tsunami y ésta llega a la ONEMI por los conductos oficiales y es bien interpretada por los funcionarios de ese organismo. Sigamos suponiendo que la ONEMI transmite unos ocho a diez minutos tras ocurrido el sismo la alerta a los organismos de la sociedad civil encargados de difundir la alerta directamente a la población (carabineros, bomberos, municipios, etc.). Supongamos aún, que estos organismos, inmediatamente salen a alertar a la población, en uno o dos minutos. Aún más, supongamos que los medios de comunicación transmiten en forma inmediata por radio y televisión la alerta.

En este hipotético escenario, los habitantes y visitantes de las localidades de la costa de la VII Región habrían tenido entre 3 y 10 minutos para evacuar hacia zonas seguras, mientras que aquellos de la VIII región hubiesen tenido hasta 20 minutos. Las primeras olas llegaron entre las 3:50 y las 4:10 de la madrugada a estos sectores, es decir, 14 a 34 minutos después del terremoto –que terminó a las 3:36 horas–.

¿Se hubieran salvado las 156 personas trágicamente fallecidas producto del tsunami y los 15 desaparecidos? Probablemente algunos de ellos sí. Otros no.

Las cifras son crudas y trágicas: En la V Región fallecieron 20 personas, 13 de ellos en Robinson Crusoe, más 3 desaparecidos; en la VI Región fueron 3 muertos y 2 desaparecidos; en la VII Región fueron 80 muertos y 6 desaparecidos; y en la VIII Región fueron 53 muertos y 4 desaparecidos.

65 de los fallecidos y 4 de los desaparecidos en la VII Región producto del maremoto estaban en la isla Orrego en Constitución, sin ninguna posibilidad de evacuar. Ellos con una alerta temprana, oportuna y efectiva, no se hubiesen salvado.

Los 17 fallecidos y dos desaparecidos entre Constitución y Cobquecura, que estaban en las localidades de Pellines, Pelluhue, Curanipe y Chevollén, nadie los hubiese alertado (no hay oficinas municipales, ni bomberos ni carabineros). Misma situación con los dos fallecidos en Lleulleu (VIII Región) y los tres fallecidos y dos desaparecidos en Llico (VI Región).

Quizás, si el corte energético no hubiera afectado a Talcahuano, Dichato, Cobquecura, Lebu y Tirúa, y la gente hubiese tenido radio a pilas y hubieran sido alertados por funcionarios municipales, marinos carabineros y bomberos, se hubiesen salvado unas 60 personas. Los únicos que se hubiesen salvado efectivamente hubiesen sido los de Juan Fernández, quienes ni siquiera sintieron el terremoto.

Demasiadas suposiciones y hechos que en la práctica no ocurrieron (sin cortes de energía ni de telecomunicaciones, con municipios activos y con planes locales de emergencia y alerta, con población con kits de emergencia listos para evacuar rápidamente sin perder tiempo en buscar cosas).

El hecho es que nada de eso ocurrió. Chile no estaba preparado. No sé si hoy lo está. Lo más probable es más que hace dos años. En Japón el 11 de marzo de 2011 fallecieron 12.150 personas sólo a causa del tsunami, en una sociedad con la tecnología más avanzada del mundo en estas materias. Ellos sí fueron alertados y el resultado fue mucho más dramático.

Si los técnicos hubiesen tenido información rápida de la magnitud y epicentro del sismo, si las comunicaciones hubiesen funcionado, la alerta hubiera sido efectiva; pero eso tampoco fue así.

Los únicos errores punibles fueron que nadie supo interpretar los acontecimientos y no se tomaron las decisiones a tiempo. En ello el SHOA es responsable y los técnicos de la ONEMI también. Luego, todos los hechos posteriores, aquellos acaecidos después de las 4:25 horas de esa madrugada, carecen de toda relevancia para imputar personas ya que a esa hora, la mayor parte del país ya había sido afectado por el tsunami. Si la alerta se hubiese dado a esa hora, nada hubiese sido distinto, incluso para los de Robinson Crusoe. Por tanto, las responsabilidades del Jefe de Alerta Temprana de la ONEMI, su directora y del subsecretario del Interior no son civiles ni penales. Cuando mucho, son faltas administrativas, relacionadas con la contratación de subalternos sin capacidades técnicas necesarias y con la mantención de instrumental técnico inadecuado. Respecto del Jefe de Sismología (que no era sismólogo) que afirmó a las 6:25 de la madrugada que no había ocurrido un tsunami, creo que no tiene ninguna responsabilidad.

Tsunami 27 F una cadena de errores: incompetencia y descoordinación.

Un verdadero festín político se ha está generando tras la evacuación de la investigación de la fiscal Huerta sobre la gestión estatal de emergencia desarrollada a causa del terremoto del 27 de febrero de 2010 y las formalizaciones de la ex Directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y del ex subsecretario del Interior, entre las mayores autoridades. Las formalizaciones apuntan también a funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y funcionarios de la ONEMI y un funcionario del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile (del cual hoy se sabe no tiene estudios de geociencias. En la arena política, algunos apuntan sus dardos a funcionarios de mayor jerarquía, incluyendo a la ex Presidenta Bachelet, al menos por sus eventuales responsabilidades políticas. ¿Cómo hacer un análisis serio y objetivo de un lamentable y doloroso evento cuando nadie es capaz de analizar los hechos  con imparcialidad política y ecuanimidad ética? 

Intentemos uno centrado en los acontecimientos publicados en la prensa, analiza la cadena de errores en su mérito, evaluando cada hecho y considerando, por sobre todo, el contexto en que éstos se dieron. Los análisis ex post son siempre insensatos: “Se hizo esto cuando se debió hacer esto otro, o no se hizo aquello cuando debió haberse hecho”. El análisis, más bien es cuál es la razón de haber hecho lo que no debió hacerse o por qué no se hizo lo que sí debió hacerse.

Una vez producido el sismo (a las 3:34 hrs.) durante los siguientes diez minutos, los funcionarios de turno de la ONEMI convocan al personal y comienzan a solicitar y recibir información desde las oficinas regionales. Dicha información se centra, lógicamente, en las intensidades del sismo, localización del epicentro y los daños potenciales y posibles víctimas. Quince minutos tras el terremoto, un eventual tsunami aún no es tema ya que hasta entonces no se tiene información precisa de la ubicación geográfica del hipocentro ni de la magnitud del sismo. Además, el último maremoto en Chile había ocurrido hace más de 20 años (la memoria es frágil). Sin embargo, el SHOA, a las 3:48 hrs. ya había recibido un fax del Pacific Tsunami Warming Center (PTWC) con información acerca de la generación potencial de tsunami en el Océano Pacífico Sudoriental. Sólo dos minutos más tarde comenzaban a llegar las primeras olas a las costas chilenas dejando víctimas y desaparecidos. A las 4:01 horas, conociendo magnitud y localización del epicentro del sismo, la ONEMI solicita radialmente al SHOA confirmación de alerta de tsunami, pero el SHOA descarta dicha alerta. Seis minutos más tarde, sin embargo, la ONEMI recibe el primer fax desde el SHOA con alerta de tsunami (poco más de media hora después del sismo). La ONEMI no emite la alerta.

La primera pregunta de fondo es: ¿era posible emitir una alerta temprana de tsunami? Probablemente sí. Una vez que era conocida la magnitud (8,8 Mw) y la localización del epicentro (63 km al suroeste de Cauquenes) era lógico suponer la generación de un maremoto (al menos así lo suponemos hoy). No se explica de otra forma la solicitud de la ONEMI al SHOA de información al respecto a las 4:01 hrs. De acuerdo al protocolo, el SHOA debe proporcionar dicha información para su difusión por la ONEMI. Ello se produjo a las 4:07 hrs., más de quince minutos después de la llegada de las primeras olas.

Ahora, ¿por qué el SHOA contradice su información sobre la generación de tsunami por distintos canales de comunicación? A las 3:51 hrs., la bitácora del SHOA indica que enviará boletín con alerta de tsunami a la ONEMI, incluyendo horas estimadas de arribo de las olas. Siete minutos más tarde envió un correo electrónico con dicha información, el cual no fue recibido en la ONEMI dada las condiciones de black-out energético y de comunicaciones. Tres minutos más tarde, radialmente el SHOA informa a la ONEMI que no existe alerta de tsunami, pero seis minutos después, el SHOA envía el primer fax con la alerta a la ONEMI. Aparentemente las contradicciones y demoras en la entrega de la información se produjeron dado que el jefe de guardia del SHOA siguió el protocolo mientras el jefe de oceanografía analizaba la información disponible y no estaba seguro si debía o no clasificar el evento como “generador de tsunami”. Se puede, incluso, presumir que esperaba confirmación visual, en una situación de black-out de comunicaciones, con capitanías de puerto, de acuerdo a la información grabada de radioaficionados y operarios regionales de ONEMI. Aparentemente la decisión fue la prudencia en vez de la alerta.

Luego, ¿por qué la ONEMI no emitió la alerta de tsunami cuando fue recibida a las 4:07 hrs.? El jefe de turno del Centro de Alerta Temprana admitió incomprensión de la significación del fax y desconocimiento del protocolo a seguir. En el intertanto esperó que llegara el jefe del Centro de Alerta Temprana u otra autoridad que le diera una orden o interpretara la información recibida. El único presente era el jefe de gabinete de la ONEMI quien no tenía conocimientos técnicos y sólo se limitó a informar al subsecretario del Interior que llegó a la ONEMI a las 4:12 horas. La única decisión ante la incompetencia fue solicitar mayores antecedentes al SHOA. La Armada informa radialmente que los instrumentos no muestran variaciones del nivel del mar y que se realizaría chequeo visual. Respuesta obvia si se consulta por la ocurrencia de un maremoto y no por la alerta en sí. La alerta estaba oficialmente enviada. La decisión fue la prudencia en vez de prevención, siguiendo el refrán: “ante la duda, abstente”. El problema es que no debió existir duda alguna en el único organismo técnico encargado de las emergencias de este tipo en el país.

Entre las 4:15 y las 4:30 horas se producen las segundas olas de tsunami en las costas chilenas cerca del epicentro, salidas de mar en la región de Valparaíso y el tsunami de Robinson Crusoe en Juan Fernández. Posteriormente llegan la directora de la ONEMI y el jefe del Centro de Alerta Temprana, quienes por quince minutos discuten acerca del alcance del fax recibido a las 4:07 hrs. desde el SHOA. A las 4:49 hrs. deciden confirmar la información y el SHOA informa que no se genera tsunami en Chile y levanta oficialmente la alerta, mientras se recibe un segundo fax del PTWC que se mantiene la alerta de tsunami en el Pacífico. Tras la negación de la información, el subsecretario del Interior y la directora de la ONEMI informan a los medios de comunicación que se descarta riesgo de maremoto en las costas chilenas. A las 4:56 hrs. El SHOA vuelve a descartar la alerta de tsunami.  Poco después llega la presidenta Bachelet a la ONEMI y se le entrega un informe con la situación del país incluyendo las contradicciones del SHOA respecto de la alerta de tsunami. A las 5:40 la presidenta habla con la prensa sin hacer referencia al tsunami, pero en radio Biobío una locutora se informa que al no haber riesgo de maremoto, la gente que se encontraba en partes altas puede regresar a sus casas. De aquí el mito que fue la propia presidenta la que habría incitado a regresar a las viviendas.

Ante los hechos, es claro que la falta de información, la incompetencia de los “técnicos” que se encontraban de turno y luego, la extrema prudencia de las autoridades fueron los tres elementos que impidieron emitir una alerta temprana. Ahora bien, aún cuando hubiese habido información y hubiesen estado los técnicos competentes, lo más probable es que la alerta igual se hubiese emitido con posterioridad a las primeras olas, esto es quince minutos después del sismo. La historia hubiese sido la misma desde el punto de vista del desastre. La única diferencia es que no habría esta caza de brujas politiquera. Tal vez los de Robinson Crusoe sí hubiesen estado preparados. Quizás. Sólo recordar que nadie se podía comunicar con nadie hasta avanzada la madrugada de ese fatídico 27 F.

Yo apuntaría los dardos a los supuestos técnicos del SHOA y de ONEMI (en ese orden) y luego a las autoridades, pero no por su impericia e incompetencia en el momento, sino por no haber estructurado un buen sistema de emergencia, en forma previa. Espero comentarios.